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Ordóñez quiere que todas las cajas sean fundaciones

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lavanguardia

23-01-2011La mañana del pasado martes día 11 el gobernador del Banco de España, Fernández Ordóñez, activo, anunciaba encantado a un personaje relevante del mundo económico: “El Gobierno prepara para antes de final de mes un plan de choque para acabar la reconversión de las cajas, real decreto ley incluido”. Después de varias semanas de discreto trabajo, el gobernador veía cercano el final del camino.

Ese mismo día, pero unas horas más tarde, Isidre Fainé, presidente de La Caixa y de la asociación sectorial de las cajas de ahorros, la CECA, abandonaba con cara de pocos amigos el despacho de Elena Salgado, en la madrileña calle de Alcalá. La vicepresidenta le acababa de confirmar al catalán que Fernández Ordóñez estaba ganando posiciones y que el presidente Rodríguez Zapatero se inclinaba a favor de las tesis del gobernador: acelerar los cambios de las cajas; penalizar el recurso al fondo público con cuyo dinero se financian las reconversiones y fusiones de cajas (FROB); y, también, modificar con un decreto la recién estrenada normativa que regula los procesos de bancarización del sector.

Salgado se estaba resistiendo, pero lo que le comunicaba a Fainé revelaba que ya pensaba que debía buscar un pacto, una vía intermedia con Ordóñez. La vicepresidenta, muy probablemente, intentaba evitar la modificación de la ley, el decreto, aceptando a cambio las pretensiones del gobernador sobre los cambios en el funcionamiento del FROB.

Empezaban así dos semanas de vértigo. El jueves 13, 'La Vanguardia' publicaba que “Economía preparaba un decreto para forzar la reconversión total de las cajas”. Ese día, Campa descartó en rueda de prensa que fuera a haber cambios en la ley. Pero el propio Zapatero explicaba dos días después en el Financial Times que iba a poner en marcha una segunda ronda de capitalización de las entidades.

El proceso estaba en marcha, aunque la batalla final después de más de treinta años de mirarse reojo entre los dos grandes bloques del poder financiero español, los bancos y las cajas, distaba aún de haber terminado o de haber llegado a la conclusión. Aún hoy las espadas siguen en alto. Hace tan sólo dos días, el pasado viernes, después del último consejo de ministros, Alfredo Pérez Rubalcaba, el vicepresidente primero, al referirse al tema –uno de los pocos que de momento no queda en el interior de su radio de acción y siempre aliado de su amiga Salgado–, confirmó la intención del Gobierno de acometer cambios en las cajas, pero no anticipó nada ni sobre el contenido, ni tampoco acerca del calendario. Defraudaba así las expectativas de los más impacientes, que en la víspera habían calentado los mentideros de Madrid anunciando el decreto para la reunión del Consejo de Ministros del día siguiente. Ahora, los protagonistas vuelven a quedar emplazados para el viernes próximo, último de este mes de enero.

Lo que está en juego son dos visiones completamente diferentes del futuro de las cajas de ahorros que han colisionado frontalmente. Por un lado, el gobernador Fernández Ordóñez, apoyado y a la vez empujado por los dos megabanqueros españoles, Emilio Botín, Santander, y Francisco González, BBVA, más vitriólico el segundo, más influyente el primero.

Defensores los tres, por distintos motivos, de la armonización del sector financiero español. Bancos, sólo bancos, es la consigna del día. Una figura mercantil conocida y entendida por los mercados, fácil de capitalizar y dependiente en exclusiva del regulador de la plaza de Cibeles y del Gobierno central. Ordóñez siempre ha sido escéptico e incluso contrario a la figura de las cajas de ahorros, a la que atribuye buena parte de los problemas del sistema financiero español. En el caso de los bancos, las causas de su rechazo son más prosaicas, se trata de unas competidoras que señorea la mitad del mercado, algo difícilmente soportable en tiempos de bonanza, y absolutamente insufrible en época de crisis.

Con más o menos entusiasmo, casi todas las cajas han acabado aceptando que tendrán que operar a través de bancos. De hecho, la ley pactada entre la CECA y el Gobierno, y que es la actualmente en vigor, prevé tres posibles diseños para el futuro de las entidades.

La primera, quedarse igual, comouna caja de ahorros. La segunda opción consiste en cambiar su forma jurídica por la de una fundación en el caso de que la caja tenga menos del 50% de las acciones del banco. En esta, la caja prácticamente se extingue. Finalmente, la tercera alternativa es que la caja mantenga su naturaleza jurídica como entidad de crédito pero traspase todos sus activos del negocio financiero a un banco del que debe controlar como mínimo el 50% del capital. Es la alternativa que se plantea La Caixa, entre otras.

Pero Fernández Ordóñez quiere reducir esas tres opciones a una sola. Todas las cajas deben convertirse en fundaciones y dejar de ser entidades de crédito, para que su única relación con las finanzas sea la de accionistas de bancos, sin ningún vínculo especial con estos últimos. Las fundaciones dejarían de ser entidades de crédito y pasarían a depender de un protectorado adscrito al Departamento de Justicia de su comunidad.

Ese movimiento podría dejar también fuera del ámbito financiero las competencias de las comunidades autónomas, pues no tendrían objeto sobre las que ejercerse. Se trataría de convertir una de las opciones de la ley aprobada en julio pasado en la única posible y forzosa en todos los casos.

Frente a esa tesis que tiene de momento el viento a favor, Elena Salgado, dubitativa, a la espera de las órdenes del presidente, y temerosa de que los mercados no puedan absorber tanta llegada de cajas urgentemente reconvertidas y necesitadas de recursos frescos, atiende las razones de la CECA de Fainé y del resto de las cajas, que abogan por una segunda ronda moderada de capitalizaciones utilizando los recursos del FROB y los de los posibles inversores privados interesados.

Aceptan operar a través de bancos, pero no obligatoriamente reconvirtiéndose en fundaciones. De hecho, la entidad líder, La Caixa, tendría previsto aprobar el próximo jueves el inicio del proceso de creación de su propio banco, pero manteniendo su condición de entidad de crédito.

Como reza la página web de la CECA: “Las cajas de ahorros españolas son entidades de crédito plenas, con libertad y equiparación operativa completa al resto de las que integran el sistema financiero español”. Según su criterio, la pretensión del gobernador, jaleado por la banca, es borrarlas del mapa.

Pero, aun siendo una de las claves, no es esta la única medida que contempla el plan de choque que postula Ordóñez y que inquieta y atemoriza a las cajas. También se plantea modificar las condiciones de funcionamiento del FROB, el fondo público del que las entidades con problemas han obtenido hasta ahora 11.000 millones de euros para financiar sus planes de ajuste.

El Banco de España no cree necesarias inyecciones masivas de capital en las cajas, sino selectivas, en línea con su actuación y sus propios postulados desde que comenzó la crisis financiera. Y aquí sí difiere de la opinión de los bancos, que proclaman que las necesidades de saneamiento son mucho más altas y encuentran en las sospechas de los mercados sobre las cajas la explicación de las dificultades que ellos mismos tienen para realizar emisiones de deuda.

En cualquier caso, las cifras que se manejan en el mercado son dispares, aunque en el sector la mayoría las sitúa entre los 15.000 y 20.000 millones de euros.

El Banco de España, y por lo que parece el mismo Zapatero cuando interviene públicamente, quiere que ese dinero provenga fundamentalmente del sector privado. Y sólo en “última instancia” del FROB público. Una manera de tranquilizar preventivamente a los mercados diciéndoles que el Gobierno no contempla masivas emisiones de deuda pública para financiar la reconversión de las entidades de ahorro.

La alternativa que definen Zapatero y Ordóñez es pues la de una rápida conversión de las cajas en bancos y, acto seguido, recurso al capital fresco de los inversores privados. Pero en los mercados hace en los últimos tiempos más frío que en las calles españolas estos días con la ola de bajas temperaturas.

Muchas entidades no tendrán más remedio que regalar sus acciones o, como mal menor, volver a pedir dinero al FROB. Desde el punto de vista de los banqueros, casi todos, grandes o pequeños, lo que se debería hacer con la entidad colocada en esta tesitura es liquidarla y venderla al mejor postor, con toda seguridad algún competidor bancario.

Por eso, en las discusiones mantenidas estos días entre el Gobierno y el Banco de España lo que está sobre la mesa es que las nuevas inyecciones del FROB, a fin de que resulten lo menos atractivas posible para los interesados, implicarían que el Estado pasara a tener derechos políticos en las entidades. Lo que algunos analistas han llamado nacionalización parcial y vía alternativa para la liquidación ordenada.

Tras los titubeos de los últimos días, tanto el Gobierno como el Banco de España se han emplazado a mover pieza de inmediato. Esta semana será clave para dirimir el resultado de esta portentosa lucha en la cumbre del poder financiero español.

 

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