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Madrid incluye a los pro vida en el «sobre cerrado» del aborto

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Desde hace dos semanas, las madrileñas que se dirigen a una clínica abortista reciben más información que el resto de pacientes españolas. En el famoso «sobre cerrado» que la ley obliga a entregar a toda mujer que se plantee una interrupción del embarazo, no sólo reciben datos sobre las ayudas públicas a las que tendrán acceso si quieren seguir con su embarazo, sino también los contactos de un total de 34 entidades, públicas y privadas, dedicadas a ayudar a las embarazadas.

De acuerdo con fuentes de la Consejería de Sanidad madrileña, el nuevo modelo de sobre «ha comenzado a circular en los primeros días de septiembre», y es la primera vez que una comunidad autónoma incluye este tipo de información, al menos de forma tan exhaustiva. De hecho, las 17 páginas sobre «políticas activas de apoyo a la mujer embarazada y a la maternidad», detallan a qué se dedica cada entidad y cómo puede ayudar a las futuras madres sin recursos.

Lista detallada
Así, la Fundación Madrina ofrece «servicios para adolescentes y jóvenes embarazadas, o madres con menores a su cargo hasta 12 meses». MientrasFunvida ofrece «alojamiento para gestantes en situación de necesidad» y la Fundación Padre Garralda-Horizontes Abiertos proporciona «casa de acogida para mujeres en riesgo de exclusión social con hijos a su cargo». En el listado que ofrece la Comunidad de Madrid también se incluye la Fundación Red Madre y todas las asociaciones vinculadas a ella. Otras entidades que aparecen en la lista no se dedican en exclusiva a la defensa de la vida, sino que están presentes asociaciones tan dispares como Karibú, amigos del pueblo africano o la Asociación para la Integración del Menor Paideia.

Asimismo, Madrid ha empezado a informar sobre la posibilidad de dar a los hijos en adopción, una opción a la que se adhieren «entre 60 y 70 mujeres cada año» o en acogimiento temporal.
En el resto de España, sólo algunas autonomías gobernadas por el Partido Popular han mostrado su disposición a incluir algún tipo de información pro vida en los sobres cerrados.
La Comunidad Valenciana ha anunciado que aportará ecografías en tres dimensiones en las que se vean fetos en distintas etapas de gestación, aunque aún no ha puesto en práctica esta medida. Al igual que Madrid, en el sobre aporta un anexo con un listado de asociaciones privadas, pero se trata, en su mayoría, de entidades de ayuda a los discapacitados. Además, no se aporta información detallada.

No es de extrañar que a los gobiernos autonómicos les «cueste» hacer un hueco a los defensores de la vida en el sobre. En Galicia, una web oficial incluyó un «link» a Red Madre, y esto le valió al Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo una reprimenda por parte de PSOE y BNG en el Parlamento.

Controversia
Los socialistas argumentan que la ley obliga a incluir en el sobre «información objetiva y veraz» acerca de las alternativas para las embarazadas y, a su juicio, orientarlas hacia asociaciones defensoras de la vida no entra dentro de esta definición.

De todos modos, y fuera de las diferencias ideológicas, la iniciativa de Madrid de incluir el listado de asociaciones viene a ahondar más la brecha autonómica abierta con la entrada en vigor de la Ley del Aborto, el pasado 5 de julio. Según han denunciado las propias clínicas abortistas, las diferencias son notables. Si bien en todas las comunidades se entrega un sobre del Ministerio de Igualdad, la información que depende de los gobiernos regionales varía desde las 40 páginas que se entregan en Cataluña, hasta las dos que se dan en Andalucía. Además, las ONG pro vida han denunciado que algunos textos son difíciles de entender por su terminología.


12.000 peticiones sobre la objeción
- En sólo 24 horas los buzones de correo electrónico de los colegios médicos de toda España han recibido la petición de más de 12.000 ciudadanos para que defiendan el derecho de los facultativos a objetar del aborto, al amparo de una iniciativa impulsada por Derecho a Vivir.
- Luis Chiva, portavoz de Ginecólogos por la Vida, explicó a Efe que si en algún momento los órganos colegiados de la profesión médica habían tenido la sensación de que existía un «clamor popular» que exigía de los médicos que facilitasen el «acabar con la vida» de los seres humanos «más indefensos», ahora «han podido sentir lo contrario».

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