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Los tribunales juzgarán en 15 días los delitos derivados de la pobreza

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La Comisión Provincial de Policía Judicial acordó ayer intentar agilizar la respuesta de las fuerzas de audienciaseguridad y los tribunales contra los delitos surgidos de la pobreza en que ha sumido la crisis económica a decenas de miles de ciudadanos. Según informó ayer el presidente de la Audiencia de Alicante, Vicente Magro, la iniciativa busca celebrar juicios rápidos en la medida de lo posible contra los autores de enganches ilegales de luz y la ocupación de viviendas ajenas.

En el primer caso, Iberdrola deberá personarse como parte perjudicada y presentar un informe pericial que acredite el perjuicio ocasionado. Si éste es inferior a 400 euros, los defraudadores serán sometidos a un juicio inmediato de faltas en un plazo máximo de ocho días. Y si supera esa cantidad, se enfrentarán en menos de 15 días a una acusación por delito en un juicio rápido, donde se exponen al pago de importantes multas y a penas de cárcel en caso de no abonarlas.

Los representantes de la compañía estuvieron ayer presentes en la reunión de este órgano provincial que aglutina a la Fiscalía, jueces, secretarios judiciales, Guardia Civil, Policía Nacional y Ayuntamiento de Alicante.

Las faltas y delitos de defraudación de fluido eléctrico se han disparado en la Zona Norte de la ciudad en los últimos meses. A principios de mayo, una operación conjunta entre Policía Local y Nacional se saldó con 27 detenidos en diferentes barrios como Juan XXIII ó Virgen del Remedio.

Por su parte, el Consistorio alicantino también ha expuesto un incremento notable de los okupas, con unas 30 denuncias en lo que va de año, y de las quejas vecinales por los denominados 'pisos patera'. La Comisión Provincial de Policía Judicial también acordó ayer tratar de atajar este fenómeno con una respuesta más rápida.

«Hay casos flagrantes de personas que entran con el método de la patada en la puerta, de delincuentes comunes que atemorizan a la comunidad. Invitamos a los vecinos a que les denuncien de forma anónima porque seremos contundentes», apuntó ayer Magro.

Según explicó, algunos de esos 'okupas' incluso se han dado de alta en la luz y el agua y se han empadronado para evitar que los echen.

Si el delito de usurpación está claro, y no existen dudas acerca de su carácter civil y no penal, las fuerzas de seguridad deberán localizar al propietario del inmueble para que denuncie y se pueda celebrar un juicio rápido.

El presidente de la Audiencia admitió que estos delitos han repuntado de forma considerable como consecuencia de la crisis y tienen su raíz en la falta de recursos económicos de muchas familias. «Todo el mundo tiene derecho a tener una vivienda, pero de forma legal», matizó después.

En los casos de los 'pisos patera', las comunidades vecinales deberán presentar una demanda en la vía civil por actividad molesta o insalubre y reclamar una orden de desalojo. En cuanto a las personas afectadas por el síndrome de Diógenes (acumulación obsesiva de basura), los fiscales solicitarán su internamiento en un centro para que reciban tratamiento psiquiátrico.

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