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Dependientes en espera

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En España todo lo que toca el Gobierno, incluida la gestión de la dependencia, lo arruina. Con excepción de la venta de armas, que creció el primer semestre del 2009 un 64%, lo demás se torna ruinoso en manos del Ejecutivo socialista. Lo cual no deja de ser llamativo para aquellos que accedieron al Gobierno tras la pancarta del “No a la guerra” y que acaban de enviar a Líbano a la Legión, que solo sepan administrar con éxito la industria armamentística nacional, algo es algo.

Pero volviendo a quienes más lo necesitan, las personas mayores y aquellas con discapacidad que tienen limitada su autonomía y llamamos dependientes, sufren hoy el fracaso del no nacido sistema nacional de dependencia. Así, cuando comienza el cuarto año de vigencia de la ley que debía atender a este colectivo, 523.000 continúan en lista de espera y docenas de miles han fallecido antes de ser atendidos.

Todo ello en un año en que el IVA para la prestación de servicios y asistencia social va a subir del 7% al 8%, y el presupuesto del Ejecutivo central para la dependencia ha caído casi un 20%. Lo que supone encarecimiento de las prestaciones y menores recursos para atenderlos. Sindicatos, empresarios, asociaciones representantes de personas con discapacidad y mayores y la mayoría de grupos parlamentarios, que dieron su apoyo a esta norma, han manifestado ya públicamente su desencanto. El tiempo medio de espera desde la solicitud hasta la recepción de la ayuda llega a alcanzar los 18 meses, y lo que es peor, con la ley no sólo no se han reducido las desigualdades territoriales preexistentes en la atención a las personas dependientes sino que se han acrecentado.

A estas desigualdades se suma la falta de calidad, ya que se han generalizado, en algunas autonomías que tienen gobierno socialista, los cuidados informales, circunstancia que la ley pretendía evitar y contemplaba solo de una forma excepcional.

Por tanto, no admite demora una revisión de la ley que garantice servicios comunes en el conjunto nacional, que armonice la atención a las personas dependientes al margen del lugar en el que vivan, y que simplifique un procedimiento que ralentiza, hasta convertir en inservible, una ley que tenía, sin duda, las mejores intenciones.

 

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