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Gobierno colombiano pide investigar asesinato de líder de restitución

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El vicepresidente colombiano, Angelino Garzón, y el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, lamentaron hoy el asesinato de un líder cívico que reclamaba tierras despojadas por paramilitares en la región de Urabá (noroeste), y exigieron a otras autoridades que investiguen el crimen.

Garzón y Restrepo revelaron el asesinato de Óscar Maussa, líder de la Cooperativa de Trabajadores Agropecuarios de Blanquicet (Cootragroblan), de esa región colombiana.

Los dos altos cargos se remitieron a la denuncia de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), según la cual el líder comunal fue asesinado en la zona rural Cañito, del municipio de San Juan Nepomuceno, en el norteño departamento de Bolívar.

Maussa y otros integrantes de Cootragroblan gestionaban las acciones de reclamación representados por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y por la CCJ.

El vicepresidente Garzón, tras conocer el crimen, remitió un oficio a los ministros del Interior y Justicia, Germán Vargas Lleras, y de Defensa, Rodrigo Rivera, así como al procurador general, Alejandro Ordóñez, y al fiscal general, Guillermo Mendoza Diago.

También envió copias al director de la Policía, general Óscar Naranjo, y a los comandantes de las Fuerzas Militares, almirante Edgar Cely, y del Ejército, general Alejandro Navas, en las que solicita que se investigue a fondo el asesinato de Maussa.

Garzón anunció que el miércoles de la semana próxima viajará al municipio de Apartadó, en la zona de Urabá, en compañía de delegados del Ministerio de Agricultura y de otras entidades del Estado, para dialogar con la comunidad y con víctimas de los que llamó "irracional" violencia.

Según distintas ONG, muchos líderes de la región de Urabá y, en general, del norte colombiano, han recibido amenazas por esas mismas reclamacioness.

Las mismas organizaciones recordaron que en septiembre de 2006 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó medidas cautelares en favor de las familias de Maussa y de otros líderes de Cootragroblan.

En septiembre pasado, la oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció amenazas contra líderes de la población desplazada que luchan por la recuperación de sus tierras.

La denuncia fue formulada tras condenar entonces el asesinato del líder campesino Hernando Pérez, y cuya muerte, según esta oficina de la ONU, "se suma a una serie de asesinatos, atentados y amenazas contra líderes y comunidades que están luchando por la devolución de sus tierras".

Pérez, dirigente de la Asociación de Restitución de Bienes y Tierras de Urabá, fue asesinado por desconocidos en esa zona de rica producción bananera.

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, quien asumió el cargo el 7 de agosto pasado, ha prometido devolver al menos 2 millones de hectáreas arrebatadas a los desplazados por grupos armados ilegales, especialmente paramilitares de la extrema derecha.

Desde agosto de 2008 han sido asesinados en Colombia al menos ocho líderes campesinos despojados que buscaban la restitución de sus tierras. EFE

 

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