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Con derecho, pero sin techo

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pero"Para acceder a una vivienda, los planes de los gobiernos centroamericanos nos exigen una serie de requisitos difíciles de cumplir, y la gente no tiene el dinero para pagar el aporte que nos solicitan", asegura Roly Escobar, activista del no gubernamental Movimiento Guatemalteco de Pobladores.

Casi la mitad de los 43 millones que habitan Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Guatemala viven en la pobreza y, por tanto, tienen serias dificultades para acceder a una vivienda digna porque este derecho ha quedado a merced del mercado, advierten expertos.

Esta situación obliga a muchos a vivir en asentamientos irregulares, hacinados y en condiciones infrahumanas o en lugares de alto riesgo como laderas de montañas o costas de ríos que se desbordan.

Esta región, junto con República Dominicana, posee 11,3 millones de hogares y un déficit habitacional de 43 por ciento, sumando a quienes cuya vivienda no reúne las condiciones básicas y a los que directamente no la tienen, según datos de 2008 del Consejo Centroamericano de Vivienda y Asentamientos Humanos.

Mientras, cada año en promedio se forman en esta zona del mundo casi 300.000 hogares, los cuales demandarán un lugar para vivir, de acuerdo con este consejo de vivienda regional, adscrito al Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).

"Los pobres (en Guatemala) que buscan una vivienda no tienen acceso al crédito porque carecen de garantías, sin contar la cantidad de trámites burocráticos por cumplir y el pago de 6.666 quetzales (unos 865 dólares) que deben hacer al gobierno, como contraparte para adquirir una casa, que muchas veces no lo tienen", dijo Escobar a IPS.

Precisamente esta semana, este activista y decenas de manifestantes interrumpieron varias avenidas de la capital guatemalteca con el propósito de presionar al parlamento para que apruebe una ley de Vivienda que facilite el acceso a "este derecho social".

La iniciativa, en fase final de aprobación, contempla la creación de un consejo multisectorial que se encargará de proponer políticas y estrategias de proyectos habitacionales, un fondo y otras medidas para facilitar el acceso a una vivienda "digna, adecuada y saludable".

"Lo que queremos es que se atienda a 800.000 familias que viven en los asentamientos precarios, facilitar el financiamiento y buscar la certeza jurídica de las propiedades", explicó Escobar.

El derecho a una vivienda adecuada está consagrado en muchos instrumentos internacionales, entre ellos, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas.

Pero la política de vivienda no ha sido precisamente un asunto de interés social de los países centroamericanos.

"Han prevalecido los intereses empresariales y el Estado no ha cumplido su responsabilidad social en el asunto", afirmó el director del Centro de Estudios Urbanos y Regionales de la estatal Universidad de San Carlos, Eduardo Velásquez.

"La regulación hasta ahora ha estado templada para entregarle totalmente al sector privado la construcción de viviendas, mientras que el nuevo proyecto de ley busca rescatar el papel que le corresponde al Estado en este asunto", explicó a IPS.

Según Velásquez, a los diputados no les interesa la realidad de la población mayoritaria de Guatemala y por eso han bloqueado la iniciativa. "Si a usted lo financia un grupo económico para mantener el status quo en términos de vivienda, no podrá votar contra eso", señaló.

En Guatemala, donde la mitad de sus habitantes viven en condiciones de pobreza y 17 por ciento en la indigencia, habrá un déficit habitacional de 1,6 millones de viviendas cuando termine 2011, según la Cámara de la Construcción.

En los vecinos países de Honduras y El Salvador, el panorama es similar.

"El incumplimiento de los derechos constitucionales en cuanto a la propiedad y a una vivienda digna no se debe solo a la falta de acciones para garantizar su accesibilidad, sino lo que es peor, a los obstáculos para evitar que los pobres accedan a ella", dijo a IPS Ismael Castro, de la no gubernamental Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda.

La "ausente o exigua" asignación presupuestaria, "la falta de acceso al suelo" y "la exclusión de las familias de más bajos ingresos para acceder al financiamiento y subsidio estatal" son algunas de las dificultades mayores, precisó.

Castro también criticó el hecho de que las actuales políticas en vigor "mercantilizan el derecho humano a la vivienda, al orientarse al explícito objetivo de ser eficiente el mercado", con lo cual "se restringe este derecho".

En El Salvador, con 6,1 millones de habitantes, el déficit habitacional supera las 550.000 viviendas, según organizaciones sociales.

Pero el gasto público destinado a este rubro correspondía a 0,12 por ciento del producto interno bruto (PIB), el nivel más bajo de la región, seguido por el de Nicaragua, con 0,14 por ciento en 2008, según datos del Consejo Centroamericano de Vivienda y Asentamientos Humanos.

Para mejorar la situación, esta fundación salvadoreña promociona una propuesta de ley de vivienda de interés social, que estudia el Poder Legislativo de ese país desde noviembre de 2010.

En tanto en Honduras, el desarrollo habitacional "tuvo alguna prioridad" desde la segunda mitad del siglo XX, explicó a IPS el activista Luis Enrique Trundle.

Sin embargo, en los años 90, "por influencia de organismos financieros como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), se reduce el tamaño del Estado", con lo cual la construcción de vivienda "se dejó en manos del mercado y de la empresa privada", sostuvo Trundle, del no gubernamental Instituto para la Cooperación y Autodesarrollo de Honduras.

"Desde entonces no tiene prioridad el desarrollo habitacional en la planificación estatal ya que, en el mejor de los casos, cada gobierno le imprime su impronta política partidaria al tema de la vivienda y crea su propio programa", matizó Trundle.

En su lugar, el Estado debería promover asuntos como la vivienda autogestionaria, una modalidad donde la población construye sus propias viviendas de calidad, desarrolla solidaridad y comparte responsabilidades, según el experto.

En el resto de la región, ningún país puede jactarse de poseer una situación halagadora en materia de vivienda. (ips)

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