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ONG: la crisis no anula la responsabilidad del Estado sobre derechos humanos

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elmundo

Ninguna crisis económica y financiera mundial disminuye la responsabilidad de las autoridades05-02-2011JA2 estatales y de la comunidad internacional en el respeto de los derechos humanos". Esta era la advertencia del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas a los Estados miembros en 2009. También la de las ONG que han decidido mandarle una carte abierta a Rajoy para recordarle la obligación del Estado de salvguardar los derechos humanos.

Amnistía Internacional, el Centro por los Derechos Económicos y Sociales (CDES) y el Observatori DESC cuentan que más de 42.200 familias se han enfrentado al desahucio en los 9 primeros meses de 2011, por no poder satisfacer el pago de la hipoteca o del alquiler. "Y ahora se anuncian recortes en la sanidad pública y merma en la atención de las mujeres víctimas de violencia de género". Datos como estos han llevado a las tres organizaciones a dirigirse por carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para recordarle que, en el contexto de la crisis económica, no puede olvidar las obligaciones del Estado español de respetar los derechos económicos, sociales y culturales.

Qué reclaman

"El acceso a una vivienda digna, la posibilidad de gozar del máximo nivel de salud, así como de disponer de una educación de calidad son derechos humanos que España tiene la obligación de garantizar. Esto debe tenerse en cuenta a la hora de diseñar cualquier medida que se pueda poner en marcha en respuesta a la actual crisis económica", ha señalado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

Las ONG le han recordado al presidente del Gobierno que, al suscribir el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), España se ha comprometido a usar "el maximo de los recursos de que disponga" en el cumplimiento progresivo y sin retrocesos para lograr la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales.

España tiene, por tanto, entre otras, "la obligación de asegurar, incluso en épocas de graves limitaciones de recursos económicos, que se ha hecho todo lo posible para garantizar estos derechos, destinando el máximo de los recursos disponibles". Y, según la carta abierta, también a proteger a las personas que pertenecen a grupos especialmente vulnerables o que sufren discriminación, así como a llevar a cabo una evaluación del impacto que la reducción del gasto público puede tener en estos colectivos vulnerables. "El Estado tiene que asegurar,antes de su aplicación, que las medidas de recuperación económica no agravan aún más su situación".

Respeto por los derechos humanos

Para las tres ONG es fundamental que el respeto de los derechos humanos sea tenido en cuenta, no sólo en las leyes o medidas que se vayan a poner en marcha, sino también durante el proceso de esa toma de decisiones. "Pedimos al Gobierno que explique ampliamente y de forma fácilmente entendible a la ciudadanía qué medidas va a proponer, y que establezca mecanismos de participación. De esta manera, cumpliría con su obligación de respetar el derecho a participar en la vida pública, recabar y recibir información que tiene el conjunto de la ciudadanía", ha manifestado Vanesa Valiño, directora de Observatori DESC.

Pese a que las competencias sobre los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) están ampliamente descentralizadas, las tres organizaciones han recordado a Mariano Rajoy que el Comité DESC de Naciones Unidas instó al Estado español a que tome medidas para garantizarles estos derechos a todas las personas en todo el territorio. Por eso, el Gobierno central debe asegurar la implementación en toda España, entre otras, de la Ley 33/11, Ley General de Salud Pública, que entró en vigor el pasado 1 de enero, y que garantiza la universalidad en el acceso a la atención sanitaria.

"La protección de los derechos humanos no es una opción en el marco de las medidas encaminadas a la 'recuperación económica'. La Constitución Española reconoce derechos sociales, como el derecho a la salud o a la vivienda, como principios rectores de la política económica y social, y la educación como derecho fundamental. Por lo tanto, ninguna medida que se aplique para limitar el déficit público puede vulnerar estos derechos", destacó Ignacio Saiz, director del Centro por los Derechos Económicos y Sociales.

La propia reforma constitucional de 2011 establece que los límites de deuda pública podrán superarse en casos de recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado. En mayo de 2012, por primera vez en 8 años, España comparecerá ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas para rendir cuentas sobre las obligaciones contraídas al suscribir el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. "Será una oportunidad para que el Estado español explique si las medidas de respuesta a la crisis han tenido en cuenta o no las obligaciones arriba mencionadas", concluyen.

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