Las ONG alertan del riesgo de que en España la crisis económica provoque un aumento de las exportaciones de armas a destinos que puedan violar el artículo 8 de la Ley de venta de armas, según denuncian hoy en su campaña «Armas bajo control».
Amnistía Internacional, Fundació per la Pau, Greenpeace e Intermón Oxfam han analizado las exportaciones realizadas por España de material de defensa y doble uso en el primer semestre de 2010, según los datos estadísticos de la Agencia Tributaria y consideran que la situación es «preocupante».
La Ley española 53/2007 sobre comercio de armas establece limitaciones para exportar a países y territorios donde las armas puedan ser usadas para violar los derechos humanos, o ser empleadas en acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad, exacerbar tensiones o conflictos.
Estima el análisis de las ONG, que han contado con la asistencia técnica del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH), que la situación de crisis de la economía española está generando una clara tensión entre los intereses de la industria española de defensa y la Ley sobre el comercio de armas.
España exportó armas por importe de más de 900 millones de euros en el primer semestre de 2010, más del doble que en el mismo periodo en 2009, mientras el 42,3% corresponde a ventas a países de la UE y de la OTAN, el 57,7% restante se reparte entre 60 países, entre ellos Arabia Saudí, Colombia, Israel, Ghana, Pakistán o Marruecos, considerados destinos «preocupantes» por las ONG.
Arabia Saudí recibió en el primer semestre de 2010 productos de defensa españoles por valor de más de 453.000 euros, especialmente en munición y paracaídas, y está en marcha una operación para venderle carros de combate Leopard, que podría suponer la entrega de 200 carros (50 en 2011), en lo que sería la mayor operación de venta de armas de la historia española, por valor de 3.000 millones de euros.
Las ONG han expresado su preocupación por esta posible operación en un país como Arabia Saudí con graves violaciones de los derechos humanos, y exigen que se condicione al establecimiento de fuertes salvaguardas, para evitar su uso contra los derechos humanos o el Derecho Internacional Humanitario (DIH).
También se ha vendido material a Colombia por más de 285.000 euros, pese a su grave conflicto armado interno en el que todas las partes implicadas han cometido violaciones de los derechos humanos y del DIH.
Israel ha recibido material de defensa por 3,2 millones de euros; Marruecos por 4,1 millones de euros, Pakistán más de 215.000 euros, Tailandia casi 115.000 y Turquía 38,9 millones (la mayor parte para un avión).
Según el análisis de las ONG por un lado la austeridad presupuestaria por la crisis económica se traduce en una menor capacidad del Ministerio de Defensa para adquirir armamento y absorber una parte de la producción del sector, que con el apoyo del Gobierno busca incrementar sus exportaciones, y esto aumenta el riesgo de armas y material de doble uso terminen llegando a destinos preocupantes.
Por otra parte, ante el interés en consolidar este sector empresarial que agrupa a unas 850 empresas, con una facturación anual que supera los 3.600 millones de euros y que genera 18.000 empleos directos, el Gobierno y las empresas están apostando por el incremento de las exportaciones.
Las ONG denuncian que tres años después de la aprobación de la Ley continua la venta de armas a destinos «preocupantes» y reclaman que se facilite información sobre las exportaciones con antelación suficiente para poder mejorar el control parlamentario, y se refuerce el control de las exportaciones a destinos preocupantes, así como que se aplique la dimensión preventiva de la Ley y se mejoren los mecanismos para el seguimiento del material en el país de destino.
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