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Israel pone fin al año de activismo de Ariadna Jové

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La española será expulsada cuando se dicte sentencia

J. M. M. / N. G. - Jerusalén

Se acabó. Ariadna Jové, la activista del Movimiento de Solidaridad Internacional detenida por el Ejército israelí en Ramala la madrugada del domingo, abonó ayer la fianza de 3.000 shekels (580 euros) y quedó en libertad tras comparecer ante el Tribunal Supremo israelí y después de que la fiscalía admitiera que la aprehensión fue ilegal. Se acabó un año de activismo. De acompañar a campesinos palestinos a recoger la aceituna para protegerlos de violentos colonos judíos que disfrutan de impunidad o de protestar ante el muro en Naalin, el pueblo en el que residió seis meses después de que en 2008 visitara por primera vez los territorios ocupados. En cinco días, la Corte dictará sentencia. Fuentes diplomáticas aventuran el final: Será colocada en un avión rumbo a España.

No importa que la detención de Jové y la australiana Bridgitte Chappell sea ilegal o que el abogado de la joven asegure que las fuerzas de seguridad no tienen derecho a practicar detenciones en las zonas de Cisjordania bajo jurisdicción de la Autoridad Palestina. Tarraconense de 25 años y estudiante de Geología, Ariadna pasó una noche de cárcel por primera vez en su vida. "Cuando vi los jeep del Ejército me lo olí. Unos 15 soldados entraron apuntándonos con sus armas. Nos exigieron que empaquetáramos y se llevaron la documentación", relataba la noche del domingo desde la prisión de Ramla. "Había 11 mujeres inmigrantes en el módulo, algunas filipinas, una ecuatoriana", añadía antes de prometer: "Seguiré luchando...".

Puede apelar. Pero no es probable que vuelva a Naalin.

La detención se enmarca en una feroz campaña contra organizaciones que airean los permanentes atropellos contra civiles palestinos. Las ONG, tanto israelíes como extranjeras o palestinas, son la diana. Como denuncian esas asociaciones -con más contundencia las dirigidas por israelíes-, más bien parece que el Gobierno hebreo no quiere voces que denuncien, ni ojos que vean. Human Rights Watch hablaba ayer de "intolerancia oficial" y de "amenaza a la sociedad civil".

Además de que infinidad de cooperantes han dejado de recibir permisos de trabajo, los abusos son cotidianos: confiscaciones de ordenadores en sus oficinas; prohibición de manifestaciones; arrestos nocturnos de activistas palestinos; prohibición de viajar al extranjero a profesores palestinos; expulsión de algún periodista, y procesos judiciales emprendidos en Europa para secar la financiación de las ONG son los caballos de batalla en los que pelea el Gobierno derechista de Netanyahu y asociaciones israelíes inclinadas hacia la extrema derecha.

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