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Se vende contrato de trabajo a inmigrante por 3.000 euros

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Para las personas inmigrantes en situación irregular un contrato o una oferta de trabajo es un salvoconducto para respirar tranquilos en España pues, con la actual legislación de extranjería, es imprescindible adjuntar un documento que acredite la existencia de una relación laboral junto con la solicitud de renovación de la autorización para regularizar su situación administrativa mediante el arraigo social.


Es por ello que muchos extranjeros que ya se ven con el agua al cuello tras haber perdido su empleo y viven con el temor de la expulsión están dispuestos a todo, incluso a pagar grandes sumas de dinero, por conseguir la ansiada oferta de empleo y, como en tantas ocasiones siempre hay alguien dispuesto a aprovecharse de la necesidad.

La ONG Córdoba Acoge ha detectado que en los últimos meses está proliferando en Córdoba la venta de ofertas de trabajo, en ocasiones auténticas y en ocasiones falsas, y por las que las personas inmigrantes han llegado a pagar entre 800 y 3.000 euros. “Sólo en los dos últimos meses ya nos han llegado hasta tres personas a la asociación que aseguran haber pagado por una oferta de trabajo que luego no les ha servido para tramitar su documentación”.

En concreto hasta la asociación llegó una chica que aseguraba haber pagado hasta 800 euros por una oferta de trabajo que sin embargo, y tras presentarla junto con su solicitud para renovar su documentación, en la Oficina de Extranjería, le fue rechazada su permanencia. Aunque el colectivo intentó que la joven, quien ha preferido mantener su anonimato, denunciara quién esta obteniendo beneficio con la venta de ofertas de empleo, ésta se negó y de hecho, su intención era volver a conseguir otro contrato, en esta ocasión real, con el que garantizar su seguridad en España.

Aunque en ocasiones las personas inmigrantes tienen conocimiento de que la oferta de empleo no es auténtica, la situación que atraviesan al ven peligrar su permanencia aquí es muy complicada y por ello, asegura Stan, “es normal que se agarren a un clavo ardiendo por conseguir un trabajo que les permita regular su documentación”.

La forma en la que actúan los estafadores puede ser por dos vías. Desde empresas que ponen en venta puestos que realmente existen y están vacantes, hasta otros que hacen ofertas de empleo ficticias. Aunque en ambos casos, la venta de contratos es ilegal hay una diferencia entre ambos: en el primero la persona inmigrante suele conseguir su ansiada documentación, mientras que en la segunda –el más practicado en comunidades como Cataluña– es la Subdelegación del Gobierno quien la rechaza. En este último caso, como explica el abogado lo que suele ocurrir es que la Administración niega la renovación bien porque la oferta de empleo que ha presentado no reúne las condiciones que exige la legislación –esto es, que sea un empleo de al menos un año de duración y de mínimo de 40 horas semanales–, bien porque no encuentre actividad económica en la empresa.



No hay denuncias

De momento en Córdoba no se ha producido ninguna denuncia relacionada con la venta en el mercado negro de ofertas de trabajo a personas inmigrantes. Como explica Gabriela Stan, los afectados que no han conseguido renovar su documentación pese a haber desembolsado importantes cantidades de dinero y haber sido estafadas, tienen miedo a que los expulsen si ponen en conocimiento de la Oficina de Extranjería lo ocurrido y en muchas ocasiones, asegura, intentan mantener la puerta abierta a comprar una nueva oferta de trabajo ante la desesperación por conseguir tramitar sus permisos de residencia y no tener que abandonar su vida aquí.

La propia asociación ha alertado a la Subdelegación del Gobierno de la existencia de pequeños empresarios en la provincia que piden dinero a las personas inmigrantes por hacerles un contrato de trabajo.

De hecho, explica Stan, han solicitado que investiguen las renovaciones que han rechazado así como las empresas que aún teniendo apenas actividad económica, contratan a varias personas inmigrantes, y que averigüen quién se está beneficiando de la desesperación. Aunque la Subdelegación ha pedido al colectivo que les facilite los nombres de las personas que han sido víctimas de la estafa, asegura Stand, “con la ley de protección de datos en la mano, nos hemos negado para evitar que les perjudique en la tramitación de su renovación”, explica.



Se disparan las denegaciones

Los perjuicios a los que se refiere la presidenta de Córdoba Acoge están relacionados con la dureza e inflexibilidad que caracteriza a la Subdelegación del Gobierno de Córdoba a la hora de aplicar la normativa de extranjería, sobre la que alerta el secretario de Migraciones de comisiones Obreras de Córdoba, Said Faz.

Y es que, si sobre algo llevan meses llamando la atención los colectivos sociales que tratan con la población inmigrantes es sobre el sorprendente aumento de personas en situación irregular que se está produciendo en la provincia por no haber podido renovar su permiso de residencia. Algo para lo que la norma exige tener cotizado un año aunque el legislador permite 90 días si se acredita que la persona ha buscado empleo activamente, no fijó baja vluntario en su anterior contrato o bien, tiene un contrato en vigor.

Sin embargo, la dureza de la Subdelegación, asegura Said Faz, está provocando que el sindicato haya registrado rechazos a personas que tienen viviendas en propiedad, hijos menores de edad a los que han reagrupado o incluso nacidos aquí y por tanto con nacionalidad española o incluso denegaciones por faltar apenas un día de cotización.

Esto, como asegura la presidenta de Córdoba Acoge, Gabriela Stan, se está traduciendo además en que los recursos contencioso-administrativo que están presentando todos aquellos a los que se le deniega la renovación de sus permisos de residencia se estén disparando en Córdoba.

De hecho, asegura que la abogada del colectivo está recibiendo un mínimo de veinte personas al día que piden asesoramiento para presentar su recurso. Algo que además, está teniendo una enorme repercusión en los juzgados de lo contencioso-administrativo cordobeses donde las reclamaciones ya se acumulan por miles, según han confirmado fuentes judiciales.

Con esto, añade Stan, es evidente que la Subdelegación “sigue mirando con lupa todas las renovaciones para aprobarlas o no, y resulta contradictorio que no investiguen si se está estafando a personas a través de la venta de contratos ”.

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