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Iniciativa internacional para establecer el valor de los ecosistemas y frenar su destrucción

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Cuánto cuesta un paisaje reconfortante? ¿Y el vuelo de un águila? ¿Y uno de los pocos linces ibéricos que quedan en el sur de la Península? La naturaleza no tiene precio. Pero para demostrar que si prosigue el actual ritmo de destrucción de la biodiversidad las pérdidas serán multimillonarias, un equipo internacional liderado por el economista indio Pavan Sukdev está concluyendo un estudio en el que se analizan los servicios que prestan diferentes ecosistemas del planeta y qué pasará si estos desaparecen. La iniciativa TEEB (The Economics of Ecosistems & Biodiversity) está impulsada por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP, en sus siglas en inglés), la UE y diferentes gobiernos europeos, entre los que destaca el de Alemania. Su misión principal es aportar datos para que las autoridades sean conscientes de que la degradación del suelo, del aire, del agua y de los recursos biológicos pasará factura a la seguridad alimentaria y a la salud de las personas.

"Sale mucho más barato conservar, por ejemplo, un manglar, que intentar recrear la función que hacía antes de ser arrasado –proteger la costa ante tsunamis u otros desastres naturales– construyendo diques", opina Luis Suárez, responsable del área de biodiversidad de la ONG conservacionista WWF. Diferentes trabajos han demostrado que es más rentable mantener un bosque húmedo que transformarlo para habilitar una instalación de acuicultura. La conversión de unos manglares en el sur de Tailandia en una granja de gambas es una opción ruinosa: este crustáceo da unos beneficios de 1.220 dólares por hectárea y año mientras que dejar este ecosistema tal como está supone 12.292 dólares por hectárea al año, según un informe preliminar del TEEB. (Ver gráfico de la página siguiente).

"Soy partidario de valorar económicamente los ecosistemas, pero entendiendo que hay una parte de valor ético al que no se puede poner precio. Tenemos la obligación moral de conservar la Tierra", añade Suárez. Desde el ámbito de la economía ecológica, Joan Martínez Alier, catedrático de Economía e Historia Económica de la Universitat Autònoma de Barcelona, opina que poner precio a un ecosistema puede ser peligroso, pues, por ejemplo, si alguien presenta un proyecto que implica transformar un bosque y que da más beneficios económicos que los derivados de la actividad forestal, entonces se abre la puerta a la destrucción de ese hábitat. "No puedes renunciar a los derechos de la naturaleza a cambio de dinero", añade. "Poner precio a la naturaleza es un arma de doble filo, plantea cuestiones éticas y morales. Es como poner precio al aire, al agua, a las emisiones de CO2... Al final pondremos precio a todo, a todo lo que pueda ponerse en el mercado. Pero la naturaleza es lo que sostiene la vida, ¿cómovamos a poner precio a eso?", considera Josep Maria Mallarach, profesor de Políticas Ambientales de la Universitat de Girona y miembro de la Comisión de Políticas Ambientales, Económicas y Sociales de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Martínez Alier juzga que supeditar la supervivencia de un ecosistema a que sea rentable es como discutir el pago de las pensiones a los ancianos "viendo si los servicios que las abuelas ofrecen cuidando nietos compensan las pensiones y si no se implanta un plan de eutanasia". Martínez Alier pone este símil para rechazar los criterios utilitaristas a la hora de decidir si se conserva o se da vía libre a la destrucción de la biodiversidad. Este pionero de la economía ecológica distingue entre precio y valor entendiendo que hay valores de la biodiversidad que no pueden expresarse en dinero. "Para los pobres, la naturaleza es directamente su fuente de comida, de leña, de plantas medicinales, de agua... Si se contamina o desaparece, tienen que irse, pierden unos valores que no salían en la contabilidad macroeconómica".

La pérdida de biodiversidad afecta con mucha más dureza a los países del sur, y varios de los objetivos del Milenio, desde erradicar la pobreza y el hambre hasta frenar la mortalidad infantil, sólo se alcanzarán si se salvaguarda el capital natural. Más de 2.000 millones de personas dependen de la naturaleza para sobrevivir. Los pobres son más vulnerables al no poder acceder a productos o servicios alternativos a los que obtienen de un bosque o del mar. Muchos pueblos indígenas se alimentan, se cobijan y se curan gracias a lo que les da la biodiversidad, si su hábitat se aniquila también se esfuma su modus vivendi. En concreto, y según datos de la UNEP, el 80% de la población de las naciones en desarrollo recurre a las plantas medicinales para el cuidado básico de su salud.

Fánder Falconí, ex ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, defiende, en un artículo publicado en la revista Carta Económica, la iniciativa Yasuní-ITT. El territorio Yasuní de la A m a z o n i a ecuatoriana –donde habitan grupos de indígenas aislados– es uno de los más ricos del planeta: en una sola hectárea hay más especies que en Estados Unidos o en Canadá, apunta Falconi. La iniciativa Yasuní-ITT plantea "recibir fondos de la comunidad internacional por al menos la mitad de los ingresos petroleros futuros a cambio de no extraer 850 millones de barriles de petróleo del parque nacional Yasuní evitando, así, la emisión de 407 millones de toneladas deCO2 resultantes de la ulterior quema de esos combustibles fósiles", escribe Falconí. La comunidad internacional debería compensar a Ecuador con la mitad del dinero que obtendría con la explotación del campo petrolífero a cambio de dejar el crudo donde está, bajo el suelo. Para Falconí, la distinción entre valor y precio también es crucial en el caso Yasuní; hay valores, los ricos bosques amazónicos, que no tienen precio.

Pero la destrucción de biodiversidad en el mundo avanza y ya comporta unas pérdidas anuales "de entre 1,5 y tres billones de euros; en cambio, por cada euro que se invierte en un área protegida se obtienen 80 de beneficio", remarca Julia Vera, directora de la Fundación Biodiversidad. "Los ecosistemas proporcionan servicios muy valiosos que a veces no se ven. Un ejemplo muy claro es el de Vietnam, donde se ahorran cinco millones de dólares al año en mantenimiento de diques conservando los manglares", añade Vera. Frente a los que cuestionan cuantificar el rendimiento de la naturaleza pormotivos éticos, ecólogos como Rafael Sardà, del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), consideran que demostrar que los servicios que presta la naturaleza se traducen en cifras millonarias es la única manera de concienciar a la sociedad y a los gobiernos de la necesidad de invertir en conservar. "El hombre piensa que todo lo que da la naturaleza es gratuito y que siempre seguirá disfrutando de ella, pero cada vez ofrecerá menos servicios, se están degradando. Para poder dialogar con los agentes sociales hay que determinar cuánto valen esos servicios ecológicos. Se entiende mejor su valor si se sabe lo que vale", remarca Rafael Sardà. Un ejemplo es el vertido de petróleo en el golfo de México que ha desembocado en un desastre medioambiental sin precedentes. "Sabemos que tenemos agua de calidad, hábitats..., gratis, pero cuando se degradan sí que toca a la economía real. En el golfo de México ha pasado lo que sucede siempre que hay una catástrofe ambiental: al principio se minimizan los hechos y después van adquiriendo dimensiones muy graves. No se invierte en los mecanismos de protección exigidos porque se piensa que es una pérdida de dinero, y se trabaja con demasiado riesgo".

En España, Navarra ha sido la comunidad pionera en valorar en términos económicos su patrimonio natural: 3.683 millones de euros, cifra resultante de la suma de los valores productivos, ambientales y recreativos de sus diferentes espacios.

El TEEB habla de los pagos por servicios ambientales (PSA) como una herramienta válida para salvar la biodiversidad. Llevado al terreno más local, se trataría, por ejemplo, de compensar económicamente al ganadero del Pirineo que malvive de una actividad deficitaria pero que mantiene el paisaje ancestral de prados. Muchos gobiernos han implantado programas de incentivos consistentes en pagar al propietario rural o forestal por mantener su hábitat. Costa Rica ha diseñado una estrategia para posicionarse como un país que respeta su generosa biodiversidad. Y le ha salido a cuenta al erigirse en un destino ecoturístico de éxito. El Gobierno costarricense invirtió en el periodo 1997-2004 alrededor de 200 millones de dólares para proteger 460.000 hectáreas de bosques, lo que ha beneficiado a 8.000 personas y ha contribuido a reducir la deforestación y a reactivar la silvicultura. También EE.UU. ha apostado por los PSA al destinar 1.700 millones de dólares al año a los agricultores que fomentan el uso sostenible del agua, utilizan productos respetuosos con el medio ambiente para luchar contra las plagas y cuidan de la fauna.

Además de los PSA, en los últimos años han ido aflorando diferentes fórmulas para intentar reparar la degradación del medio ambiente y el impacto del cambio climático (los créditos de carbono y el REDD –reducción de emisiones por deforestación y degradación de los bosques–). En Estados Unidos, las industrias o los sujetos particulares que dañan los humedales a causa de alguna actividad industrial o agrícola pueden comprar los denominados créditos medioambientales o de biodiversidad destinados a mitigar esta acción. Se trata de compensar el daño causado en casa blindando humedales en países pobres. También en Estados Unidos, según recoge el TEEB, se ha implantado un sistema de créditos de especies en peligro de extinción, en este caso, para contrarrestar el impacto que una actividad pueda tener en un animal amenazado.

Martínez Alier rechaza estas iniciativas al entender que mientras se paga para salvar un hábitat lejano se permite el deterioro de uno al lado de casa. "La biodiversidad tiene valores locales y si nos la vamos cargando al final no nos quedarán humedales, manglares, arrecifes de coral...".

La preocupación por la desaparición de un paisaje emblemático o de un oso polar no responde sólo a cuestiones sentimentales, sino a mucho más. Un paisaje o un oso, de gran valor, no tienen precio, y eso es lo que tiene que demostrar el próximo octubre en Nagoya (Japón) el informe final que presentará el TEEB.

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