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16 municipios y seis ONG permiten ya cumplir condena a través de trabajos para la comunidad

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Una media de 480 sentencias judiciales al mes obligan a la Delegación del Gobierno a movilizar a los ayuntamientos para que ofrezcan plazas para cumplir condenas por medio de Trabajos en Beneficio de la Comunidad (TBC). Un total de 16 ayuntamientos acogen a estos condenados para que paguen su deuda social con trabajos de diversa índole, sobre todo tareas de limpieza viaria o de playas, mantenimiento de parques o pequeñas reparaciones, aunque para los que cuentan con más formación se les ofrece la posibilidad de realizar trabajos de administración. Los ayuntamientos más aventajados han sido el de Molina de Segura, con 142 plazas, y San Pedro del Pinatar, con 72. El alcalde, José María García, firmó ayer el convenio con el delegado del Gobierno, Rafael González Tovar, para recibir a 72 personas que trabajarán durante un mes en diferentes tareas para cumplir su condena.

Esta solución se ofrece a personas sobre las que pesa una sentencia en contra por delitos leves, en el 85% de los casos contra la seguridad vial y el resto por violencia de género, principalmente. «Han cometido alguna falta y, en vez de cumplir cárcel, hacen trabajos por la comunidad y les sirve de periodo de reflexión», explicó el director de la prisión de Sangonera, Francisco Marín. En la actualidad suman 4.861 las peticiones pendientes de su centro para cubrir plazas de TBC. De las 637 sentencias ejecutadas en 2008, el número ascendió al año siguiente hasta las 2.402.

 

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