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ONG estiman que 3.000 familias quedarán sin ninguna ayuda con la ley de renta básica

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Alrededor de 3.000 familias podrían quedar fuera de cualquier tipo de protección social si se llevafamilia2 adelante la nueva regulación que propone el Gobierno foral para el acceso a la renta básica, tal y como denuncian las entidades sociales que trabajan en Navarra que, a su vez, recuerdan que la inmigración es el colectivo más vulnerable y paradójicamente el chivo expiatorio de los recortes que han sucedido a la crisis.

De las 6.115 familias que percibían esta ayuda básica el pasado mes de junio (se espera que se alcancen las 9.000 unidades beneficiarias a finales de año), el 52,4% son inmigrantes, un 14,9% de etnia gitana y 1,3% de origen "trasmontano". En este momento, la inmigración ilegal alcanza al 18% del colectivo inmigrante que percibe esta ayuda y el 10,61% de todas las familias perceptoras. Asimismo, complementa prestaciones por desempleo o rentas de trabajo en 2.739 casos, y el 45,8% de los destinatarios no tienen familia a su cargo, según datos del departamento de Política Social. Por otro lado, hay más de 4.500 expedientes sin resolver. De este modo, hay un colectivo importante de solicitantes que está a la espera de que se resuelva su solicitud. Si se aprueba la nueva ley, los extranjeros que a partir del próximo año quieran acceder a esta prestación de 641,40 euros mensuales para unidades unipersonales deberán acreditar tener residencia legal y de manera "continuada y efectiva en Navarra" durante dos años (24 meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud). Dos años de residencia en lugar de los doce meses actuales, y un permiso de residencial legal que hasta ahora no se exigía a las personas inmigrantes para poder cobrar la ayuda.

Según datos de Política Social, a 30 de septiembre Navarra contaba con 7.239 unidades perceptoras con un total de 16.939 personas beneficiarias. El gasto foral comprometido hasta ese momento era de más de 27,5 millones sobre una partida de 29 millones y la previsión que se maneja de gasto para finales de año es de 36,7 millones. En el presupuesto de 2012 se ha previsto una partida de 28 millones, inferior al gasto total de 2011 para lo que se alega que ahora hay incumplimientos de los requisitos, economía sumergida y empadronamientos fraudulentos.

desprotección Para Ubaldo González, responsable de la Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión, hay tres aspectos que preocupan especialmente de una regulación enfocada, señala, únicamente a "un recorte de gastos y no a atender a las personas que tienen necesidades para que puedan mantener un nivel adquisitivo que les permita pagar el coste de una vivienda o alimentarse". Por un lado, la propia definición de ayuda "puntual y denominarla renta de inclusión social" pone en cuestión una prestación hasta ahora garantizada por ley y en la que, matiza, apenas existe fraude como así lo demuestran las inspecciones realizadas.

Asimismo, al imponer el criterio de regularidad (papeles) como control sobre los inmigrantes, más de 900 hogares perceptores, un 10% de los actuales beneficiarios quedarían fuera de cobertura social. La nueva ley perjudica a "gente que lleva más de un año viviendo en Navarra y deja desprotegidas a unas 3.000 personas que sobreviven en la Comunidad Foral gracias a esta ayuda y que no tienen alternativas, entre las que se encuentran menores".

Asimismo, la medida, reiteran las ONG, no tendrá carácter retroactivo de manera que todas aquellas solicitudes que no se hayan aprobado todavía verán aplicados los nuevos criterios restrictivos, al igual que cada una de las renovaciones que han entrado en el sistema de ayuda social. Por otro lado, destacan que hay una "indefinición total" sobre la cuantía de esta renta ya que queda al albur de la consignación presupuestaria de cada año y no sujeta al Salario Mínimo Interprofesional como hasta ahora. Igualmente, anualmente se va reduciendo la prestación en un 10% de tal modo que a los trece meses el adjudicatario percibirá un 90% y a los 24 meses un 80% en el caso de que se le conceda. Por estas razones, la Red está preparando alegaciones al proyecto normativo que se espera refrendar en el Parlamento a finales de año para que entre en vigor a partir del 2012.

aplicación "rígida" Desde Cáritas, su responsable Ángel Iriarte destaca que la mayor preocupación de esta entidad benéfica es el grupo de personas sin papeles que están percibiendo una renta básica y que cifran en torno a un millar de familias. Muestran también inquietud ante una posible aplicación "rígida" de la norma entre los llamados perceptores coyunturales (situaciones derivadas del desempleo), con los 24 meses de residencia obligatoria, porque "hay cantidad de gente que estaba trabajando hasta hace cuatro días, gente que se encuentra en una situación normalizada u que se va a quedar sin ninguna prestación".

Entiende además que "habría que dejar una puerta abierta a determinadas situaciones. No es lo mismo un joven adulto solo, que un matrimonio con seis hijos...". "Nuestro temor es que, entre las percepciones que se acaban y el abismo solo está Caritas y nosotros no somos capaces de sustituir al departamento de Política Social. Ni podemos solucionar el problema de la vivienda a 1.500 unidades familiares", alega quien recuerda que, además, el Gobierno mantiene una deuda de más de 800.000 euros con esta entidad por las rentas que viene adelantando Cáritas para casos de emergencia: 160 unidades a la semana. "Cuando se priorizan los recortes, hay que ver de dónde recortamos", apostilló.

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