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España se suma al cerco judicial a Google por el 'caso Street View'

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Siguiendo las indicaciones de la Fiscalía General del Estado, el Ministerio Público de Guipúzcoa será el encargado de investigar en España si Google incurrió en un delito al sustraer todo tipo de datos, incluidos algunos sensibles como correos electrónicos y contraseñas, de redes wifi abiertas. Los hechos, reconocidos por la empresa, ocurrieron mientras el gigante de Internet captaba las imágenes que sustentan su servicio Street View, que permite visitar virtualmente las calles de cientos de ciudades en todo el mundo.

En paralelo, al menos una decena de países investigan los hechos, que podrían acarrear una cascada de multas por vulnerar el derecho a la intimidad -en el caso español puede subir hasta los 600.000 euros- y más frentes judiciales abiertos. La Agencia de Protección de Datos española, que pudo acceder a los datos almacenados en Estados Unidos, exige ver los discos duros originales para cerciorarse de que no hubo más infracciones. Google atribuye lo ocurrido a un error mientras intenta mitigar el daño a su imagen de gigante bueno de la Red.

Google sustrajo y almacenó de forma masiva los datos que circulaban sin cifrar por las redes abiertas que el coche de Street View iba encontrando a su paso. Puesto que San Sebastián es una de las ciudades incluidas en el servicio -además, uno de los 12 fiscales nacionales especializados en delincuencia informática se encuentra allí-, la Fiscalía General del Estado decidió dejar el caso para toda España en manos del ministerio público guipuzcoano, que investiga en coordinación con el Cuerpo Nacional de Policía. Fuentes de la investigación explican que han solicitado a los agentes que tomen declaración como implicado al representante legal de Google en España, y que examimen el vehículo y los dispositivos utilizados para captar y almacenar los datos. Quieren determinar qué intención tuvo la compañía. "Esto tiene mucho recorrido", añaden las citadas fuentes.

En el escrito que da por abiertas las diligencias de investigación, el fiscal recuerda que la principal fuente de financiación de Google es la "publicidad inteligente" y que el Código Penal establece penas de uno a cuatro años de prisión y multa para quien se apodere de cartas, correos electrónicos y otros documentos personales o para el que intercepte señales de comunicación para vulnerar la intimidad de terceros sin su consentimiento. Además, dos organizaciones de consumidores, Facua y Apedanica, han puesto sendas denuncias ante la Justicia española.

"Hemos metido la pata", reconoció al Financial Times el presidente de Google, Eric Schmidt. "Ser honesto al hablar de nuestros errores es la mejor manera de evitar que vuelva a pasar", dijo antes de anunciar una investigación interna al ingeniero que realizó el código fuente del programa que sustrajo los datos. Para reforzar su imagen de transparencia, el 9 de junio la compañía colgó en su blog una auditoria enviada a las autoridades de protección de datos: confirma que captó y almacenó datos sin cifrar de routers wifi abiertos. Y apuntó que su intención era hacer un mapa de redes abiertas para mejorar sus servicios de localización geográfica. En un principio, incluso negó estar recabando otro tipo de información.

La ONG británica Privacy International, que ha solicitado a la Policía de Londres que investigue lo ocurrido, considera que la auditoría certifica que la compañía incurrió en un acto criminal. "Equivale a pinchar teléfonos sin consentimiento ni autorización", añade la organización, estimando que Google puede ser perseguida por la vía penal en casi todas las 30 jurisdicciones en las que utilizó el sistema.

La liebre se destapó en Alemania cuando la agencia de protección de datos de Hamburgo realizó una inspección de lo recabado. Según The New York Times, 12 jurisdicciones han solicitado a Google información sobre los datos recolectados en su país: Bélgica, Canadá, República Checa, Finlandia, Francia, Alemania, Honk Kong, Italia, Grecia, España, Suiza y Estados Unidos.

Google España declinó comentar la actuación de la Fiscalía. "Nuestro objetivo es borrar los datos siguiendo nuestras obligaciones legales", declaró un portavoz. En el caso de Irlanda, recordó, se borraron todos los datos siguiendo las instrucciones de las autoridades.

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