Imprimir

El Obispado alerta del retorno de los 'pisos patera' por culpa de los embargos

on . . Visitas: 942


Fernando y María Teresa tiene 58 y 55 años, respectivamente. Hasta agosto del pasado año trabajaban en la hostelería en un pueblo de la costa alicantina. Pero ahora, en el paro, no pueden ni siquiera cobrar el subsidio por desempleo porque no han cotizado. Con tres hijos, viven de alquiler, no logran un empleo y sobreviven gracias a las ayudas.

Este es uno de los testimonios que ha recogido la delegación de Acción Social y Caritativa de la Diócesis de Orihuela-Alicante en un informe que pretende dar voz a las víctimas de la crisis, y que pone el foco de atención en aquellos que peor lo están pasando. Uno de ellos son los inmigrantes.

Se trata de un colectivo por el que la institución muestra su preocupación, ya que consideran que de continuar la recesión económica, pueden acabar convirtiéndose en «chivos expiatorios», y la sociedad les haga responsables de «de todos los males». Además de que «crecerá la percepción del inmigrante como un duro competidor a la hora de acceder a un puesto de trabajo o a una ayuda social».

Según Lucio Arnáiz, delegado diocesano de Acción Social y Caritativa, el paro, los embargos -un centenar de familias de L'Alacantí pierde su casa cada mes- y las dificultades para pagar un alquiler están provocando situaciones «muy dramáticas» y obligando a familias a volver a la práctica de compartir pisos, «viviendo hacinados», con «sobreexplotación de alquileres y realquileres».

Una situación -la de los conocidos como 'pisos pateras'- que ya han detectado y que se registró hace años, sobre todo, con el 'boom' de la inmigración.

«El riesgo es que acabemos acostumbrándonos a estas situaciones», advierte Arnáiz, quien añade que la principal demanda que llega a las parroquias y a las delegaciones de Cáritas es la laboral. «Nos dicen que no vienen a pedir ayuda, que lo que buscan es trabajo porque quieren sentirse útiles». Más de 200.000 trabajadores están sin empleo en la provincia. Algunos llevan sólo tres meses, pero otros diez meses e incluso más de un año. Las prestaciones sociales se han acabado y están formando todos ellos la bolsa de los «nuevos pobres»: familias de clase media -y algunas de ellas españolas- que se han quedado sin recursos y que superando la vergüenza no les queda otra que llamar a las puertas de las ONG para pedir alimentos. «Es muy duro encontrarte sin trabajo, sin casa... Esto provoca una importe pérdida de la autoestima y de la inseguridad», recoge el informe, que también añade que se está detectando un aumento de personas afectadas por trastornos psicológicos.

Reconocer un fracaso

'¿Dónde está tu hermano? Relectura de la crisis en la provincia de Alicante desde las víctimas' es el título que recibe el estudio, y donde se deja claro que la posibilidad del retorno voluntario a través del plan del Gobierno central es prácticamente anecdótico porque, además, «vendría a suponer un reconocimiento del fracaso de su proyecto migratorio y una vuelta a situaciones de pobreza y ausencia de perspectivas ya conocidas».

La saturación de los servicios sociales municipales, las dificultades para conseguir o renovar las tarjetas sanitarias por parte de los extranjeros, los insuficientes recursos para atender el aumento de los trastornos mentales y las dificultades que están soportando las organizaciones humanitarias para sostener servicios que no presta la Seguridad Social son otras de las consecuencias. De ahí que los redactores del informe insisten en que «frente a la crisis» todo el mundo tiene «algo que hacer» y la atención a los pobres debe ser una de las principales prioridades de las administraciones.

 

Utilizamos cookies para mejorar nuestro sitio web y para ofrecerle contenidos más interesantes. Para obtener más información sobre las cookies y cómo eliminarlas, consulte nuestra Política de Privacidad.

Sí, acepto cookies de esta web