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Condenan a una ONG subvencionada por el Gobierno al quedarse dinero de sus empleados

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Las supuestas irregularidades detectadas en la subvención de 30 millones de euros que el Gobierno ha concedido a la ONG Solidaridad Internacional, que presidió la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, desveladas por ABC, han abierto la espita de otros casos que se están produciendo en diversas ONGs. Unos casos que ponen en cuestión el principio de transparencia que debe presidir la actuación de este tipo de organizaciones en el manejo del dinero.

Si el caso de Solidaridad Internacional todavía no ha sido aclarado ni por el Gobierno ni por los responsables de la organización, hay otros sobre los que ya hay sentencia judicial. Es el que afecta a la ONG Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP) -que ocupa el tercer lugar de las subvencionadas por el Gobierno en el año 2009 con 6.680.181 euros-. Esta organización ha sido condenada por el Juzgado de lo Social número 2 de Madrid a devolver casi 14.000 euros a dos trabajadores, después de que se los descontara de la nómina y abonara un sueldo distinto al que figuraba en sus documentos de pago, según el fallo que obra en poder de ABC, con fecha de 23 de septiembre de 2009.

«Desvío de dinero»

Los afectados han denunciado a ABC que es un «mecanismo de desvío de dinero» que utilizaba esta ONG, que lo justificaba diciendo que era una donación que se depositaba en una cuenta por si venían «malos tiempos». Siempre según estas fuentes, «cuando se preguntaba por el destino (del dinero) nos decían que estaba en una cuenta que sólo manejaba la dirección. En alguna asamblea se llegó a decir que ya tenían tres millones de euros, pero nosotros no lo sabemos». En este sentido, señalan que han presentado una denuncia ante la Oficina Humanitaria de la Comisión Europea para que lo investigue, ya que afirman que las subvenciones son «fondos públicos para un proyecto determinado y el dinero no se puede utilizar para otra cosa».

Los hechos a los que se refiere la sentencia y que han sido relatados a ABC por los afectados se remontan al 15 de junio de 2007, cuando los trabajadores firman un contrato para la realización de un proyecto a desarrollar en Cisjordania (Palestina). En el momento de la firma de este contrato, vigente hasta el 14 de septiembre de 2007, le dicen que tienen que firmar una donación de parte de su sueldo para la ONG. Posteriormente, renuevan el contrato por seis meses y, según los afectados, no se firma la realización de esas donaciones. Concretamente, de un sueldo en nómina de 2.627 euros, los trabajadores afectados recibían 1.154,43 euros. El resto se lo quedaba la organización. Además, también «nos hacían firmar dietas que nunca recibimos».

Una vez que abandonaron esta ONG, dos trabajadores demandaron a ACPP, al entender que les habían quitado dinero de sus nóminas. El tiempo ha terminado dándoles la razón, aunque la sentencia ha sido recurrida.

En su fallo, el Juzgado de lo Social asegura que «las hipotéticas donaciones no respondieron a un acto voluntario y contractual de liberalidad, sino que fueron impuestas y exigidas por la entidad demandada, como requisito necesario para la contratación laboral de dichos actores». Después de practicar las pruebas necesarias, el Juzgado concluye que fue «un requisito unilateralmente impuesto para la contratación laboral» y que «no se trató de un contrato de donación, al faltar la libre relación contractual, no respondiendo a una decisión de liberalidad voluntariamente aceptada por las partes».

«Sin causa justificada»

El Juzgado va más allá y asegura que «se trató de unas detracciones efectuadas de las nóminas salariales de los actores sin causa justificada».

Al quedar demostrado por el fallo que las donaciones no fueron voluntarias, la ONG tendrá que abonar 2.160, 37 euros a uno de los trabajadores y 11.529,12 a otro.

En relación a la otra de las reclamaciones, las dietas que nunca les abonaron, el fallo señala que «el hecho de que la entidad demandada les hiciese firmar hojas de gastos para dar cobertura a determinadas partidas o desembolsos contables de la demanda, puede ser una irregularidad desde el punto de vista del funcionamiento financiero o contable de dicha entidad, pero no significa que se dejasen de abonar a los actores».

Los afectados critican la respuesta que la Coordinadora de ONGs da a casos como estos, «en realidad es un lobby para tapar a sus miembros, en vez de denunciar a los que hacen las cosas mal».

 

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