Imprimir

Las Comunidades socialistas avivan el debate de la muerte digna y la eutanasia

on . . Visitas: 435

abc

25-03-2011Las Cortes de Aragón aprobaron ayer, en el último pleno de la legislatura, la proposición de ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona en su proceso de muerte, conocida como Ley de Muerte Digna. Todos los grupos de la Cámara, a excepción del Partido Popular, apoyaron un texto que pretende fijar los derechos de las personas en el proceso de su muerte y establecer las obligaciones de los sanitarios al respecto. Para el PP, se trata de una «trampa» hacia la eutanasia. Aragón se convierte así en la segunda Comunidad autónoma que aprueba una ley de estas características, después de que Andalucía hiciera lo propio el pasado mes de marzo. La normativa aragonesa se aprueba apenas unas semanas antes de que el Gobierno central presente una legislación estatal sobre muerte digna. Ayer el Ministerio de Sanidad valoró la aprobación del Parlamento aragonés como «un paso positivo» que coincide con el planteamiento del anteproyecto nacional.

La norma aragonesa desarrolla el Estatuto de Autonomía, reformado en 2007. egula algunos de los aspectos enunciados en su artículo 14, dedicado al derecho a la salud. La legislación nace con consenso político, pero con discrepancias entre los médicos y la sociedad.

Según se explica en el propio texto, su objetivo no es regular la eutanasia, a pesar de ello el término aparece citado hasta en cinco ocasiones en la exposición de motivos de la ley. De ahí que el PP considere que se están dando los primeros pasos en la Comunidad para regularla. Consideran que la norma es una «trampa», ya que solo contribuirá a crear «más conflictos éticos». Y es que a juicio de los populares, la falta de concreción de algunos de sus artículos lo que busca es precisamente dar pie a diversas interpretaciones.

Mientras, el resto de grupos políticos defienden que la nueva norma pretende aliviar y evitar el sufrimiento, respetar la autonomía del paciente y humanizar el proceso de morir, además de proporcionar seguridad jurídica a la ciudadanía y a los profesionales.

Para ello, la ley fija dos aspectos básicos. El primero habla del derecho del paciente a ser informado en todo momento de su situación clínica y del tratamiento o las intervenciones que se le van a practicar. A partir de ahí, él será quien decida aceptarlos o rechazarlos. El segundo consiste en el derecho de la persona a realizar una declaración de voluntades anticipadas. Se trata de un documento escrito en el que constan sus deseos y preferencias de tratamiento para el caso eventual en el que no puedan decidir por sí mismas. La nueva norma dispone además la creación de Comités de Ética, que se encargarán de valorar los casos más complicados. Habrá uno en cada sector sanitario.

Sin embargo, fuera del marco jurídico de esta ley queda el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales de la sanidad, uno de los aspectos con los que se mostró más crítico el PP. Su portavoz de Sanidad en las Cortes aragonesas, Ricardo Canals, aseguró que la ley, según está redactada, «no es necesaria, porque no aporta nada nuevo». Es más, deja fuera un aspecto tan básico como la libertad del facultativo de decidir cómo actuar atendiendo a sus creencias y su conciencia.

La Sociedad Española de Cuidados Paliativos (Secpal) confía en que la normativa nacional avance más en los problemas más acuciantes. Entre ellos, el acceso a permisos laborales de familiares para estar al lado de su seres queridos, acceder a ayudas económicas «exprés» o facilitar la prescripción de morfina y otros opioides para luchar contra el dolor, recuerda Javier Rocafort, presidente de Secpal.

El miedo al dolor, el mayor temor

No importa el país ni las creencias. Al final de la vida, lo que más preocupa es evitar el sufrimiento. Una encuesta con más de 9.000 personas de siete países europeos, entre ellos España, muestra que sentir dolor es lo que más preocupa cuando se piensa en la muerte y enfermedades terminales. Y la preocupación persiste a pesar de que nunca ha habido un arsenal terapéutico de calmantes tan potente como ahora. El estudio Prisma, presentado ayer en Bruselas, plantea la necesidad urgente de mejorar la atención de los pacientes terminales. Esta es una de las reclamaciones que la Sociedad Española de Cuidados Paliativos ha hecho al Gobierno a la espera de que sea recogido en la inminente Ley nacional de Muerte Digna.

Utilizamos cookies para mejorar nuestro sitio web y para ofrecerle contenidos más interesantes. Para obtener más información sobre las cookies y cómo eliminarlas, consulte nuestra Política de Privacidad.

Sí, acepto cookies de esta web