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La sanidad española, en su peor momento

Escrito por diagramgen on . . Visitas: 286

elcomercio

El madrileño Mariano Segura ha visto cómo el costo de la receta para equilibrar sus niveles11-08-2012ja1 de azúcar se ha duplicado. Unas pastillas por las que pagaba cuatro euros, hoy le cuestan ocho. Está de acuerdo en apretar el cinturón en momento de crisis, pero no tanto. "Es justo que quien gana más tenga que pagar más, pero no el 100% adicional", se lamenta este prejubilado de 57 años. Por ello espera que la anunciada devolución de los cobros anticipados que superen los montos correspondientes se cumpla. Desde el pasado primero de agosto el copago en el sistema de sanidad española experimenta un cambio importante. Por primera vez los pensionistas tendrán que pagar un porcentaje de sus medicinas -antes el Estado las cubría en su totalidad-, mientras que los trabajadores activos deberán hacer frente de acuerdo a sus ingresos.

Antes estos receptores respondían por el 40% del valor de la receta. Actualmente, los salarios menores a 18 000 euros anuales pagarán el 40%, entre 18 000 y 100 000 euros se harán cargo del 50% y quienes ganen más desembolsarán un 60%. El anterior modelo establecía pagos de acuerdo a la edad, por ejemplo una persona joven independientemente de sus ingresos cubría el 40% del costo y un jubilado aunque triplicara la renta de esa persona no pagaba nada. La Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (Semfyc) ve con buenos ojos esta medida. "Antes sólo un 5% de la población activa, sobre todo los enfermos crónicos, mantenían los ingresos provenientes de las farmacias, había que redistribuir el gasto entre la población, incluido los pensionistas", sostiene su secretario Salvador Tranche. Sin embargo, cuestiona que se la haya aplicado "con prisas, sin informar a la población y con unos tramos que no se ajustan a la realidad". Se refiere a que el sistema informático que guía los cobros incluye las declaraciones de la renta de 2010, "en dos años una persona pudo perder su empleo, agotado su prestación e incluso los subsidios y ahora tendrá que pagar por los medicamentos", cuestiona Tranche. El copago sanitario ha tomado por sorpresa a la población española. La estrategia comunicativa del gobierno ha vuelto a fallar, existe una total desinformación sobre los rubros. "No tengo idea cuánto tendré que pagar", dice el vallisolitano Oscar Fernández, al salir de su dispensario sanitario, en el centro de Madrid. Es su primera visita al médico desde la entrada en vigor de la ley. Al percibir unos 1 500 euros mensuales como guardia de seguridad (unos 28 000 euros al año), su factura farmacéutica se elevará un 10%. Está de acuerdo en pagar más, aunque le parece injusto que los desempleados deban hacerlo. "Ellos directamente tienen que estar exentos, los que tenemos trabajo que paguemos", subraya. Según el decreto, los parados también tendrán que abonar una parte de las medicinas, no así los desempleados de larga duración (aquellos que han agotado su prestación o que reciben la ayuda de 426 euros al mes). El Estado, además, ha dejado de financiar 426 medicamentos por tratar "dolencias leves" o ser "obsoletos". Sin embargo, la Semfyc, asegura que muchos tienen evidencia científica y son muy económicos. Al retirarlos teme que sean sustituidos por unos más caros y que los primeros al no estar controlados por el sistema público, liberalicen sus precios. "Se dejan de financiar todos los antidiarreicos, las pomadas antiinflamatorias, las gotas para las lágrimas... Ahora los médicos tenemos que recetar fármacos orales que pueden tratarse con una crema", explica Tranche. Recortes dramáticos Esta serie de medidas se unen a otros tantos recortes en el sistema sanitario del país, que llegan a los 7 000 millones de euros. Se cierran hospitales, dispositivos de urgencias, centros de especialidades y quirófanos, se detienen las contrataciones y se despide personal. Las citas con los especialistas son cada vez más espaciadas - a las mujeres menores de 40 años se les permite una revisión ginecológica cada tres años- y las listas de espera para cirugías superan los cuatro meses. En 2011 el caso de María del Carmen Mesa causó conmoción a nivel nacional. La mujer falleció por un derrame cerebral después de pasar por cuatro hospitales, en los cuales los quirófanos "estaban cerrados". Los familiares responsabilizan al sistema sanitario de Cataluña, donde se han aplicado los recortes más agresivos de toda España. Los recortes también buscan un chivo expiatorio. Desde el 1 de septiembre los extranjeros en situación irregular no tendrán atención médica, excepto las embarazadas y casos de urgencias. Quien quiera acceder a ella deberá pagar unos 710 euros mensuales si tiene menos de 65 años y 1 864,80 anuales si supera esa edad. Para la Semfyc la propuesta no es solo "una barbaridad" sino bastante "irreal". "Si lo que se quiere es hacer florecer la economía sumergida, que busquen al que tiene el dinero para pagarla. Los inmigrantes irregulares no lo tienen", dice Tranche. Para él, lo que se logrará es excluir aún más a un colectivo vulnerable que ya esta en situación de exclusión económica y social. "Se les está condenando a la imposibilidad de acudir al sistema sanitario, porque no pueden pagarlo", subraya. Eso es lo que siente el guarandeño Patricio Inca, de 37 años. Un error administrativo hizo que perdiera su documentación española, pese a que la tuvo en regla poco después de arribar a España en 2002. Hasta 2010 aportó a la seguridad social y pagó impuestos, pero desde el próximo mes no tendrá derecho a que le vea un médico. Aunque, no ha tenido que esperar hasta esa fecha para sentir los recortes sanitarios. Hace un mes le dieron cita para operarle el ojo izquierdo de una protuberancia que le produce mucho dolor. El día de la intervención, el médico le mandó a casa con unas gotas y le dijo que esperara "a que se agrave un poco más para operar". Patricio ya no puede esperar, en menos de un mes su tarjeta sanitaria no tendrá efecto. Lo cierto es que uno de los sistemas sanitarios más eficientes y equitativos del mundo se desmorona. No hace mucho España fue ejemplo de salud universal, cuyo modelo garantizaba la cobertura total de los menos favorecidos. La tarjeta para personas sin suficientes recursos económicos era una de las alternativas. Pero esos eran otros tiempos. La Asociación Rumiñahui califica la medida de "excesiva" y que se ceba con las personas "más vulnerables". "No tienen papeles ni trabajo, los que lo tienen es precario y sin ingresos fijos, es imposible que puedan pagar un seguro médico de 60 euros mensuales", dice su presidente Vladimir Paspuel. Cree que el gobierno español debió consultar con los actores sociales antes de decidir una salida tan drástica "también este es nuestro país y queremos aportar". Más datos La ONG Facua (Consumidores en Acción) calificó de "xenófoba y discriminatoria" la propuesta del gobierno de cobrar a los inmigrantes irregulares por la atención sanitaria. Su portavoz Rubén Sánchez dijo a Europa Press que se obliga a tratar a este colectivo de una forma "diferente" al resto de los ciudadanos y que se trata de una "cruel persecución" para obligarles a irse a su país. La Asociación Rumiñahui pide al gobierno ecuatoriano que "negocie" con su par ibérico una solución "para que todos los ciudadanos ecuatorianos tengan garantizada la cobertura sanitaria completa; es su obligación", dice su presidente Vladimir Paspuel. Para la Semfyc la respuesta no es atender a los extranjeros irregulares en urgencias. "Es más cara que una atención ordinaria, sobre todo para aquellos con enfermedades crónicas", dice su secretario Salvador Tranche. Pide que se les incluya en la atención primaria. "Le solicitamos al gobierno que reflexione, aún tenemos tiempo hasta el 31 de agosto".

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