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Tras dos años, Ejecutivo peruano reanuda Consejo Nacional de Derechos Humanos

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El Consejo Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh ), ente gubernamental encargado de analizar las políticas del Estado respecto a los derechos humanos, reanudó hoy sus sesiones después de casi dos años, informó una nota oficial.

Creado por el Estado mediante decreto supremo en 1986, como un organismo cuyo objetivo era vigilar el cumplimiento de estos derechos, la última sesión del Cnddhh hasta hoy viernes se había realizado el 7 de mayo de 2008.

"Nosotros hemos dispuesto que se retomen estas reuniones que son muy importantes, y que además aprovechando la visita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se conforme una comisión especial para organizarlo", afirmó al termino de la reunión el ministro peruano de Justicia, Aurelio Pastor, quien además es presidente del Cnddhh.

En la reanudación de dicho organismo estuvieron presentes los ministros de Relaciones Exteriores, José Antonio García Belaunde; Salud, Oscar Ugarte; Interior, Octavio Salazar; Defensa, Rafael Rey, así como la Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, en calidad de observadora.

Durante esta primera reunión también se acordó que se incorporen al Consejo representantes de los ministerios de Trabajo, Ambiente y Energía y Minas, así como la Conferencia Episcopal Peruana y la ONG Coordinadora Nacional de Derechos Humanos como observadores.

También se fijo que en la próxima reunión se verán los avances referidos al Plan Nacional de Derechos Humanos 2006-2010.

"Hoy hemos hecho una sesión especial, han venido los titulares de los sectores pero las otras sesiones regulares ya serán con los representantes como lo manda la disposición", explicó Pastor.

Por su parte, la Defensora del Pueblo saludó el reinicio de las sesiones del Cnddhh y pidió que se incorpore a la agenda del mismo la designación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, establecido por el Convenio Contra la Tortura firmado por Perú y cuyo plazo de creación venció en octubre de 2007.

Dicho instrumento, afirmó Merino, permitiría mejorar las condiciones de detención de las personas privadas de libertad y prevenir tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes.

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