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Presión del Gobierno a las ONG para que frenen el escándalo de las subvenciones

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Las informaciones publicadas por ABC en relación con las supuestas irregularidades cometidas por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación en la adjudicación de 30 millones de euros a la ONG Solidaridad Internacional, que presidió la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, ha desatado el nerviosismo en el Gobierno. Un nerviosismo que fue creciendo después de que este periódico hiciera públicas nuevas adjudicaciones a instituciones vinculadas al PSOE.

Ante el aluvión de datos y la ofensiva iniciada por el PP en el Congreso y el Senado, el Gobierno ha decidido buscar el respaldo de las ONG, a las que la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (Aecid) convocó el pasado martes a una reunión. Un encuentro previo a la pregunta que el PP le hizo en la sesión de control al Gobierno en el Congreso al día siguiente, y con la que intentaron que el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Angel Moratinos, explicara las posibles ilegalidades cometidas con Solidaridad Internacional.

Fuerte malestar

La reunión, según las fuentes consultadas por ABC, tenía como objetivo buscar el apoyo de estas organizaciones a la política y a los criterios de concesión de subvenciones que aplica el Gobierno. Con este respaldo pretendían hacer ver que no había malestar entre las ONG, como así desveló ABC. Pero lo cierto es que a esa reunión no se convocaron a todas las ONG y el malestar es más que patente.

Después de este encuentro, en la que se pidió apoyo, la Coordinadora de ONG hizo pública una nota en la que pedía a los partidos políticos que sacaran de la batalla política la concesión de adjudicaciones y los criterios que se aplican, ya que entienden que la política de cooperación está basada, a su juicio, en el consenso de todas las fuerzas políticas. Algunas fuentes apuntan que la nota es fruto de esta presión del Gobierno. En este sentido, el PP ha dejado claro que sus críticas no se dirigen ni a las ONG, ni a la política de subvenciones, sino a las irregularidades que, a su juicio, se han cometido con la subvención de 30 millones a Solidaridad Internacional. Como señaló el PP en el Parlamento, el Gobierno concedió 30 millones a Solidaridad Internacional, cuando el máximo es de 20 para el capítulo de convenios para el desarrollo, incumpliendo la Ley de Subvenciones y la Ley General Presupuestaria.

Hasta ahora, el Gobierno sólo se ha defendido de las acusaciones del PP a través de las ONG, ya que todavía no ha aclarado las circunstancias que han rodeado la concesión de esta adjudicación. La explicación la dará el 13 de abril la Secretaria de Estado de Cooperación, Soraya Rodríguez, en la comparecencia ante la Comisión de Cooperación del Congreso. Esta comparecencia fue pedida por PP, después de conocer las subvenciones concedidas a Solidaridad Internacional, y aceptada por la secretaria de Estado.

Pero no es este el único frente en el que se librará la batalla por la transparencia de las subvenciones en materia de cooperación, ya que el Grupo Popular también ha abierto un nuevo frente en el Senado. Así, el pasado día 24, solicitaron la comparecencia de la directora general de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Elena Madrazo, en la Comisión de Cooperación Internacional. El objetivo de la petición de comparecencia es que en el PP están convencidos de que se «ha vulnerado la normativa y la Ley General de Subvenciones».

Pero el PP no esta sólo, ya que el pasado día 23, el Congreso de los Diputados apoyó una proposición de ley para dar más transparencia a este tipo de organizaciones sin ánimo de lucro.

 

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