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La Fiscalía quiere penas de cárcel si los familiares expolian a discapacitados

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El Ministerio Público exigirá que los tutores y los guardadores de hecho rindan cuentas a principio de cada año

Control absoluto del patrimonio de las personas discapacitadas. Mayor castigo para los familiares que se aprovechan de esta situación para enriquecerse. Son dos de las propuestas de la Fiscalía de la Comunitat para controlar que no se produzcan abusos sobre los bienes de los más mayores, en muchos casos, también los más indefensos. Un hecho que con la crisis económica no ha hecho más que agravarse.

El teniente fiscal de la Comunitat Valenciana, Gonzalo López, anunció que se ha pedido que en la reforma del Código Penal -actualmente en el Senado- se excluya la «excusa absolutoria» para los familiares que se enriquecen a costa del patrimonio de sus allegados más cercanos.

No es la primera vez que se producen situaciones de esta «perversidad». Por ejemplo, el caso de una familia que con el número secreto de la tarjeta de crédito de la víctima llegó a quedarse con casi 100.000 euros.

Los buenos resultados de la iniciativa en Valencia han merecido la atención de la Fiscalía General del Estado (FGE), que ha remitido copia del programa piloto al resto de España.

La Fiscalía controla de manera exhaustiva el patrimonio de las personas con discapacidad intelectual, tanto de aquellas que están reconocidas por sentencia como de las que no. De hecho, el 80% de los afectados no tienen sentencia que lo acredite y, por tanto, carecen de un tutor. La Fiscalía exigirá -hasta la fecha era voluntario- que los tutores presenten a principios de año una rendición de cuentas y del estado de salud. Así, se podrá vigilar la gestión de ese patrimonio y los cuidados que recibe.

 

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