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ONG españolas denuncian el 'tijeretazo social' del Gobierno ante la ONU

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elmundo

Varias ONG españolas han presentado dos informes ante el Comité de Derechos08-05-2012ja2 Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (DESC), en los que alertan sobre la posible vulneración de compromisos internacionales en materia de Derechos Humanos.

En una iniciativa sin precedentes, Amnistía Internacional y 19 organizaciones de diversa índole, representadas por la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH), el Centro por los Derechos Económicos y Sociales (CESR) y el Observatorio de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales denunciaron ante el comité la "grave amenaza" que, a su juicio, suponen los recortes presupuestarios del Gobierno.

Las ONG se muestran consternadas por las medidas regresivas y discriminatorias que afectan a derechos sociales. Insisten en que es precisamente en la actual situación de crisis económica, cuando los gobiernos deben hacer el máximo esfuerzo posible para garantizar los derechos sociales básicos de quienes sufren el brutal impacto de la crisis. Las organizaciones consideran que, además, deben rendir cuentas sobre las medidas que están empleando, para garantizar estos derechos.

Según Marta Mendiola, de Amnistía Internacional España, "vivimos un momento preocupante. No deberíamos permitir que la crisis económica se traduzca en una crisis de derechos humanos, pero es lo que está sucediendo".

Ignacio Sáiz, Director Ejecutivo del Centro por los Derechos Económicos y Sociales (CESR, en siglas inglesas), afirma que "mientras la pobreza y la desigualdad están en aumento se recorta el gasto social, afectando así derechos básicos como el derecho a la educación, a la salud y a una vivienda adecuada".

Asimismo, Vanesa Valiño, directora del Observatorio DESC, recuerda que los retrocesos en materia de derechos sociales, impulsados por el Gobierno, suponen "una vulneración del principio de no regresividad". Además señala "la deficiente rendición de cuentas por parte del Estado y la ausencia de mecanismos para la participación real y efectiva de la sociedad civil en la toma de decisiones en materia económica y social".

Preocupaciones a nivel social

Con respecto al derecho a la vivienda, las organizaciones han denunciado que la respuesta de las autoridades ha sido insuficiente para evitar que miles de familias sean desalojadas sin garantía de protección.

Frente a esta realidad, reclaman prohibir de manera efectiva los desalojos forzosos. Y, en el caso de que estos sean ineludibles, recuerdan la obligación de los poderes públicos de proveer un realojo adecuado a las personas que lo necesiten y de implicar a los afectados en las decisiones que les afecten, de acuerdo a la normativa internacional.

En cuanto al derecho a la salud, tanto física como mental, los representantes de la sociedad civil piden que se evalúe el impacto de cualquier recorte o medida anticrisis. Consideran necesario que se asegure que los requisitos para acceder a los servicios médicos no crean barreras de acceso.

En este sentido, las ONG muestran una gran preocupación ante la reciente reforma sanitaria, con la que sólo se prestará atención sanitaria a las personas migrantes mayores de edad en situación irregular, en casos de urgencias y asistencia al embarazo, parto y posparto.

Los informes señalan que esta decisión supone un retroceso de más de una década en el disfrute del acceso a la salud de un colectivo que se encuentra en una situación de gran vulnerabilidad. Incluso llegando a poner en peligro su derecho a la vida.

Además, lamentan la desprotección de la población trabajadora que suponen las reformas laborales y alertan sobre la problemática del desempleo masivo.

Las ONG muestran su inquietud por la falta de adecuada protección a las víctimas de la violencia de género. En este campo, consideran que se debe garantizar la implementación de las leyes existentes.

Además, consideran que el Gobierno debe, en coordinación con las comunidades autónomas, marcar unos criterios comunes de servicios públicos básicos de asistencia a mujeres afectadas por la violencia. Añaden que, en ningún caso, esos mínimos deberían verse afectados por los recortes.

Las organizaciones han planteado su preocupación por los significativos recortes financieros a la cooperación internacional para el desarrollo. Consideran necesario un modelo centrado en la lucha contra la pobreza y la consecución de los 'Objetivos de Desarrollo del Milenio'.

Otro gran eje de preocupaciones es el que afecta a la discriminación que sufre la población gitana, el colectivo inmigrante, las personas con discapacidad, el colectivo LGBT y las personas que sufren discriminación por motivos de género y edad. Todo ello al intentar acceder a derechos básicos como la educación, el empleo o la vivienda.

Obstáculos para acceder a la Justicia

Esta discriminación, según la AEDIDH, se debe a dos factores: por un lado, "las víctimas carecen de información sobre las vías para obtener reparación y se enfrentan a numerosos obstáculos en el acceso a la justicia".

Por otro, "no existe una política sistemática de recolección y seguimiento de datos sobre discriminación, a pesar de la importancia fundamental que estas herramientas tienen para combatir la discriminación".

Los informes presentados por las ONG ante el Comité DESC apuntan a que el actual retroceso en materia de derechos sociales, se corresponde con un insuficiente reconocimiento en la Constitución (en donde se consagran como meros principios rectores, en lugar de como auténticos derechos fundamentales).

Denuncian un desarrollo legislativo insuficiente de los mismos. Ello hace, a su juicio, que el acceso a un recurso judicial efectivo y a la reparación por las violaciones a estos derechos constituyan una asignatura pendiente.

El Comité DESC

El comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (vivienda adecuada, salud, trabajo digno, educación de calidad, entre otros) es el encargado de supervisar diches derechos, reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) de 1966, ratificado por el Estado español en 1977.

Cada año, diversos países acuden ante este comité a rendir cuentas sobre el cumplimiento de las obligaciones del Pacto. Este año, España está entre los países examinados, por primera vez en ocho años y el próximo día 20 el Comité DESC formulará sus recomendaciones sobre sus politicas.

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