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"¿Por qué a 60 sí y a mí no"?

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Para el senegalés A. N., la odisea continúa. Fue uno de los 61 inmigrantes que se atrevió, con el respaldo de la asociación Harresiak Apurtuz, a denunciar que habían sido estafados en 2005 durante el proceso de regularización. Tenían una esperanza: la ley de Extranjería pevé la regularización inmediata para los afectados que denuncien ilegalidades en esa materia, si existe una sentencia judicial firme.

La Audiencia de Vizcaya ha confirmado en tres fallos la existencia de otras tantas redes de estafa en Bilbao y condenado a distintas penas de cárcel a tres abogados y un supuesto empresario. La última sentencia, fechada el pasado 2 de diciembre, condenó a 15 meses de prisión a la letrada Iratxe López y el supuesto empresario Juan Antonio Melado por ofrecer contratos de trabajo inexistentes. Los estafados fueron siete inmigrantes, entre ellos A. N. El resto de denunciantes se encuentra en situación legal; él es la excepción.

Harresiak Apurtuz criticó ayer que la Subdelegación del Gobierno en Vizcaya se niegue a tramitar la autorización de residencia del inmigrante senegalés, en una actitud "de absoluta irresponsabilidad de una Administración, que abandona a su suerte a las víctimas de estos gravísimos hechos".

A. N. acudió con su abogado, Javier Galparsoro, el pasado 12 de enero a la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Bilbao. Llevó el texto de la sentencia y otro documento de la Audiencia que certifica que fue uno de los testigos que denunció la trama de estafadores. No sirvió de nada. "Nos dijeron que ya le dieron antes un permiso al realizar la primera denuncia y que no tenía derecho a otro. No admitieron presentar la solicitud", recuerda el letrado.

La regularización de los inmigrantes que denuncian este tipo de casos depende de la Secretaría de Estado de Seguridad. La Subdelegación en Euskadi tramita la petición y se resuelve en Madrid. "Tenían que haberlo llevado al registro de la Subdelegación", afirma un portavoz de la misma, quien defiende la actuación en este asunto. Galparsoro se muestra indignado: "Si la policía realiza esa valoración negativa, ¿cómo la va a aceptar el secretario de Estado, que se basa en el informe policial? Es una tomadura de pelo".

Harresiak Apurtuz censura la actuación de la Subdelegación, a la que ya acusó de pasividad en todo el proceso, iniciado hace cinco años. La ONG ha escrito a la Subdelegación y le ha pedido dos reuniones, sin lograr respuesta. El inmigrante, que sólo conoce su idioma, no entiende nada: "¿Por qué a los demás [60 inmigrantes] si les dan papeles y a mí no?"

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