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El juez de paz de Arroyo abusaba de la niña en su despacho

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El pasado 3 de octubre, los agentes de la comisaría de la Policía Nacional del distrito de Chamartín, de Madrid, recibieron la denuncia de desaparición de una niña de 14 años. Los padres de la pequeña, residentes en el barrio de Salamanca de la capital, acudían a los agentes como ya habían hecho en otras ocasiones en los últimos dos años. No era la primera vez que su hija, menor, desaparecía.

Todo indica que la rebeldía propia de la adolescencia condujo a la pequeña a actitudes de lo más contestatarias que la llevaron a vivir la más trágica experiencia. El joven de 20 años y nacionalidad rumana del que se enamoró la engañó, la encerró y la prostituyó. Detrás, la colaboración de otras personas también de nacionalidad rumana, los delitos de los vecinos de la localidad que utilizaron los servicios de prostitución, y el silencio sepulcral de todo un pueblo.

Aunque en los primeros momentos algunos vecinos reconocieron haber visto a la niña «haciendo la compra» y otros llegaron a decir que habían detectado algo extraño, ayer ya nadie hablaba, nadie quería decir nada. Parece que un pueblo de sólo 4.000 vecinos no intuyó la vergüenza que estaba protagonizando.

Mientras, la Guardia Civil y los jueces continúan con su trabajo y cinco de los siete ciudadanos rumanos detenidos por estar presuntamente implicados en el caso se encuentran en prisión mientras que los otros dos han quedado en libertad con cargos. Así lo anunció ayer la Delegada del Gobierno en Extremadura, Carmen Pereira, que ha recordado que fueron puestos a disposición judicial acusados de un delito de «detención ilegal y explotación sexual».
A pesar de que el juez encargado del caso ha decretado el secreto de sumario, cada vez se van conociendo más datos sobre lo ocurrido en los dos meses de pesadilla que pasó esta joven madrileña.

Morena de ojos azules

Una menor que mide 1,65 m, es morena, tiene los ojos azules, la tez blanca y unos 40 kilos de peso y que era puesta a disposición de los clientes que quisieran mantener relaciones sexuales con ella por cantidades que oscilaban entre los 10 y los 60 euros. Eso sí, la prostituían, la mayoría de las veces, de noche, en una cabaña a las afueras de la localidad, en la falda de la Sierra de Arroyo, en la que hay varios cobertizos en malas condiciones.

Todos los hombres que pagaron por tener sexo con la menor son agricultores, tienen entre 40 y 65 años, están casados y tienen hijos, algunos hasta nietos. Es el caso de Francisco Izaguirre, Juez de Paz de la localidad y ex concejal del PSOE, que llegó a tener encuentros con la chica en su despacho de las dependencias judiciales. Precisamente ayer, la delegada del Gobierno, preguntada por la militancia socialista de este juez de paz insistía en decir que «no tenía constancia» y que «independientemente de la ideología, lo sucedido es un hecho execrable y que no se puede justificar».

La pregunta que todo el mundo se hace en Extremadura es que cómo es posible que en un pueblo tan pequeño, de tan sólo 4.000 habitantes, nadie supiera lo que estaba pasando. Según el alcalde, Juan Moreno, nadie en la localidad conocía nada, «en cuanto se ha sabido algo se ha actuado; en estos momentos, lo que hay en el puebloes mucho dolor por la niña y por la muerte de un vecino».

Precisamente, los vecinos opinaban ayer que el ex concejal de IU, Daniel Moreno Cangas, que se quitó la vida de un disparo en la cabeza, no pudo «aguantar la presión» de haber sido detenido por haber mantenido relaciones sexuales con la menor.

Y es que el sexo parece que es el hilo conductor de la relación de muchas personas, que o bien viven en Arroyo o en localidades próximas, con la comunidad rumana. «Todo el mundo sabe que aquí se puede tener sexo por 10 euros, con rumanos o rumanas según las necesidades de dinero que tengan», explica un vecino de la localidad.

Mientras tanto, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, anunciaba que el Ejecutivo regional se personará como acusación popular o pública en este caso de abusos. Lo ocurrido es «de extrema gravedad, sin paliativos», por eso «la iniciativa de la Junta de presentarse como acusación particular se llevará al próximo Consejo de Gobierno a través de la Consejería de Igualdad y Empleo». El presidente se mostró firmemente partidario de que «todo el peso de la ley caiga sobre quienes han participado en los hechos y hayan cometido por ello algún delito». «Se trata de unos hechos que afectan de lleno a la moral pública ciudadana; además, es imprescindible que el reproche penal vaya seguido del reproche social».

La Delegada gubernativa señaló que la menor afectada está con sus padres en Madrid desde el pasado 4 de diciembre, y ha pedido «no buscarla, no indagar sobre su propia identidad, porque sería una doble victimización de esta menor, que ahora lo que necesita es tranquilidad, sosiego, para poder superar estos hechos que son difíciles, para continuar su formación como persona». «Se tiene que comprender el dolor de su familia», concluyó Carmen Pereira.

Una situación que, según el policía local que la liberó, le costará dejar atrás: «Yo no soy forense, pero creo que no superará esto en toda su vida. A mí mismo se me saltaron las lágrimas cuando la bajé del coche patrulla».

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