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El Gobierno rebaja la obligación de costear la vivienda accesible

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28-09-2010_ima1


El 3 de diciembre pasado, el presidente del Gobierno se comprometió a modificar la Ley de Propiedad Horizontal "en un plazo de seis meses" para que los discapacitados pudieran instalar en el edificio donde viven ascensores o rampas que faciliten la movilidad. Han pasado ya casi 10 meses desde que Zapatero anunció esta reforma, en un encuentro en La Moncloa ante la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, y Luis Cayo, presidente del Cermi, la gran plataforma de la discapacidad. Por ahora, la prometida reforma de la Ley de Propiedad Horizontal se diluye a cambio de incluir ciertas reivindicaciones en la Ley de Economía Sostenible, con una "vaguedad" que no convence a los afectados.

Las negociaciones comenzaron a varias bandas, porque dicha reforma implicaría al ministerio de Trinidad Jiménez, pero también a Vivienda, Justicia y Economía. En tiempos de crisis a Economía se le hace cuesta arriba una modificación como la que propuso el presidente porque podría suponer una grave quiebra para las comunidades de propietarios, según afirman quienes participan en estas reuniones. La última propuesta que los representantes de Cermi entregaron antes del verano sigue sin recibir respuesta.

En Sanidad y Política Social dicen que la competencia en esta materia es "sobre todo, de Justicia". Justicia dice que esto quien lo lleva, más que nadie, es Vivienda. Y Vivienda remite a la Ley de Economía Sostenible, ahora en trámites, a la que también alude Francisco Moza, secretario general de Política Social: "Esta ley ya recoge avances, como por ejemplo, que siempre que haya una declaración de utilidad pública o interés social pueda expropiarse suelo, público y privado".

El Cermi quiere que las modificaciones necesarias ante un caso de discapacidad sean obligatorias y corran por cuenta de todos los vecinos, como si se tratara de una gotera en el tejado, aunque esta solo afecte al último piso. Han propuesto algunas excepciones para aquellos inquilinos que acrediten una renta muy baja. Y plantean que se reserve para estos casos un 50% del fondo obligatorio para imprevistos que ya se detrae de las cuotas de la comunidad.

Por ahora, el Gobierno responde con la Ley de Economía Sostenible, donde se recogen parte de estas demandas, pero con un arranque que preocupa en el sector: "La Administración puede ordenar...". ¿Y si no lo ordena? ¿Y qué Administración? Los representantes de los discapacitados no están conformes con esta salida "tan vaga", que puede obligar a los afectados a un "trasiego entre Administraciones y un mayor periplo judicial". "La Ley de Economía Sostenible no es el lugar. Esto es una cuestión de derechos civiles, que no deben resolverse con un procedimiento administrativo. Si antes los discapacitados tenían que pleitear con la comunidad de vecinos por la vía civil, qué pasará si tienen que hacerlo contra la Administración en un contencioso administrativo", dicen en el Cermi. "Si creen que con esto ya está solucionado el problema, quizá las negociaciones han sido en balde", lamentan.

Según la última encuesta del INE, más de 300.000 personas han cambiado de domicilio por problemas como estos, que suponen el 40% de las quejas que reciben en el Cermi. En la actualidad, si un discapacitado solicita instalar un ascensor necesita el acuerdo mayoritario de los vecinos. Las obras solo son obligatorias si su coste no supera tres cuotas de comunidad para cada inquilino.

Josefa Carneros tiene 74 años y hace dos que una enfermedad la sentó en una silla de ruedas, aunque ahora camina un poco en el andador. Su segundo piso sin ascensor en un barrio de Madrid se convirtió en una trampa que ha acabado por echarla de casa. Ahora vive con las hijas. "Seguimos intentando que los vecinos accedan a instalar un ascensor, porque mi madre quiere volver a su casa, pero los del bajo no lo ven necesario y otros no quieren ceder un trozo de terraza", cuenta una de las hijas, María José Ortiz. "Incluso hemos intentado instalar un ascensor por otra de las fachadas, pagarlo nosotros y que solo subiera hasta su casa, pero el responsable municipal dice que no se puede hacer", añade María José. "Hemos mirado una de esas sillas a motor que suben por la escalera, pero el rellano no da para girar. El ascensor saldría por unos 60.000 euros y la Comunidad de Madrid aportaría un 65%. Son 16 vecinos si no contamos con los del bajo. Algunos son ancianos, acabarán por necesitarlo", dice María José.

Esta cuestión lleva años dando vueltas. Se intentó con Gobiernos anteriores, y ya estaban avanzadas las negociaciones, pero con el cambio de ministros casi ha habido que volver a empezar. "En las negociaciones nos dicen que obligar a la gente a pagar estas obras sería ponerlos en nuestra contra, abundar en el rechazo hacia la discapacidad. Es una postura paternalista que no aceptamos", dicen en el Cermi.

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