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Memoria.-ONG marroquí a la que el Gobierno denegó una subvención le acusa de "sumisión" a la hostilidad contra Marruecos

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La ONG marroquí Centro para la Memoria Común y el Porvenir --una asociación que reclama la soberanía marroquí sobre Ceuta y Melilla-- ha criticado la decisión del Gobierno de denegarle una subvención para localizar fosas comunes de soldados marroquíes que lucharon en el bando franquista en la Guerra Civil española y ha acusado al Ejecutivo español de "sumisión" a las "corrientes hostiles" hacia al país alauí.

El Gobierno español explicó que la subvención no le fue finalmente concedida porque la ONG no remitió el certificado de residencia fiscal que se le solicitó, un documento importante para controlar el destino de los fondos entregados.

Sin embargo, la asociación asegura en una carta abierta remitida al jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, que satisfizo todas las condiciones requeridas y proporciono todos los documentos exigidos, tras lo que arremete contra el Gobierno y le acusa de "contradicción con él mismo y con los valores humanitarios universales".

"Su gobierno financiará y ayudará a las asociaciones españolas para llevar a cabo búsquedas sobre los desaparecidos en España en el marco del proyecto de la memoria histórica, pero cuando se trata de investigar sobre las fosas marroquíes el mismo gobierno no cumple sus promesas", ha censurado la ONG, que acusa al Ejecutivo español de no poner a todas las víctimas "sobre el mismo nivel". "Existe un interés manifiesto para el ciudadano español y un olvido odioso" hacia los marroquíes, denuncia en su misiva a Zapatero.

La ONG recibe esta decisión como un comportamiento "no amistoso" pero advierte de que no detendrá "su marcha" y la lucha por sus objetivos, entre los que considera necesario "poner sobre la mesa" la cuestión de Ceuta y Melilla como "parte de la justicia transicional entre los pueblos para construir un frente común".

El Centro para la Memoria Común y el Porvenir advierte del "retroceso lamentable" que supone el rechazo a su subvención y la achaca a la "ausencia de visión estratégica" del Gobierno español frente a las cuestiones marroquíes "para edificar un espacio democrático en el que se compartan los mismos valores y se trabaje juntos por la paz y la estabilidad".

"Les exhortamos a una cooperación constructiva y a contribuir poniendo fin al tratamiento de Marruecos como una carta electoral y un sujeto de arreglo de los conflictos internos de España", concluye la misiva, que además recuerda otra carta que recibió del presidente español reconociendo que "el conocimiento de la historia constituye un pilar básico para construir un futuro próspero y esperanzador".

ELOGIOS DE ZAPATERO

Al margen de su reivindicación sobre Ceuta y Melilla, los trabajos de esta asociación para recuperar la memoria de los marroquíes en la Guerra Civil fueron elogiados hace dos años por el Gabinete de la Presidencia del Gobierno.

A finales de 2008, el presidente del centro, Abdesslam Bouteyeb, escribió al jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, y al entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que se propuso hacer un censo de víctimas del franquismo, para reivindicar la memoria de 130.000 marroquíes "obligados" a combatir contra la República. No se trata sólo de investigar sus desapariciones, decía, sino de "sanear la imagen del 'moro'" en el imaginario popular español.

La asociación no recibió respuesta de Garzón --hoy procesado por intentar abrir esa causa-- pero sí de la directora del Departamento de Política Internacional del Gabinete de Presidencia, Milagros Hernando, "en nombre del presidente del Gobierno".

En ella, Hernando afirmaba que "el conocimiento de la historia constituye un pilar básico para construir un futuro próspero y esperanzador" y que "todo esfuerzo que el Centro para la Memoria Común y el Porvenir realice en ese sentido merece ser encomiado".

Además, apuntaba que el Gobierno tomaba nota de su carta al juez Garzón y añadía que, "desde el pleno respeto a la separación de poderes vigente en España y a la independencia del poder judicial, el Gobierno va a seguir con la atención que merece la cuestión que plantea".

 

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