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Una ONG denuncia a España por negar protección a una víctima de trata de mujeres

Escrito por diagramgen on . . Visitas: 290

elmundo

La ONG Women's Link Worldwide ha denunciado a España ante el Tribunal Europeo de02-06-2012ja1 Derechos Humanos por negar protección a una joven latinoamericana víctima de trata de mujeres con fines de explotación sexual. Leticia fue detectada en España estando en situación irregular e internada en el Centro de Internamiento (CIE) de Aluche para ser deportada, sin que se investigaran sus circunstancias.

Así lo ha explicado la directora Ejecutiva de la organización, Viviana Waisman, en la presentación del informe 'Mujeres en los CIE: Realidades entre rejas' en el que la ONG documenta las violaciones de derechos humanos y la discriminación por razón de género que sufren las internas en los CIE.

Según el estudio, en 2005 Leticia (nombre ficticio) se encontraba en una "situación económica difícil" cuando la familia política de su hija le ofreció trabajo en Italia. Ella aceptó, le organizaron todo el viaje y al llegar al país "se quedaron con su pasaporte y fue obligada a prostituirse a cambio de dinero para pagar la deuda contraída por el viaje". Tras varios meses de explotación "extrema", consiguió huir y terminó en España.

Sin embargo, fue detectada en situación administrativa irregular por la policía e internada en el CIE de Aluche, (Madrid), desde donde se intentó deportarla dos veces y en ambas se resistió físicamente. Ante la inminencia de ser devuelta a su país, "donde le esperaban los tratantes que la habían amenazado por huir sin pagar la deuda", denunció ante las autoridades españolas, su situación y se ofreció a colaborar.

"Ni la policía, ni la administración ni los tribunales hicieron caso a las denuncias del peligro para la vida e integridad que había expresado", lamenta la ONG. La coordinadora del informe y abogada Paloma Soria afirma que fue liberada y "vive amenazada ante una posible expulsión" porque no tiene papeles, "no recibe ninguna ayuda del Estado" y "no se ha investigado" su denuncia.

Este es uno de los casos que recoge este informe, basado en entrevistas realizadas entre 2010 y 2012 a 45 internas, 15 ONG, los jueces de control, los directores de los CIE y el secretario de Estado de Seguridad.

El derecho a la salud, vulnerado

Especial mención merece también la asistencia sanitaria. "Horario limitado de la consulta, utilización de un sistema de cupo diario para la atención médica, distancia física del personal médico en los reconocimientos y falta de servicio de traducción" son algunas de las críticas más comunes.

El texto señala que esta falta de acceso a la salud se acusa aún más atención sexual y reproductiva. Así, afirma que las embarazadas no reciben una atención especializada y no se les practican los controles preceptivos para garantizar su salud y la del feto. Tampoco se les informa sobre los supuestos en que pueden acceder a la Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Christine, una subsahariana que llegó a España embarazada de cinco meses, cuenta que tuvo que "dormir tres días con una manta en el suelo del centro del puerto de Motril" y que tiene una enfermedad de transmisión sexual y no ha sido "tratada adecuadamente".

Otra embarazada, Thèresè fue encontrada por las entrevistadoras en precario estado de salud: "Vomitaba constantemente y apenas podía mantenerse en pie". Sólo tras denunciar su caso ante Cruz Roja, fue llevada al hospital.

Ana, del CIE de Málaga, critica el racionamiento de las compresas higiénicas e incluso del agua: una botella al día. La interrupción de determinados tratamientos médicos es otra de los 'daños colaterales' de entrar en un CIE.

Sobre la atención médica, el Gobierno afirma en el informe que en todos los centros se realizan revisiones médicas cuando entra un interno para descartar patologías infecto-contagiosas, lesiones y alteraciones físicas y psicológicas. El acceso de los internos al servicio médico es libre y voluntario y si se precisa atención fuera del horario establecido, la persona interna es derivada a servicios de urgencia de la localidad.

Mala alimentación y discriminación

La alimentación es "insuficiente" para la mayoría de las entrevistadas, quienes se quejan también del trato vejatorio que reciben por parte de la policía y de las condiciones "carcelarias" que sufren.

De las entrevistas se deducen también ausencia de intimidad y violencia sexual, entendida como "todo acto sexual, tentativa de consumarlos, insinuaciones sexuales no deseadas, o acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra...".

La discriminación por cuestión de género queda patente en hechos como disfrutar de un menor tiempo de recreo en el patio que los varones. Menores y peores espacios comunes y de ocio, tener que ocuparse de las tareas de limpieza (Valencia) o internamiento de mujeres lactantes. Además, el estudio sostiene que sus necesidades concretas en materia de salud sexual y reproductiva "no son tomadas en cuenta" y que son discriminadas por su orientación sexual.

Ante esta situación, Women Links pide al Gobierno que adopte las medidas opportunas para garantizar los derechos de los internos.

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