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Colombia reclama la intervención de Garzón

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El mismo día en que el juez Baltasar Garzón llegaba a La Haya, en Bogotá ya se reclamaba su presencia para que, como asesor del Tribunal Penal Internacional (TPI), se haga cargo de las investigaciones de 2.270 asesinatos de jóvenes colombianos por militares, a los que hicieron pasar por guerrilleros muertos en combate para así lograr ascensos y cobrar recompensas.

Los familiares de los chicos asesinados enviaron este lunes una carta a Luis Moreno Ocampo, fiscal jefe del TPI, en la que denuncian que en dos años de investigaciones han operado "mecanismos de hecho, jurídicos, políticos y otros que han socavado las posibilidades de conocer la verdad real y que haya justicia y una reparación integral".

"Como víctimas de las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias", piden al fiscal Moreno Ocampo la intervención del TPI en la investigación de "delitos de lesa humanidad", toda vez que "existe incompetencia de la administración de justicia y falta de voluntad política para conocer la verdad".

Cuando faltan cinco días para las elecciones presidenciales, la petición al TPI para que asuma la investigación de miles de ejecuciones extrajudiciales por miembros activos del ejército provocó una conmoción política, porque se señala como presuntos responsables al presidente, Álvaro Uribe, y al ex ministro de Defensa Juan Manuel Santos, actual candidato a la presidencia por el gubernamental Partido de la U.

Junto con la carta, los familiares de las víctimas han enviado al fiscal Moreno Ocampo el informe Soacha: la punta del iceberg: crímenes e impunidad, que los expertos creen "documento riguroso, detallado, aterrador".

"Hemos acudido al TPI por no encontrar justicia en Colombia. Queremos que Garzón investigue los crímenes de Estado porque tenemos plena confianza en él", comentó a este diario María Sanabria, madre de un adolescente de 16 años que fue asesinado por militares cuando Santos era ministro de Defensa. "Quiero ver cómo Garzón conduce a Santos ante el TPI, es responsable de asesinatos sistemáticos al respaldar una política que incentivó estos crímenes", dijo Blanca Nubia Monroy, otra madre con un hijo asesinado.

El diputado Iván Cepeda, portavoz del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, comenta a La Vanguardia que la llegada de Garzón a Colombia para investigar los crímenes del ejército "daría gran confianza de que terminaría la impunidad; conoce bien el tema de los jóvenes asesinados por militares y ha dicho que estos crímenes se tienen que investigar". Cepeda recalca que los colombianos tienen la esperanza de que el primer trabajo de Garzón como asesor del TPI sea investigar la ley de justicia y paz que dio impunidad a los paramilitares y los crímenes de los militares. "Garzón vino a Colombia como juez varias veces, se reunió con ONG y familiares de víctimas", dice Cepeda.

El analista Felipe Zuleta destaca que Garzón conoce bien la realidad de Colombia, país que ha visitado con frecuencia. "Es muy importante –recalca– que como asesor esté vinculado al TPI, así tiene jurisdicción sobre estos crímenes, porque entre las víctimas no hay ningún español".

 

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