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El freno verde funciona

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elpais

Denuncia tras denuncia, recurso tras recurso, años que pasan hasta que nadie sabe muy bien cómo acabará el galimatías legal en el

15-01-2011

que se ha transformado una denuncia contra una obra o una actuación urbanística, que se considera atentan contra el medioambiente.

Ecologistas y colectivos sociales lo saben bien. "Es una carrera de fondo, pero yo creo que no cunde el desánimo porque empezamos a

ver éxitos en el ámbito judicial. Se paran proyectos", advierte Mario Rodríguez, director ejecutivo de Greenpeace. Sostiene que los únicos que denuncian son las ONG o los grupos ecologistas. "Solo pedimos a las administraciones públicas que realicen su trabajo, que controlen y que hagan cumplir la ley. Y a los tribunales, celeridad. Parece absurdo que lo tengamos que hacer nosotros, pero así es". Greenpeace tiene un presupuesto de 50.000 euros al año para las denuncias y su defensa. "Es mucho dinero, teniendo en cuenta el tipo de organización que somos"

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La directora del departamento legal de WWF, Rita Rodríguez, comenta que ellos no tiene ningún interés en perseguir infracciones. "Acudimos a la vía judicial cuando es el último recurso que queda". A veces cunde el desánimo. "Es desesperante, hay ocasiones en que te dan ganas de tirar la toalla, irte a vivir y dejarte de líos", comenta Ángeles Nieto, de Ecologistas en Acción, que piensa que el problema se debe a que la política se ha introducido en todos los ámbitos. "Se llega a situaciones absurdas, de hechos consumados, como cuando los tribunales deciden que una obra es ilegal, pero ya está en funcionamiento", opina Mario Rodríguez.

Como ejemplos de la labor de estos colectivos destacamos dos actuaciones urbanísticas (el hotel de El Algarrobico, en Almería, y el desdoblamiento de la M-501, en Madrid); la parada del vertido de residuos industriales a las marismas del río Tinto, Huelva, y un proyecto de refinería que está provocando un fuerte rechazo social en Extremadura.

Símbolo del destrozo costero

Actuación: hotel Azata Sol, de 22 plantas y 411 habitaciones.

Ubicación: paraje del Algarrobico, en Carboneras (Almería). Parque natural del cabo de Gata-Níjar.

Situación actual: paralizado cautelarmente por un juez de Almería el 22 de febrero de 2006. Licencia municipal revisada de oficio en septiembre de 2008. Recurrida por el Ayuntamiento ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Los ecologistas están convencidos de que el hotel se acabará demoliendo. "Tiene 16 sentencias en contra", indican desde Greenpeace. La pregunta del millón es saber cuándo. "Todavía tenemos por delante siete u ocho años", sostiene Jaime del Val, de la organización Salvemos Mojácar, que lleva desde 2005 luchando para que "este despropósito", levantado en uno de los pocos parajes vírgenes que quedaban en el litoral almeriense, desaparezca. Los detractores tienen claro que es ilegal porque está situado en una zona protegida e incumple la Ley de Costas, al no respetar la servidumbre de 100 metros desde la ribera del mar, donde no se puede construir. El edificio está a 47 metros del dominio público marítimo-terrestre y otras construcciones, como la piscina, a 14 metros.

La empresa, por su parte, espera que los tribunales les den la razón, porque "todos los informes" que tenían "eran positivos, incluso los de Costas", explica José Rodríguez, subdirector de Azata. "En ocasiones, miramos hacia atrás por si hubo algún indicio de que iba a haber problemas que nos pasaran inadvertidos, y no los encontramos. No nos hubiéramos planteado la construcción en caso de ser ilegal", afirma.

Para Greenpeace, la historia de El Algarrobico empezó a gestarse en 1987 cuando se crea el parque natural del cabo de Gata-Níjar. En ese mismo año las normas urbanísticas de Carboneras clasifican los terrenos de El Algarrobico como urbanizables. El conflicto se produce cuando en 1994 el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del parque dice que en ese suelo no se puede edificar. Los ecologistas sostienen que el Ayuntamiento se tenía que haber adaptado a este PORN, y convertir El Algarrobico en no urbanizable. Esto no ocurre, y en 2003 el municipio concede a Azata licencia de obras y se inicia la construcción.

La primera denuncia de los verdes llega en 2005. Un año después, el Juzgado de Almería paraliza la actuación de forma cautelar. Casi cinco años más tarde, el hotel sigue en pie. Los ecologistas sostienen que tanto la Junta de Andalucía como el Ministerio de Medio Ambiente siguen sin actuar. Del Val advierte de que "el nuevo plan general de Carboneras plantea otra vez El Algarrobico como urbanizable". Añade que "el hotel es la estrella, pero en esta costa hay actuaciones peores, como playa Macenas, con 3.000 viviendas y un campo de golf en terreno protegido".


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