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¿Estamos dispuestos o no?

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Desde que la Ley de Dependencia fue aprobada en el Congreso de los Diputados en 2006, hemos asistido a innumerables opiniones y versiones desde todos los ámbitos y sectores, con recomendaciones y propuestas sobre cómo llevar a cabo el desarrollo de la ley en nuestro país, cada uno de ellos creyendo poseer la fórmula auténtica de la solución.

Muchas de las cuestiones planteadas ahora fueron advertidas en su momento por los responsables autonómicos, siendo la financiación uno de los temas más preocupantes. ¿No se pudo o no se quiso escuchar? Manifestar ahora que la Ley de Dependencia ha llegado en el peor momento es un gran error. El problema de la financiación es intrínseco a la propia ley; la crisis económica sólo agrava la situación. La diferencia entre lo que aporta el Ministerio de Sanidad y Política Social y el coste real de los servicios para las Comunidades Autónomas es contundente. Una plaza residencial para una persona mayor valorada con Grado III cuesta a la comunidad autónoma de La Rioja 2.200 euros, aportando el ministerio a la comunidad por esa persona 266,57 euros o 181,26 euros, según el nivel. La misma plaza, ocupada por una persona mayor valorada con Grado II, cuesta a la comunidad autónoma 1.725 euros, siendo la aportación del ministerio por ella, 103,02 o 70,70 euros, según el nivel. Si nos centramos en la gran dependencia en discapacidad (por ejemplo, autismo), una plaza residencial tiene un coste para la comunidad de 3.095 euros. Con esta situación, ¿no es justo que las comunidades autónomas pidan al ministerio una revisión de las cuantías? ¿No es responsable que soliciten mayor financiación?

Pero esa reclamación en ningún caso conlleva que esté justificado que la ley no se despliegue según el calendario establecido con los recursos y prestaciones determinados. Se convierte en un disparate de primer orden el enviar mensajes solicitando su paralización. La ley ha generado derechos a los mayores y a las personas con discapacidad y ha hecho que los servicios sociales se conviertan en el cuarto pilar del Estado de Bienestar. En el ámbito de la responsabilidad de todos no está el mandar este tipo de mensajes desequilibrantes y desmotivadores, que causan mucho daño e inseguridad precisamente a las personas más frágiles.

Es necesario también plantear un nuevo modelo organizativo que debe corregir las situaciones que se dan actualmente, tanto desde la Administración central, como desde las comunidades autónomas y las entidades locales. En este momento el ministerio financia a las comunidades autónomas ayuda a domicilio y teleasistencia a través del Plan Concertado; también federaciones de municipios y provincias (no todas) son financiados para los mismos servicios por el IMSERSO; la convocatoria para programas de cooperación y voluntariado del IRPF contempla para las ONG programas de ayuda a domicilio, teleasistencia, programas para dependientes moderados (curiosamente no cubiertos en la actualidad según el calendario de la ley), ayudas económicas para dependientes... Todo ello incrementa la desigualdad en el acceso a los servicios por parte de los ciudadanos, con diferentes vías de oferta, con diferentes formas de acceso. En estos momentos, coexisten el sistema de servicios sociales con el sistema de la propia ley. En mi opinión, debemos de trabajar porque exista solamente un sistema: el sistema de servicios sociales con derechos para todos. ¿Se debe o no se debe buscar ese otro modelo?

Deben diseñarse mapas autonómicos de inversiones, con el objetivo de planificar de forma eficaz y eficiente y con ello, prestar los servicios en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos. La iniciativa privada debe entender que es necesario ordenar la oferta. No deben hacerse inversiones por otras Administraciones sin la autorización de los gobiernos autónomos. ¿Estamos dispuestos a ordenarlo o no?

 

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