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El Gobierno legislará ahora sobre las caravanas solidarias

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El Gobierno de Zapatero dice haber aprendido la «lección» tras el largo secuestro de los tres cooperantes españoles a manos de Al Qaida en el Magreb Islámico (AQMI) en Mauritania y ha decidido «regular» el voluntariado solidario que tiene lugar en zonas peligrosas. Ésta fue la medida anunciada ayer por la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Soraya Rodríguez, en la apertura de la Semana de la Cooperación en Madrid.

«En la vida uno va aprendiendo y de este largo secuestro hemos sacado una lección, y es que tenemos una necesidad de regular este ámbito, el voluntariado solidario», señaló Rodríguez antes de admitir que «hay un vacío legal» y que es preciso «rellenarlo», aunque no dio detalles de en qué consistirá la iniciativa. En cualquier caso, la secretaria de Estado recordó que el Ministerio de Exteriores ha alertado en varias ocasiones contra las caravanas solidarias en zonas de guerra o  donde existe amenaza explícita de secuestros islamistas.
Estas actividades, explicó, «ponen en riesgo la vida y la integridad» de los voluntarios y «los intereses y la posición del Estado español».

Aunque el Gobierno insiste por activa y por pasiva en que no pagó «ningún rescate», diversas informaciones hablan de entre cinco y siete millones de euros a cambio de los tres rehenes españoles. Además, Mauritania, país donde se produjo el ataque al convoy de Acción Solidaria, también pagó un precio político y tuvo que poner en libertad al único preso detenido por el secuestro y que había sido condenado a doce años en Nuakchot.

Rodríguez dijo que el Ejecutivo no pretende acometer esta labor en solitario y que contará con la Coordinadora de ONG para el Desarrollo de España (CONGDE). El presidente de esta asociación, Eduardo Sánchez, no es precisamente partidario de este tipo de caravanas solidarias porque «no son muy eficientes» y hay «mejores formas» de ayudar a los necesitados como, por ejemplo, colaborar con las instituciones locales. Tras la buena noticia de la liberación de Alicia Gámez, Roque Pascual y Albert Vilalta, se ha abierto un debate público sobre la conveniencia de estas acciones solidarias por los que el Estado  acaba pagando un alto precio.

El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, se mostró de acuerdo en la necesidad de establecer «garantías» para que la ayuda llegue a su lugar de destino, pero quiso expresar su reconocimiento a los cooperantes catalanes por el «sacrificio que hicieron llevando esa solidaridad   al norte de África».

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