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Exigen ONG esclarecer muerte de activista

Escrito por diagramgen on . . Visitas: 230

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Organizaciones civiles demandaron a las autoridades que se esclarezca el artero crimen del19-03-2012JA2 activista Bernardo Vásquez Sánchez, dirigente de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO), perpetrado el jueves, que consideran está relacionado con la defensa que ha realizado el grupo contra la empresa minera Cuzcatlán S.A de C.V. -filial de la canadiense Fortuna Silver Mines-, quienes desde 2006 iniciaron sus operaciones en el Municipio de San José del Progreso, Oaxaca.

Las ONG responsabilizaron al gobierno de Gabino Cué de no haber tomado medidas para impedir los constantes ataques contra los integrantes de la CPUVO, en medio de un conflicto en el que cuatro personas ya perdieron la vida, y en el que se han registrado diversos enfrentamientos.

El Centro ProDh, el Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, el Centro de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño, la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca, la Convergencia de Movimientos de los Pueblos de las Américas (COMPA) y el Movimiento Campesino Regional Independiente Coordinadora Nacional Plan de Ayala entre otras emitieron una carta pública en el que demandaron justicia en este caso.

Recordaron que desde 2010 la CPUVO presentó numerosas peticiones a diferentes instancias de gobierno y de derechos humanos, "advirtiendo de actos represivos de las autoridades municipales y posibles hechos violentos en contra de las comunidades de Cuajilotes, Maguey Largo, Magdalena Ocotlán, San Matías Chilazoa. Nuevamente la respuesta del gobierno estatal fue la indiferencia y el silencio".

Vázquez Sánchez fue asesinado el jueves pasado por un grupo armado, que además dejó lesionados de gravedad al hermano del activista Andrés Vázquez y a Rosalinda Dionisio Sánchez.

Esta muerte provocó la reacción de las organizaciones que exigieron una investigación que impida que este hecho quede impune, como ha sucedido con otras agresiones perpetradas en contra de defensores de derechos humanos.

En su misiva señalaron que: "la actitud pasiva y de oídos sordos del gobierno del estado de Oaxaca nos llena de indignación ya que los enfrentamientos y muertes ocurridos desde 2010 pudieron haberse evitado".

Agregaron que "las preguntas que nos hacemos son: ¿qué es lo que sigue?, ¿cuántas personas más tienen que perder la vida para que se tomen cartas en el asunto?, ¿el gobierno del estado seguirá minimizando el conflicto de San José del Progreso a un problema intercomunitario o a un conflicto post electoral?

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