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Una reforma laboral en serio

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JUAN ANTONIO SAGARDOY BENGOECHEA,

La economía pone los bocadillos y el Derecho del trabajo organiza el picnic. Esta ingeniosa frase del Profesor Romagnoli nos da la pista de una premisa clave de la recuperación del empleo. Si no logramos una mejora de la economía el paro seguirá creciendo. Por eso es muy cierto que la principal reforma pendiente es la económica, en su más amplio sentido; pero es una falacia, basándose en tal realidad, negar la necesidad de una reforma laboral, porque lo laboral -se dice- no ha sido el culpable de la crisis. Hay que ponerse en la tarea en los dos ámbitos. Y es que, como ya he dicho en otras ocasiones, en el barco del empleo la economía es el agua y la normativa laboral las velas. Si no hay agua -es decir si no hay actividad económica sostenida- el barco queda varado. No se mueve. Y si hay movimiento en la actividad empresarial pero las normas laborales son rígidas y poco adecuadas o ajustadas a las diversas visicitudes de la empresa, entonces las velas tienen tal lastre que la navegación se hace muy dificultosa. Por ello hay que avanzar en la mejora de ambos campos: el económico y el social.

Buena prueba de ello es que las políticas puestas en marcha por la Unión Europea, para hacer frente a la crisis de empleo, según un estudio del CES, muestra la prioridad otorgada por los Gobiernos a la reactivación económica mediante estímulos a la demanda de trabajo, vía ayudas, garantías públicas o reducciones fiscales. Asimismo, un segundo bloque de medidas de estímulo corresponde a las inversiones en infraestructuras. Pero a la vez, esas políticas se han orientado a la mejora de los servicios públicos de empleo, medidas de flexibilidad y protección a los parados. Y en el mismo sentido se pronuncia el Pacto Mundial para el Empleo adoptado por la OIT el 19 de junio de 2009. De los 9 puntos que dicho Pacto enuncia para la recuperación del empleo, yo destacaría el tercero, según el cual es fundamental «invertir en el desarrollo de las competencias laborales, el perfeccionamiento y readaptación profesionales, para mejora a la empleabilidad de los trabajadores». Es la clave y casi el telón de fondo de la necesaria transformación de nuestro mercado de trabajo. La ley laboral tradicional en nuestros pagos, se ha basado en la protección rígida del puesto de trabajo, de las funciones desempeñadas por el trabajador y de las retribuciones percibidas. Y todo ello en el contexto de un contrato indefinido. Y tal modelo ha llevado en muchas ocasiones, a modo de boomerang, a la pérdida de muchos puestos de trabajo. Es mucho más social proteger al trabajador a base de formarle y hacerle empleable e incluso polivalente, pues aunque no tenga seguro un puesto concreto, tiene seguro el trabajar de modo decente para ganarse la vida y la dignidad. Se trata de ponerse lentes de larga distancia y no de vista cansada.

Hace años nuestro querido y lúcido colega Gino Giugni, que fue profesor eminente y ministro de Trabajo en Italia, decía que hay que huir de una concepción extremista de la flexibilidad: la flexibilidad como reconquista del poder empresarial y la flexibilidad como derrota de los trabajadores. Y decía con mucho sentido que a su juicio la flexibilidad era «la capacidad de adaptación de las normas de derecho laboral a los grandes cambios que se han producido en el mercado de trabajo». En definitiva, creo (decía ese Profesor de centro-izquierda), que los términos del problema están en que hace diez años (30 ahora) trabajar significaba ser parte de un contrato de trabajo indefinido y posiblemente jubilarse en ese puesto, mientras que hoy el mercado presenta características muy distintas. Pero el drama está en que la normativa laboral está estructurada en la otra hipótesis y de ahí el motivo de la crisis del empleo.

Las transformaciones estructurales económicas y sociales conducen a una fuerte demanda de flexibilidad. En definitiva se trata de modernidad, no de liberalización incontrolada. Y si no vamos por ese camino nos quedaremos con magníficos mausoleos (normas muy «sociales») pero llenos de cadáveres del empleo. Creo que es muy brillante el juicio del Profesor Rodiere cuando se pregunta «¿Qué se entiende por norma más favorable? Y contesta, que hasta hace poco la cuestión carecía de sentido; todos sabían perfectamente lo que la expresión quería decir. Es beneficioso para el trabajador trabajar 36 horas en vez de 39, 35 días de vacaciones retribuidas en vez de 30, etc. Pero en la actualidad comienza a hacerse un razonamiento distinto. ¿Resulta realmente beneficioso para el trabajador trabajar 36 horas en vez de 39, y tener 35 días de vacaciones retribuidas, si las restricciones que esas normas entrañan y que recaen sobre la empresa, traen consigo el riesgo de originar graves dificultades a ésta y hacer perder su empleo a los trabajadores?»

¿Eso significa que «todo vale» cara al empleo? Evidentemente que no. Hay unas líneas rojas por parte de los trabajadores, de sus conquistas sociales, que no pueden traspasarse so pena de arruinar el edifico social en el que está asentada nuestra convivencia en toda la Unión Europea. Tales líneas, en síntesis, con el respeto a sus derechos fundamentales, la asistencia sanitaria, las pensiones, el salario mínimo, la jornada máxima, la tutela judicial, la intervención de la Administración en los temas de salud laboral y respecto a la legalidad y desde luego, la sindicación, huelga y negociación colectiva. Tales líneas rojas son infranqueables en su contenido esencial; pero es un desatino mantener la tesis de que son «intocables». Todos los derechos tienen límites y todos, también, admiten canjes. Ahí tenemos el tema de las pensiones, que precisamente por salvarlas precisan de ciertas cirugías. Nos guste o no.

Y endo al ámbito general de los derechos laborales se trata de modificaciones necesarias para salvar el empleo y el buen empleo. Es lo que llama el Prof. Rodiére, el método regresivo-progresivo. Retroceder para avanzar. Y lo mismo puede decirse de los empresarios: su línea roja es la obtención de beneficios. Si se monta un sistema por el que se convierte a la empresa en una ONG se le lanza un torpedo en su línea de flotación y ese torpedo va igualmente contra el empleo. Pero ese beneficio consustancial a la empresa también puede y debe modularse, controlarse, por la razonabilidad social de la empresa. Limitar, modificar, canjear son los verbos que deben estar en la mesa del Diálogo Social. ¿Y cuál puede ser el núcleo vertebrador de nuestra necesaria Reforma Laboral? Yo creo que la conciliación de la eficiencia económica con la protección social, lo que se ha denominado flexiguridad. No deja de ser preocupante que en los modelos sociales europeos, el meridional (el nuestro) tiene eficiencia económica baja y baja protección social. Lo contrario de los países nórdicos. Creo que la mejor definición de flexiguridad puede centrarse en cuatro puntos: a) Poder contratar y despedir con facilidad. b) Tener flexibilidad interna en funciones y salarios que adapte la normativa a los cambios duraderos. c) Mucha formación profesional que dote al trabajador de empleabilidad y d) Protección social activa (económica e incentivadora) en caso de paro. Con ello es posible que se logre más y mejor empleo, aún a costa de pérdida de ciertas «conquistas».

Ya para finalizar, creo conveniente decir algo sobre los últimos acontecimientos en el tema que nos ocupa. La decisión tomada por el Consejo de Ministros no es una reforma ni en la forma ni en el fondo. Es una recomendación que tiene interés por su contenido, pero poco más. Es de esperar que Empresarios y Sindicatos lo tengan en cuenta, pero que no se engañen. La tarea es mucho más titánica, y sin duda dolorosa. Hay que entrar a fondo en el tema, sin perjuicio de presionar al Gobierno -ahí sí que hay campo- para que mejore el escenario económico, sobre todo cara a las PYMES. No tengo mucha esperanza de que se entre a fondo, porque en este asunto es muy difícil practicar la autocirugía; pero si al enfermo (el empleo) le damos un complejo vitamínico como único remedio, y nos quedamos tan contentos, nos estamos engañando y poniendo las bases para un descalabro mayor. Y ahí el Gobierno -si no hay un Acuerdo acorde con los intereses generales- no puede hacer de Don Tancredo.

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