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Un año de indignación contra la ley del aborto

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La Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo cumple hoy su primer año de entrada enembarazoaborto vigor con el descontento generalizado de las asociaciones pro vida e incluso de las propias clínicas acreditadas para la práctica de los abortos. Las primeras critican que la normativa facilita las interrupciones voluntarias del embarazo en detrimento de un apoyo decidido a la mujer embarazada. La Asociación de clínicas acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI), en cambio, ve cómo la irregular aplicación de la ley en las diferentes comunidades autónomas van «limitando el derecho de la mujer a decidir» y menguando el número de personas que optan por el aborto.

A la espera de que el Ministerio de Sanidad haga públicos los datos oficiales, ACAI estima que los abortos han caído un 5% desde la entrada en vigor de la nueva normativa, sobre todo debido a los cambios poblaciones. «En los últimos cinco años —explicó a ABC la vicepresidenta de ACAI, Francisca García— el número de mujeres españolas entre 15 y 45 años ha descendido y no han sido reemplazadas por la población inmigrante, que ha dejado de venir a España por la crisis».

El problema fundamental para esta asociación está sobre todo en la aplicación de la norma. «Tenemos 17 leyes de aborto», comentó García, quien criticó que «en algunas comunidades autónomas, como en Cataluña, no sólo no se respeta el derecho a la confidencialidad de la mujer, sino que además tiene que adelantar el dinero del aborto y luego esperar a que el Estado se lo pague. En Navarra, La Rioja o Castilla y León, por otra parte, las mujeres se ven obligadas a irse a otra comunidad para poder abortar». Según ACAI, la ley además no ha cambiado el patrón de conducta de las mujeres. «Siguen abortando en las primeras semanas de gestación y solo el 3 o 4% han sido adolescentes de 16 o 17 años. No hay más que antes».

Sin embargo, para las asociaciones pro vida, este descenso «está fuera de la realidad». El Foro Español de la Familia (FEF) y la asociación Derecho a Vivir han denunciado que las cifras «no contabilizan los abortos farmacológicos, producidos por la liberalización de la Píldora del Día Después». La portavoz de Red Madre, Esperanza Puente, lamentó además que «desde la Administración General del Estado no se haya visto un apoyo decidido a la maternidad» durante este año y sí «una mayor facilidad para interrumpir el embarazo ante sospechas mínimas».

En medio de toda la polémica, la ley también está a la espera de la resolución de un recurso interpuesto por el Partido Popular ante el Tribunal Constitucional y en el que las asociaciones pro vida ponen muchas de sus esperanzas. «Existen fundamentos muy razonables de inconstitucionalidad», recordó ayer el presidente del FEF, Benigno Blanco, al tiempo que aseguró que «la nueva normativa ha sido un inmenso error que está haciendo mucho daño a las mujeres y al derecho a la vida» por lo que pidió al TC que «decida cuanto antes y la expulse del ordenamiento jurídico».

Una reflexión necesaria

Un fallo que también esperan dentro del PP, que ven que la nueva normativa da «un rango de derecho a una aberración». Así lo aseguró ayer el portavoz de la asociación de diputados «Familia y Dignidad Humana», Ángel Pintado (PP), al señalar que es tan necesaria una reflexión sobre el aborto y los valores fundamentales como un cambio cultural que «garantice a la mujer sus derechos como madre», porque «las condiciones de verdadera libertad se traducen en un reconocimiento social de la maternidad». La ley, nacida en el seno del ya extinto Ministerio de Igualdad y actualmente gestionada por la cartera de Sanidad, permite el aborto libre en las primeras 14 semanas y hasta las 22 en caso de riesgo para la madre o por malformaciones incompatibles con la vida en el feto. Además, habilita a las chicas de entre 16 y 18 años a interrumpir su embarazo sin el consentimiento de sus padres

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