Violaciones como arma de guerra

Miembros del ejército de Birmania violan en forma sistemática a mujeres y niñas para someter a las minorías étnicas rebeldes, denuncian activistas.

El último conflicto entre el insurgente Ejército para la Independencia de Kachin (KIA), en el norte, y las fuerzas de seguridad de la dictadura birmana –que ahora dio paso a un gobierno nominalmente civil pero bajo supervisión militar– revela un propagado uso de las violaciones como arma de guerra.

La Asociación de Mujeres Kachin de Tailandia (KWAT) reportó que al menos 37 mujeres fueron violadas por soldados entre junio y julio, cuando comenzaron los últimos combates.

Organizaciones por los derechos de las mujeres que trabajan a lo largo de la frontera con Tailandia documentaron 81 casos de violaciones a mujeres y niñas, 36 de las cuales fueron asesinadas, en ocho meses de enfrentamientos entre el ejército birmano y fuerzas insurgentes de grupos étnicos.

Este lunes 12, el presidente Thein Sein ordenó suspender los ataques a los rebeldes en el norte, con el objetivo de buscar una solución política al conflicto.

Mientras, en la última década, la Liga de Mujeres de Birmania, que reúne a varios grupos no gubernamentales, documentó cientos de casos, mostrando que las violaciones no eran simples consecuencias del caos de la guerra, sino una estrategia deliberada de los militares.

«Al mirar a la naturaleza de las violaciones y el agravamiento de la situación durante el conflicto, podemos decir con confianza que los militares están precisamente usando la violación como un arma de guerra contra las mujeres», dijo a IPS la fundadora de KWAT, Shirley Seng.

«Nuestro objetivo es reunir información sobre violencia sexual para entender las causas y divulgarlo ante la comunidad internacional», explicó Seng, viuda del fundador de la Organización para la Independencia de Kachin, brazo político del KIA.

«Donde quiera que ocurran casos de violación, obtenemos información de nuestros afiliados, y también vamos y entrevistamos a las víctimas, y realizamos nuestras propias investigaciones de campo», señaló.

«¿Cómo saber si la violación está siendo usada como un arma? Porque eso mismo se lo dan a entender a los civiles los soldados que los están atacando», explicó.

Las víctimas de violación están en continuo riesgo, no solo de los perpetradores, que gozan de impunidad, sino también de sus propias comunidades, debido al estigma social que sufren, revelan informes locales.

Los conflictos en los estados birmanos de Shan (este) y Kachin (norte) entre las fuerzas armadas y grupos étnicos estallaron en marzo y junio, provocando el desplazamiento de más de 30.000 civiles.

Los soldados regularmente persiguen a los rohingyas, que no son reconocidos como ciudadanos por el gobierno birmano, aunque han vivido en el occidental estado de Arakan por generaciones, estableciendo vínculos sociales y haciéndose de propiedades.

Historias de desplazamiento, violencia y persecución involucrando a comunidades minoritarias como los karen, los shan y los kachin han sido comunes desde la formación de Birmania en 1948, cuando representantes étnicos comenzaron a exigir autonomía.

Cuando se formaron grupos armados en estas minorías, el gobierno respondió con dureza, militarizando sus tierras.

Las mujeres constituyen la población más vulnerable. La violencia sexual ha sido constante entre las comunidades étnicas que viven en las fronteras del país. Hay continuos informes de desplazamiento deliberado e intimidaciones.

Las mujeres son el principal objetivo de los militares, que buscan debilitar la fábrica social de los grupos étnicos.

«Yo tenía solo cuatro años. Mi madre me dijo que debíamos huir, pues de otra manera nos matarían», indicó Rahima, de 21 años, contando cuando abandonó su hogar en Arakan.

Durante su huída a la frontera con Tailandia, ella, su familia y otros buscaron refugio en estaciones de tren, donde sin embargo los militares hacían frecuentes redadas.

Rahima contó que los soldados se llevaban a las mujeres más «atractivas», que luego regresaban con obvias heridas físicas y mentales como consecuencia de violencia sexual y tortura.

La hermana de Rahima fue violada por soldados birmanos pero, por temor al estigma en su comunidad, nadie en la familia habla de lo ocurrido.

«Es muy vergonzoso en mi cultura hablar de una violación. En todo mi tiempo aquí, han sido llevadas decenas de mujeres. Ni una contó nada de lo que pasó», dijo Rahima

Es difícil verificar cuán explícitas son las «órdenes de violar» mujeres dadas a los soldados por sus oficiales, pero sí se puede constatar que los aumentos en la violencia sexual coinciden con renovadas situaciones de conflicto.

Seng cree que el uso de la violación no solo es estimulado, sino ordenado por los oficiales militares birmanos.

Con ella coincide Charm Tong, líder de la Red de Acción de Mujeres Shan y co-autora del informe «Licencia para violar» de 2002, que documentó 173 casos de violencia sexual en el estado de Shan afectando 625 niñas y mujeres.

Tong sigue viajando a Shan, donde ella y sus colegas documentaron casos de mujeres embarazadas violadas con sus hijas en sus hogares por parte de soldados que hacían redadas en aldeas.

La Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, reconoce la violación, la esclavitud sexual «o cualquier otra forma de violencia sexual de comparable gravedad» con los crímenes guerra cuando son cometidos de forma sistemática.

El objetivo de la Liga es movilizar apoyo para una investigación por parte de un organismo internacional, examinando tendencias, patrones y extensión de la violencia sexual perpetrada por soldados en Birmania.

Tomas Ojea Quintana, reportero especial de la Organización de las Naciones Unidas para Birmania, expresó preocupación por los «continuos abusos a los derechos humanos, como trabajos forzados confiscación de tierras y violaciones en comunidades étnicas minoritarias», y llamó a crear una comisión investigadora independiente cuando visitó este país en septiembre.

Tras la visita de Quintana, el gobierno birmano creó la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Myanmar (nombre oficial de este país reconocido por la dictadura), con el objetivo de «salvaguardar los derechos de sus ciudadanos», como informó el periódico estatal New Light of Myanmar.

Grupos de derechos humanos señalan que cualquier mecanismo para responsabilizar a los perpetradores debe ser seguido de un proceso de reparaciones, y todo eso solo puede lograrse cuando se ponga fin a la militarización de las comunidades. (ips)