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Las empresas y fundaciones públicas valencianas no podrán tener personal eventual

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eleconomista

Las empresas y fundaciones públicas de la Generalitat valenciana no podrán tener a su servicio personal eventual, según el decreto ley que regula el sectorgeneralitat-valenciana público, aprobado hoy por el Ejecutivo de Alberto Fabra, junto a la creación de la Corporación Pública Empresarial Valenciana.

La contratación de eventuales es una práctica habitual en las empresas públicas denunciada por la oposición y señalada por el Síndic de Comptes en sus informes sobre el sector público como aspecto a mejorar. Esta medida obligará a las empresas y fundaciones a hacer fijos o despedir a los eventuales que tengan en plantilla.

La Generalitat prevé un ahorro de como mínimo 400 millones de euros con las medidas de reestructuración y racionalización de su sector público empresarial y fundacional, que reducirá alrededor de un 40 por ciento sus gastos de funcionamiento.

Así lo ha explicado el conseller de Economía, Industria y Comercio, Enrique Verdeguer, quien, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, ha presentado el decreto ley de Régimen Económico-Financiero del Sector Público Empresarial y Fundacional, que afecta a 75 entidades, entre sociedades mercantiles, entidades de derecho pública y fundaciones de la Generalitat, es decir, todo el sector público.

Además de prohibir el personal eventual, el real decreto limita los sueldos de los directivos de las empresas públicas, equiparándolo al de distintos niveles de los altos cargos de la Generalitat. Los entes y empresas tendrán seis meses para adaptar estas retribuciones. Entre los afectados está el director de Aeropuerto de Castellón (Aerocas), cuyo sueldo bruto anual es de 84.000 euros, muy por encima de los 67.000 que percibe el presidente de la Generalitat.

Verdeguer no ha descartado un recorte de empleo en el sector público, aunque ha destacado que los gastos de personal no suponen más del 13 por ciento del gasto de las empresas. En las empresas y fundaciones trabajan unas 11.000 personas.

El sector público empresarial y fundacional tuvo un presupuesto este año de 2.500 millones de euros y acumula una deuda de más de 5.000 millones, según Verdeguer. El decreto establece otras medidas obligatorias para todas las empresa y fundaciones, divididas en cinco capítulos: principios económico financieros de carácter general, un régimen de control interno, limitaciones a la contratación de productos y servicios, pautas y controles de tesorería y endeudamiento y recursos humanos.

Entre las normas destaca la obligación de pago a proveedores en determinados plazos, que si se incumplen provocarán la suspensión de las inversiones en esa empresa o fundación y el pago subsidiario por parte de la consejería de la que dependa.

Corporación Pública Empresarial

El Consell también ha aprobado el anteproyecto de creación de la Corporación Pública Empresarial Valenciana, a través de la Ley de Acompañamiento de los presupuestos 2012, que entrará en vigor el 1 de enero, y se prevé que esté operativa en los primeros cuatro meses del año.

Verdeguer ha señalado que esta corporación es una entidad de derecho público, sometida a derecho privado, que englobará a un total de 26 sociedades mercantiles y 19 entidades de derecho público. Quedan excluidas la Agència Valenciana de Turisme y el grupo RTVV. Este último porque "el Consell está analizando su nuevo modelo y para adaptarlo se requiere un cambio legislativo", ha manifestado el conseller.

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