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Los ERES llegan hasta las ONG

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Intermón Oxfam, una de las más importantes organizaciones solidarias de España, se ha visto obligada a abrir un ongexpediente de regulación de empleo que afecta a 90 de sus 500 asalariados. La medida evidencia que la crisis no hace distinciones entre el interés empresarial y el filantrópico cuando se trata de equilibrar balances contables y ajustar plantillas.

En el último informe anual de la Coordinadora Nacional de ONGD, esta entidad dedicada al comercio justo y la cooperación al desarrollo aparecía como la primera de España por su volumen de gasto, con un montante desembolsado cercano a los 80 millones de euros. Ello hace su caso el más destacado, cualitativa y cuantitativamente, de la economía social española, pero en absoluto excepcional. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado y Acsur Las Segovias han pasado por el mismo trámite y el Comité Español de Unicef también reconoce serios problemas financieros. De hecho, todas las grandes del Tercer Sector han asumido una estrategia de contención del gasto interno para evitar que sus actuaciones sobre el terreno se vean comprometidas por la reducción de ingresos.

Las estrecheces que sufren las entidades solidarias en nuestro país son un buen reflejo de la evolución experimentada por Intermón Oxfam. Entre los años noventa y mediados de la pasada década, sus índices de crecimiento anual alcanzaban los dos dígitos, lo que permitió fortalecer su equipo humano y crear una red de 47 tiendas. El estancamiento se anunció hace tres años con una subida inferior al 2% y la recesión llegó en los dos últimos ejercicios con la reducción de sus ingresos, fundamentalmente los procedentes del ámbito público y empresarial.

Las ventas en los establecimientos de comercio justo, su seña de identidad, también han retrocedido hasta un 10%, aunque el dato no es uniforme. Mientras las tiendas que operan en las grandes superficies incluso han aumentado sus ganancias un 5% en 2010, los ingresos procedentes de artículos para obsequios de empresas y cestas de Navidad han caído un vertiginoso 36%. El cierre de alguno de sus locales es una de las posibilidades que se barajan, aunque fuentes de Intermón advierten de que sería la última opción, ya que, además de su función mercantil, aportan una privilegiada visibilidad de sus actividades.

Se cierra el grifo público

Casi dos terceras partes de sus fondos provienen de cuotas y aportaciones de sus socios, un colchón que amortigua el impacto de los recortes de las partidas de las administraciones autonómicas y municipales a la ayuda oficial al desarrollo (AOD) a lo largo de los tres últimos años. Un informe aún en ejecución de la Coordinadora de ONGD de España estima que los 395 millones asignados por estas fuentes de recursos suponen un descenso del 12%, frente al 4% de caída de sus presupuestos. El recorte ronda en Aragón, Canarias y Comunidad Valenciana el 30% y en Murcia alcanza nada menos que el 64%. Tan sólo la comunidad autónoma vasca mantiene su compromiso anterior y únicamente Castilla La Mancha incrementa la contribución. En el caso de los ayuntamientos, destaca la completa supresión de ayudas decidida por el de Madrid, que, tras aportar 13 millones de euros en 2009, eliminó esta partida el pasado año y no la convocará en el 2011.

El tijeretazo de los fondos públicos es, según los responsables de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, la razón de la aplicación de dos EREs y el expediente temporal que padece Acsur las Segovias. Esta ONGD, con un cuarto de siglo de existencia, reconoce en su memoria del 2010 que el último año ha sido «especialmente complejo». La organización, que asegura gestionar más de 46 millones de euros en proyectos, se encuentra sometida a un ERE que afecta a sus 75 contratados.

Es difícil que los ajustes masivos de personal se generalicen en el sector español de la cooperación dada su estructura, definida por la gran multiplicidad de asociaciones con un escaso número de trabajadores. La Coordinadora de ONGD de España está formada por 94 entidades y únicamente quince disponen de más de cien trabajadores. Tan sólo Cruz Roja supera el millar de empleados bajo legislación española.

La crisis económica se ceba sin duda en las más pequeñas, aunque sus números sean también más humildes, e impone radicales cambios de estrategia. Un ejemplo lo proporciona Solidarios para el Desarrollo, una organización especializada en la formación de voluntarios, la sensibilización y la prestación de servicios de tipo social en nuestro país. Según un portavoz, el recorte y la demora en los pagos provocó el pasado año un golpe muy duro a sus finanzas. La plantilla, formada por doce empleados, se redujo a la mitad y el envío de libros a Latinoamérica, una de sus iniciativas más destacadas, se sustituyó por la donación a cárceles nacionales, ante la imposibilidad de afrontar el pago de los envíos.

La dependencia de los fondos públicos también es mayor entre las organizaciones pequeñas y medianas, mucho más vulnerables a los vaivenes presupuestarios. A pesar de que la recesión apenas ha mermado su masa social, la asociación catalana incluida en la red de Setem tuvo que prescindir el pasado año de una tercera parte de su personal, formado por treinta profesionales, debido al recorte de las partidas que la Generalitat dedica a la AOD y que este año, posiblemente, disminuirá en torno a un 20% frente a la última aprobada por el anterior Govern.

Algunas de las mayores entidades han tomado medidas contra el gasto para superar esta penosa coyuntura sin acudir a la figura del ERE. El comité español de Unicef sufrió en 2009 una reducción de 1,8 millones de euros en su presupuesto, pero la organización, de gran proyección mediática, no se plantea la supresión de ninguno de sus 176 puestos de trabajo y confía en el respaldo de su base, formada por 244.000 socios y más de mil voluntarios. Eso sí, ha paralizado temporalmente cualquier nueva contratación, entre otras medidas de contención del gasto.

Drásticos ajustes

Anesvad, la mayor ONGD vasca, e Intervida constituyen casos especiales, ya que a la crisis general se suma el descrédito sufrido por sendos escándalos y las posteriores intervenciones judiciales de sus cuentas. Entre los meses de diciembre de 2008 y 2010, el número de afiliados de la primera descendió de 77.000 a 64.700, un 16%, y la recaudación total de cuotas regulares y donativos cayó un 21%. Curiosamente, las medidas de ajuste son aún más drásticas e implican la reducción del 49% de sus gastos generales y el 25% de su plantilla, que ha pasado de 60 a 45 trabajadores.

El fenómeno de Intervida resulta aún más acusado. En 2007 la fundación disponía de unos 365.000 abonados, pero la denuncia en torno a una desviación de fondos generó una sangría de la que aún no se ha recuperado. Actualmente, cuenta con unos 147.000 socios y 158 empleados. Su planteamiento a favor de una financiación completamente privada y una campaña de expansión con el horizonte del centenar de altas semanales les ha permitido capear, hasta ahora, la mala racha sin recurrir al despido, aunque reconocen que tampoco cubren las plazas laborales que quedan disponibles.

En cualquier caso, la situación parece más compleja que la propia de una recesión puntual. «El sector tiene que enfrentarse a una reflexión sobre su modelo, estructuras y formas de financiación», advierte Álvaro González, presidente de Médicos del Mundo. En su opinión, los ajustes drásticos aún no han terminado, aunque la supervivencia de las entidades no parece cuestionarse. «Porque, desgraciadamente, somos necesarios», alega.

El esfuerzo que las grandes organizaciones han realizado por la profesionalización no parece estar en entredicho a pesar de los ajustes laborales. «No necesitamos grandes estructuras sino alta capacitación de nuestro personal, porque la complejidad de las funciones que realizan es un proceso sin retorno», opina González. Ahora bien, considera un desastre la previsible desaparición de muchas pequeñas y medianas asociaciones. «Porque son tejido social activo, la plasmación de colectivos con gran capacidad de movilización».

Buscar nuevos recursos

En esa nueva estrategia hay medidas inmediatas, como la congelación salarial, la permanencia de las vacantes o la asunción de servicios hasta ahora externos. Pero también se vislumbra una doble vía de actuación. «Unos van a acomodarse, ajustarán su actividad a los ingresos, mientras que otros apostarán por contrarrestar su caída con la búsqueda de recursos en países emergentes, por ejemplo, o mediante fusiones, como ya está ocurriendo en Europa», advierte David Cattaneo, director financiero de Ayuda en Acción. A su juicio, los problemas de Intermón no sentarán un precedente en el sector. «Su modelo es muy particular, con cientos de trabajadores y una pluralidad de actuaciones como son el área de cooperación, el comercio justo y la editorial», describe.

La crisis en el ámbito solidario es grave, pero su magnitud no es comparable a la que ha sacudido industrias como la construcción o la producción de bienes. Eduardo Sánchez, presidente de la Coordinadora de ONGD, aboga por luchar para conservar el apoyo social y reducir el impacto de la caída de ingresos en proyectos de larga duración, aprobados en tiempos aún boyantes. En su opinión, las entidades han de superar, al menos, dos años de recortes de fondos institucionales y la desaparición de las donaciones de la empresa privada.

También se plantea un debate que genera negras sombras sobre el futuro de la cooperación al desarrollo. «Ante las elecciones municipales, no se discute si la restricción es coyuntural, sino si los municipios deben comprometerse con la ayuda oficial al desarrollo, algo que ya parecía asimilado», advierte. Más allá de vidriosas cuestiones en torno al compromiso con los más desfavorecidos, lo que parece seguro es que en un futuro próximo, los cinturones se seguirán apretando en los gastos internos de funcionamiento, cifrados por término medio en torno al 10% del total. «Porque el drama no está aquí, sino en el Sur, donde la recesión golpea con mucha más fuerza y no hay asideros para sobrellevarla».

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