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La Asociación de Empresa Familiar apoya el plan de ahorro de la Junta

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Las empresas de la Asociación de Empresa Familiar, que emplean a más de 20.000 personas en toda la región, consideran que el Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos del Gobierno de Castilla-La Mancha, junto con la nueva Ley de Emprendedores, «vendrá a sentar las bases de una reactivación de la economía, aunque a corto plazo haya que hacer un importante esfuerzo».

La asociación ha considerado que el plan presentado por el Gobierno autonómico es «necesario y positivo» para incentivar el ahorro en el gasto corriente y la optimización de los recursos públicos, medidas necesarias para reactivar la economía en Castilla-La Mancha. «La austeridad en la gestión y el saneamiento de las cuentas públicas es algo que la Asociación de Empresa Familiar de Castilla-La Mancha viene planteando desde años como acciones concretas que permitan conseguir una mayor confianza en la economía y la mejora de la capacidad de financiación de las distintas administraciones», defienden.

Sólo de este modo, según los responsables de la asociación, las administraciones podrán cumplir con sus compromisos de pago a las pequeñas y medianas empresas y autónomos, «evitando así la sangría de cierres y destrucción de empleo que se viene produciendo de manera irremediable en la región». Con todo, desde la Asociación de Empresa Familiar de Castilla-La Mancha se tiene conciencia de que los ajustes y medidas que contempla el Plan de Garantía «exigen esfuerzos adicionales a la sociedad castellano-manchega a corto plazo, pero el esfuerzo inicial permitirá asentar las bases de un futuro crecimiento sostenido», concluyó.

Denuncia a Barreda

Por otro lado, el portavoz del Gobierno de María Dolores de Cospedal, Leandro Esteban, aseguró que la denuncia presentada por la Junta contra el anterior Ejecutivo, presidido por José María Barreda, «no es un capricho». Argumentó que los ciudadanos tienen derecho a saber si el Gobierno socialista destruyó documentos oficiales antes de abandonar la Junta. «No es una cuestión de capricho, sino de aplicación de un estado de derecho», añadió.

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