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Gobierno presenta al Congreso Ley Anticorrupción con sanciones severas

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El ministro colombiano del Interior y Justicia, Germán Vargas Lleras, radicó hoy ante el Senado un proyecto de Ley Anticorrupción que busca endurecer las penas a quienes roban el erario público.

La iniciativa sigue al anuncio del presidente Juan Manuel Santos, quien presentó un plan contra la corrupción que incluye sanciones más severas para los corruptos y la exoneración de algunos beneficios.

Para Santos, los ladrones de cuello blanco no serán beneficiarios de prisión domiciliaria ni de libertad condicional.

El Gobierno se plantea lo que ha llamado una "cruzada nacional" contra la corrupción y el propio Santos señaló que será tan severa y contundente como la de lucha contra las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El Ministerio del Interior y Justicia, en un comunicado, destacó hoy los principales puntos del llamado "estatuto anticorrupción" presentado a consideración del Congreso.

En éste se advierte que "atacará los carteles de la corrupción, prohibiendo que quienes hayan sido condenados por hechos de corrupción contraten con el Estado, como también que quienes financien campañas electorales se beneficien de contratos públicos".

Asimismo, añade, "impedirá que contratistas del Estado financien campañas políticas".

También que "los servidores públicos gestionen intereses o contraten con entidades donde se desempeñaron, así mismo generará mayores responsabilidades para que los interventores de los contratos públicos garanticen una mayor vigilancia".

Advierte que "se suspenderá inmediatamente del cargo al servidor público contra quien se formule una acusación por un delito contra la administración pública, como también será protegido el servidor público que denuncie actos de corrupción".

También creará un "sistema integrado de auditoría" para la vigilancia de la contratación estatal y "para colocar más ojos en la lucha contra la corrupción en esta actividad del Estado".

El estatuto "fue preparado por el Gobierno con el apoyo de la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, la Auditoría, académicos expertos en el tema y ONGs", recordó el ministerio.

 

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