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El control de las residencias aumentará con un registro común para todo Euskadi

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El Gobierno vasco quiere negociar con las diputaciones para que las adjudicatarias de los servicios cumplan los mismos requisitos

EL CORREO | BILBAO.

El Gobierno vasco y las diputaciones negociarán esta primavera la creación de un registro de entidades del 'tercer sector' común para todo Euskadi, una relación oficial en la que tendrán que figurar las sociedades con o sin ánimo de lucro que cuidan a personas dependientes tanto en residencias y centros de día como a través de la teleasistencia y la ayuda a domicilio. Para acceder a ese listado, que servirá para unificar el control sobre esas entidades, habrá que cumplir unos requisitos económicos, técnicos y de plantilla que el Ejecutivo autónomo quiere que sean similares en las tres provincias vascas. Y es que, hasta ahora, cada gobierno foral tiene su propia lista, en la que deben aparecer las empresas dedicadas a la atención social en cada territorio histórico.

La idea de crear un nuevo registro de ámbito autonómico que englobe a todos los organismos que atienden a colectivos protegidos en Euskadi, desde ancianos a menores o drogodependientes, está contemplada en la Ley de Servicios Sociales aprobada en 2008 por el Parlamento vasco. No obstante, su puesta en marcha reviste una gran complejidad, ya que la responsabilidad de gestionar, adjudicar y controlar las prestaciones sociales está repartida entre las administraciones autonómica, foral y municipal.

En principio, no existen problemas para que el futuro listado incluya a las sociedades que desarrollan actividades de las que es titular el Gobierno vasco: la teleasistencia, la mediación familiar y los puntos de encuentro para padres divorciados. Ahora bien, las diputaciones también estarán obligadas a volcar sus datos sobre las compañías que cubren servicios de competencia foral; entre ellos, las residencias para personas mayores, los centros de día y la ayuda a domicilio (aunque de esta última se ocupan los ayuntamientos).

La dificultad estriba en que la actual Ley de Servicios Sociales no dice que los requisitos para acceder a los registros forales deban ser los mismos en cada territorio histórico. El Departamento de Empleo y Asuntos Sociales cree que, para elaborar una lista común para el País Vasco, lo «lógico» sería homogeneizarlos, según explicó un portavoz. Sin embargo, antes de elaborar un decreto sobre esta cuestión, está manteniendo conversaciones periódicas con las diputaciones y con la Asociación de Municipios Vascos (Eudel). «La falta de acuerdo sobre este punto fue uno de los motivos que impidió que la anterior Ley de Servicios Sociales de 1996 llegara a aplicarse de forma efectiva», admiten responsables de la consejería de Gemma Zabaleta.

Información dispersa

De todos modos, aunque a las empresas del 'tercer sector' se les exija o no lo mismo en los tres territorios históricos, agruparlas en un listado general permitirá, al menos, organizar la información dispersa sobre los servicios sociales, un campo que necesita planificación pública y en el que las empresas privadas y los grupos de inversores han visto expectativas de negocio desde que fue aprobada Ley de Dependencia. En la actualidad, el cuidado de las personas mayores y el servicio doméstico son las únicas actividades que demandan trabajadores, aunque en las empresas que los contratan son frecuentes los conflictos sindicales debido a los bajos salarios, a las condiciones laborales y a las polémicas sobre los estándares de calidad del servicio.

Los contactos de las instituciones sobre qué requisitos deberán exigirse a tales sociedades para entrar en los registros públicos tienen ese telón de fondo. Y más aún cuando los expertos aconsejan luchar contra el paro aprovechando los 'yacimientos de empleo' que están surgiendo alrededor de las nuevas prestaciones sociales públicas, un abanico de ocupaciones que antes eran cubiertas por asociaciones altruistas -cuidado e inserción de discapacitados, drogodependientes, inmigrantes-, pero que ahora se han convertido en derechos exigibles ante las instituciones.

«El gasto social es una inversión que produce 'retornos' en impuestos y cotizaciones», argumentan en el Gobierno vasco. La atención social en todos sus ámbitos genera entre 30.000 y 40.000 empleos en Euskadi, descontadas la Sanidad y la economía sumergida. De los primeros, unos 18.000 corresponden a entidades sin ánimo de lucro que se ocupan de áreas tan diversas como los ancianos, la exclusión social o la cooperación internacional. Esos grupos reclaman que las administraciones les reconozcan la experiencia que han acumulado durante décadas.

En teoría, tienen prioridad en las concesiones de servicios públicos, pero siempre que su oferta iguale a la mejor. Tal condición no ha gustado en absoluto a las ONG, ya que en los concursos deben competir con grupos empresariales, algunos de ellos tradicionalmente vinculados a la tercera edad y otros que han aparecido en los últimos años procedentes del mundo de los seguros o la construcción. Un caso llamativo es ACS, entidad presidida por Florentino Pérez, que a través de la filial Clece se ha adjudicado la ayuda a domicilio de la mancomunidad vizcaína del Duranguesado.

En el Departamento de Asuntos Sociales reconocen que el desembarco de negocios privados en el 'tercer sector' se ha producido en Euskadi algo más tarde que en otras comunidades, «quizá porque aquí teníamos una red asociativa relativamente sólida que ocupaba ese espacio». Un ejemplo de esa 'cultura asociativa' lo constituyen las 60 entidades sin ánimo de lucro agrupadas en el colectivo Hirekin para defender el papel de las ONG.

De forma paralela, se han creado otras dos organizaciones, EAPN-Euskadi y Reas, especializadas en la exclusión social. Al igual que Hirekin, están pendientes del marco jurídico que establezcan las instituciones para entrar en el registro del 'tercer sector' de Euskadi. «No pueden ponernos las mismas condiciones que a las sociedades con ánimo de lucro», sostienen en Hirekin.

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