Japón planea impulsar las exportaciones nucleares civiles mientras intenta aplacar a su población, indignada por las filtraciones radiactivas ocurridas en su central atómica de Daiichi, en Fukushima, dañadas por el terremoto y posterior tsunami del 11 de marzo de 2011.
«El motivo por el que Japón toma esta peligrosa medida es conseguir oportunidades de negocios e influencia diplomática en los países en desarrollo», explicó Yuki Tanabe, experto del Centro de Japón para un Ambiente y una Sociedad Sostenibles (Jacses, por sus siglas en inglés).
El Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes aprobó en diciembre proyectos para permitir la exportación de instalaciones nucleares a Vietnam y Jordania, como parte de la cooperación bilateral con esos países.
El primer ministro japonés, Yoshihiko Noda, justificó los acuerdos diciendo que estos países «necesitan desesperadamente la tecnología de alto nivel de Japón». Pero Noda también dijo que su nación debe ayudar a «potenciar la seguridad de las plantas nucleares en esos países».
Hay acuerdos pendientes con otros varios países, entre ellos India, Bangladesh y Turquía, que abarcan la construcción de centrales nucleares, su operación y manejo por parte de empresas japonesas.
Pero ambientalistas en Japón y en los países receptores han unido esfuerzos contra estos proyectos, en una campaña que ha cobrado impulso a consecuencia del accidente nuclear de Fukushima.
Aparte de los enormes riesgos para la salud que implica la contaminación radiactiva, los activistas señalan los exorbitantes costos de la energía nuclear, que en los últimos meses quedaron demasiado evidentes en Japón.
La contaminación radiactiva posterior al colapso de Fukushima obligó a huir a más de 150.000 personas radicadas en sus cercanías.
Además, decenas de miles de hectáreas de tierras agrícolas fueron declaradas peligrosas para la producción de alimentos. Análisis realizados este mes en el mar revelaron la contaminación de los recursos marinos, lo que hace que no sean aptos para su consumo.
La Empresa de Electricidad de Tokio, operadora de la planta de Fukushima, ahora debe pagar indemnizaciones por más de 60.000 millones de dólares, lo que la obligó a pedir financiamiento público.
Estos complejos temas quedaron de relieve en una conferencia antinuclear organizada los días 14 y 15 de este mes por organizaciones japonesas e internacionales en la oriental ciudad de Yokohama.
Participantes de Corea del Sur, Canadá y la Unión Europea, entre otros, presentaron casos que ilustraron una fuerte opinión interna contraria a la energía nuclear.
Praful Bidwai, activista indio por la energía segura y renovable, explicó a la audiencia la importancia de que las poblaciones que viven cerca de las plantas nucleares realicen protestas con regularidad.
Actualmente, las plantas nucleares satisfacen tres por ciento de las necesidades energéticas de India, pero hay planes para llevar esa proporción a 20 por ciento para 2020, a fin de apoyar el crecimiento económico y cumplir con la demanda.
Bidwai destacó que India no firmó el Tratado de No Proliferación Nuclear y tiene malos antecedentes en materia de seguridad atómica, tras haber sufrido varios accidentes, incendios, explosiones y derrames de agua radiactiva, que han expuesto a trabajadores y al público a la radiación.
En octubre de 2011, Noda y el ministro indio de Relaciones Exteriores, Somanahalli Krishna, acordaron reanudar las conversaciones sobre cómo crear las condiciones necesarias para una asociación entre ambos países para promover una energía atómica pacífica.
Funcionarios y empresarios que apoyan la tecnología nuclear señalaron que las exportaciones nucleares de Japón continuarán.
El debate antinuclear se extiende a varios países. En Corea del Sur, una encuesta realizada en octubre mostró que 68 por ciento de la población se opone a la construcción de nuevos reactores, exponiendo la falta de apoyo público a los seis nuevos sitios nucleares propuestos por el gobierno.
Corea del Sur firmó el año pasado un nuevo pacto de exportación nuclear con Emiratos Árabes Unidos y compite con Japón para conseguir pedidos en Finlandia.
Mongolia, un país rico en uranio, también se ha convertido en un punto focal del debate antinuclear, tras informes divulgados en mayo de 2011 en la prensa que señalaron que Japón y Estados Unidos planeaban construir allí una planta de eliminación de combustible nuclear usado.
Selnge Lkhagvajav, integrante del Partido Verde de Mongolia, dijo en la reunión de Yokohama que su país no tiene los expertos o la tecnología necesaria para aceptar energía o desechos nucleares. «Los países nucleares ven a Mongolia como un vertedero por sus leyes laxas. Lucharemos contra esas medidas», dijo a IPS.
Japón, que depende de la generación nuclear para satisfacer 30 por ciento de su demanda energética, viene prometiendo implementar medidas estrictas para aumentar la protección contra accidentes como el ocurrido en Fukushima. Pero Tanabe, de Jacses, dijo que esas medidas son inútiles.
Mientras, análisis realizados en instalaciones nucleares han reducido drásticamente la producción atómica de Japón, y los activistas ven en esto una oportunidad para que el país busque fuentes energéticas más seguras. (ips)
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