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El Gobierno espera los informes de Human Rights Watch y la ONU sobre los incidentes del Sáhara

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El Gobierno español no se siente en condiciones de opinar y mucho menos de condenar lo que ha ocurrido en el campamento saharaui, con su desmantelamiento por parte de la policía marroquí, el pasado 8 de noviembre, hasta que no haya una investigación "eficaz, transparente y veraz". Esta es la respuesta de la ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, en la Comisión de Exteriores y Cooperación del Congreso de los Diputados a las peticiones de la mayoría de los grupos parlamentarios que acusaron al gabinete de debilidad ante Marruecos. El Gobierno confía en que la organización Human Rights Watch y la Minurso (la misión de la ONU en el Sáhara Occidental) concluyan los informes con sus respectivas investigaciones sobre los incidentes. El hilo conductor de la ministra transcurrió por la senda del compromiso de "ayudar, animar, impulsar" la solución del conflicto de fondo entre Marruecos y el pueblo saharaui,aunque remachó que la solución sólo puede venir "de la comunidad internacional", singularmente de Naciones Unidas.

La ministra fue categórica ante la comisión de Exteriores al afirmar que en "ningún caso, bajo ningún concepto" ha vinculado una reivindicación económica a la falta de condena del Gobierno español a los sucesos ocurridos en El Aaiún (Sáhara Occidental) el pasado 8 de noviembre. La ministra ha contestado así a los señalamientos de "doble lenguaje" que le reprochó el diputado de Izquierda Unida Gaspar Llamazares sobre las relaciones con Marruecos y la situación del Sáhara.

La ministra, en su primera comparecencia ante la comisión tras asumir el cargo, ha sido categórica ante las diversas críticas de las bancadas opositoras por la falta de condena oficial de los sucesos que acontecieron tras el asalto de las fuerzas policiales marroquíes en el campamento Agdaym Izik, donde 20.000 personas permanecían acampadas.

"Mi prudencia va en todas las direcciones de emitir una opinión o valoración. Hasta que no tengamos un conocimiento exacto de lo que ha pasado, no quiero apresurarme como Gobierno a dar una opinion definitiva", ha dicho durante su réplica, después de una serie de intervenciones muy críticas de la posición del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero sobre el caso del Sáhara Occidental y sus relaciones con Rabat.

Días después de que el vicepresidente primero, Alfredo Rubalcaba, pidiera a Rabat una investigación "clara" de las dudas que puedan existir sobre los sucesos de El Aaiún, la jefa de la diplomacia española ha pedido un informe "independiente", aunque no especificó quién lo haría.

Ha insistido en que está en juego poder dar "una respuesta política en el futuro" y que el Gobierno ha pedido "clarificación de los hechos en todo momento". "Condenamos la violencia en todo momento, la ejerza quien la ejerza", ha asegurado. Pero ha insistido en que ante la gran disparidad entre las cifras de víctimas que dan Marruecos y el Polisario, "un Gobierno responsable tiene que esperar a tener resultados definitivos para emitir una opinión".

Jiménez ha reiterado que España se ha involucrado activamente en la búsqueda de una solución al conflicto y que es el país "que más se preocupa por este asunto y el más solidario desde el primer momento con la población saharaui". Ha reconocido que España tiene una "responsabilidad histórica y política" sobre el Sáhara Occidental. "Por eso estamos aquí y por eso España es el único país en el que ha tenido eco lo ocurrido en El Aaiún".

En su intervención inicial, la ministra ha repetido que es prioridad de la política exterior española las relaciones con el Magreb y el Mediterráneo occidental, con el objetivo de tener una zona de seguridad y estabilidad.

Asimismo, ha reiterado que continúan las negociaciones con el Gobierno de Rabat para permitir la presencia de periodistas españoles en la cobertura del conflicto, y que esperan una respuesta pronto a la propuesta planteada.

En sus intervenciones, la máxima dureza la esgrimieron los grupos de la izquierda parlamentaria representados por Joan Tardá de ERC y Gaspar Llamazares en nombre de IU e ICV. También el portavoz del Grupo Popular, Gustavo de Arístegui, se unió a las críticas. No obstante, todos los grupos, con más o menos énfasis, reconocieron la necesidad de mantener relaciones fluidas con Marruecos aunque "no a cualquier precio". Arístegui, no obstante, criticó al Gobierno por haber roto "el principio de neutralidad", y no poder ser interlocutor ni de Marruecos ni del Polisario. La intervención de Arístegui tuvo la respuesta de la portavoz de Exteriores del Grupo Socialista, Elena Valenciano, al recordarle que ella misma se entrevistó con todas las partes en conflicto el pasado lunes en París.

Tanto el PNV ( Josu Erkoreka) como CiU (Jordi Xuclá) manifestaron su preocupación, aunque coincidieron con la ministra en que los hechos debían ser investigados. "Pero las versiones son diametralmente opuestas", había recordado Valenciano. La ministra reivindicó el trabajo que ha hecho el Gobierno: "Nuestra petición permanente para que Marruecos respete los derechos humanos la hicimos desde el primer momento y hemos pedido al Gobierno de Marruecos que permita la entrada a los medios de comunicación y seguimos haciendo gestiones para que entren todos los medios sin discriminación alguna", aseguró la ministra.

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