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El sector público de la Generalitat está en el punto de mira por los incumplimientos, reiteradamente denunciados por la Sindicatura de Comptes, de los principios que rigen la contratación en las administraciones. No es una isla. Un informe del órgano fiscalizador remitido a las Corts sobre las instrucciones de contratación de las sociedades mercantiles y fundaciones dependientes de los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes y de las diputaciones revela que todas las entidades revisadas por el Síndic incumplieron en las citadas normas, en uno o varios aspectos, los principios básicos de la Ley de Contratos del Sector Público. El incumplimiento en las instrucciones implica que las firmas y fundaciones locales vulneran la normativa en sus procesos de contratación, aunque el Síndic no ha fiscalizado estos, sino sólo las normas.

Los principios cuyo cumplimiento no garantizan, según los casos, las instrucciones de contratación son los de publicidad y concurrencia, igualdad y no discriminación, transparencia, confidencialidad, adjudicación a la oferta económicamente más ventajosa y justificación de la necesidad del contrato. La revisión afecta a las sociedades mercantiles y fundaciones donde las entidades locales controlan al menos el 50% del capital social o patrimonio fundacional. Quedan fuera los organismos autónomos y consorcios, considerados Administración, a los que se aplica directamente la Ley de Contratos del Sector Público, y las empresas y fundaciones donde la participación pública está por debajo del 50 %. Las firmas objeto de la auditoría está obligadas a aprobar unas instrucciones de contratación que garanticen la aplicación de los principios fijados en la Ley de Contratos para todo el sector público de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación y que el contrato sea adjudicado a quien presente la oferta económicamente más ventajosa. Además, exige que las normas estén a disposición de todos los interesados y que se publiquen en el perfil de contratante de la entidad.

En total, las empresas y fundaciones afectadas por la auditoría son 48, pertenecientes a las tres diputaciones y los ayuntamientos de Valencia, Gandia, Torrent, Sagunt, Paterna, Castelló, Vila-real, Alicante, Elx, Torrevieja, Orihuela, Benidorm, Alcoi, Elda y Sant Vicent del Raspeig. En 26 casos el Síndic admite que no sabe si todas están obligadas a dictar estas normas (la información que ofrecen en su web o en la de las entidades locales no permite saber la participación pública) y añade que, si lo están, no han sido aprobadas o no han sido publicadas en el perfil del contratante.