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Human Rights Watch denuncia la reanudación de la venta de 'diamantes de sangre'

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elmundo

30-06-2011La organización defensora de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW) ha criticado este miércoles la decisión del Proceso de Kimberley (KPCS), organismo patrocinado por la ONU, para evitar el comercio de los llamados "diamantes de sangre", de permitir a dos compañías que operan en Zimbabue la exportación de estos minerales.

La organización no gubernamental ha acusado este miércoles, en un comunicado, al presidente del KPCS, Mathieu Yamba, de haber tomado esta decisión "de manera unilateral", e indicó que este gesto había "traicionado la confianza" de quienes consideran que este organismo puede detener el tráfico de "diamantes de sangre".

"Yamba se ha saltado unilateralmente el requisito de que Zimbabue estuviera sometida a un seguimiento en materia de derechos humanos y exportaciones autorizadas de los diamantes de (las minas de) Marange, sin que ningún organismo vaya a continuar esta evaluación", señaló el director de Derechos Humanos de HRW, Arvind Ganesan.

Asimismo, Ganesan agregó que Yamba "ha elegido los beneficios antes que los derechos, y podría haber arruinado al Proceso de Kimberley en el camino".

Tráfico y exportación de diamantes

Las exportaciones de diamantes en Zimbabue, que proceden de la región oriental de Marange, se suspendieron en 2009 debido a las sospechas del Proceso de Kimberley de que la policía y el ejército estuvieran involucrados en el tráfico de piedras preciosas.

La decisión de reanudar su comercio, tomada la semana pasada en una reunión del KPCS en Kinshasha, capital de la República Democrática del Congo, ha causado polémica porque Marange fue en 2008 el escenario de una dura represión militar contra mineros que realizaban actividades ilegales, lo que causó la muerte de al menos 200 civiles, según HRW.

El Sistema de Certificación del Proceso de Kimberley (KPCS), creado en 2000 por la ONU, integra a 70 países productores y grandes compañías comercializadoras de diamantes para certificar que las piedras preciosas que salen al mercado internacional no proceden ni se usan para financiar guerras u otras acciones violentas.

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