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La "ley Sinde" sigue adelante, con un papel limitado para los jueces en el cierre de webs

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diariodenavarra

25-01-2011bisPSOE y PP alcanzaron un acuerdo en el Senado que da una segunda oportunidad a la controvertida ley Sinde, llamada a regular las descargas en internet y a acabar con la piratería en la red. Gobierno y oposición mantuvieron que la decisión de cerrar la web la tome una comisión ministerial, aunque la supervise un juez, y añadieron que sea un magistrado el que ordene que los proveedores de internet entreguen los datos.

También como exigía el PP, acordaron la revisión de canon digital para adecuarlo a las exigencias del Tribunal de Justicia de la UE europea. Un pacto alcanzado "in extremis" entre Gobierno y oposición que "resucita" la moribunda Ley Sinde, al que se espera se sume CiU.

El pacto se plasmó en la presentación conjunta de una enmienda global a la disposición adicional de la Ley de Economía Sostenible (LES), que es donde se recoge esta polémica norma "antipiratería" que el Congreso tumbó el pasado 21 de diciembre y adonde deberá volver tras su trámite en el Senado.

La ley señala que se podrá cerrar una página web siempre que su propietario "directa o indirectamente, actúe con ánimo de lucro o haya causado o sea susceptible de causar un daño patrimonial".

Los colectivos de internautas que seguirán con las espadas en alto, por más que la ministra asegurara que la futura ley "garantiza absolutamente los derechos de todos". "Los usuarios deben tener absoluta tranquilidad", dijo Sinde tras el pacto, destacando que no les perseguirá un ley que "aumenta las garantías y la protección de los titulares de derechos de propiedad intelectual".

El proceso

El proceso para cerrar una página web es el siguiente.

Denuncia. Se presenta una denuncia ante la comisión, que está presidida por el subsecretario de Cultura y tiene como vocales a representantes de los ministerios de Cultura, Industria, Economía y Presidencia.

Datos de la web.Si la comisión quiere pedir datos sobre esa página a un proveedor de Internet, debe pedir autorización a un juez, que está obligado a concederla siempre que no se violen los derechos al honor la intimidad o el secreto de las comunicaciones.

La decisión de la comisión. Si, con los datos en su poder, la Comisión decide cerrar la web o retirar parte de sus contenido, el sitio de internet tendrá 48 horas para retirarlos o presentar alegaciones.A partir de ese momento, habrá dos días para practicar pruebas, se pedirá opinión a los interesados en cinco y dictará una resolución en otros tres (el periodo suma diez días).

Autorización judicial para el cierre. Si la Comisión mantiene su intención de cerrar la página, debe pedir una autorización de un juzgado de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional, que sólo examinará si se ve afectado el artículo 20 de la Constitución (que es el que regula la libertad de expresión y el derecho a la información). El juzgado citará en dos días a las partes y dictará una resolución en otras dos. La resolución sólo podrá autorizar o denegar la ejecución de las medidas propuestas por la Comisión.

El canon

Los negociadores populares y socialistas también introdujeron en una nueva enmienda una alusión explícita al llamado canon digital, la tasa que grava la compra de cualquier aparato o soporte susceptible de reproducir o copiar un archivo o documento, advirtiendo que en breve se adecuará a la reciente sentencia del Tribunal de Luxemburgo que eximía de un pago que consideraba indiscriminado a la Administración y a las personas jurídicas. "El Gobierno, en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la presente Ley, mediante Real Decreto y con plena conformidad al marco normativo y jurisprudencial de la UE, procederá a modificar la regulación de la compensación equitativa por copia privada" se puede leer en el nuevo texto sobre la modificación del canon.

La titular del departamento de Cultura, Ángeles González-Sinde, tomó a última hora las riendas de la negociación en un encuentro cara a cara con la portavoz popular en el Congreso de los Diputados, Soraya Sáenz de Santamaría, para negociar contrarreloj un pacto reflejado en la enmienda global que debía salvar su ley o la enterrara definitivamente.

El encuentro entre Sinde y Sáenz de Santamaría era el segundo que gobierno y oposición mantenían al más alto nivel en apenas 48 horas. Tuvo lugar en la misma jornada en la que terminaba el plazo para la presentación de enmiendas en el Senado, donde el PP tiene mayoría. Ambas partes habían expresado antes su optimismo en esta fase de la negociación y la voluntad de acercamiento para dar con una solución como culminación de un clima "positivo y cordial".

 

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