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La oposición censura al Gobierno por enrocarse en no condenar a Marruecos

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Trinidad Jiménez simbolizó ayer en el Congreso la imagen de la soledad del Gobierno ante la crisis desatada por el violento asalto marroquí al campamento del Sáhara. En este tema no hay socios parlamentarios que valgan. El PNV y Coalición Canaria (CC) fueron aún más duros que muchos otros grupos de la oposición, que de forma unánime exigió a la ministra de Asuntos Exteriores una condena explícita a Marruecos por los muertos y heridos en el asalto y por la represión posterior en la ex colonia española. El Ejecutivo se enrocó en su negativa y Jiménez, que reconoció el desgarro con el que los socialistas viven la polémica, sólo contó con el «cariño» y «apoyo cerrado» de la portavoz de su grupo parlamentario.

La ministra adelantó que España, «como el resto de los países del mundo», no emitirá condena o valoración alguna por lo ocurrido el 8 de noviembre en El Aaiún hasta que exista «un informe final, claro y con datos fehacientes», que sea validado por la comunidad internacional. No mencionó quien elaborará el documento, aunque en un momento apunto a la ONG vinculada a la ONU 'Human Rights Watch', que ya comenzó a trabajar sobre el terreno.

Jiménez, en lo que sonó como una rectificación a las palabras pronunciadas en Seúl por José Luis Rodríguez Zapatero, contestó a la oposición que al Gobierno «le ofende» que alguien piense que España, en su medida relación con Marruecos, «antepone sus intereses al respeto de los derechos humanos». Se trata, añadió, de simple «prudencia y responsabilidad» y -«no de mercadeo»- por la existencia de versiones diametralmente opuestas sobre lo ocurrido. Marruecos sostiene que hubo 12 muertos -10 policías y dos civiles-, 70 heridos -la mayoría policías- y 77 detenidos, mientras que el Frente Polisario contabiliza 36 muertos, 4.500 heridos y 2.000 detenidos, saharauis en su casi totalidad.

La ministra, que reivindicó su gestión, lo más lejos que llegó fue a mostrar «su profunda preocupación» por lo ocurrido, a «condenar la violencia, la ejerza quien la ejerza», a pedir una investigación a fondo, a reclamar la presencia de periodistas en la zona sin limitaciones -espera una respuesta de Marruecos en breve-, y a defender que la única solución es el diálogo entre las partes. Insistió en que el Sáhara no es responsabilidad de España, que el contenciosos sólo puede ser solucionado por la presión internacional y que, pese a todo, España se ha implicado en la solución «como ningún otro país».

«Silencio bochornoso»

Gustavo de Arístegui (PP) le contestó que el Gobierno «está noqueado, contra las cuerdas y sobrepasado por los acontecimientos» y que, incluso, se ha convertido en «un freno» para la solución del problema al «romper la política de neutralidad» en favor de Marruecos y «sacrificar la credibilidad de España». Exigió un diálogo «firme» con el país vecino, porque una relación «privilegiada» es importante, pero «no a cualquier precio». IU cree que la ministra «miente» respecto a la falta de información y vaticinó que el Sáhara será «el Waterloo electoral del Gobierno, como Irak lo fue para el PP». ERC apuntó al Ejecutivo como parte «culpable» en estos hechos y dijo que guarda «un silencio hipócrita ante un genocidio», al tiempo que CC le llamaba «cobarde» por su «silencio bochornoso». El PNV dijo que, «mientras Marruecos aplaude, el pueblo saharaui llora» y, en clara referencia a las exigencias que el Gobierno le hace a la izquierda 'abertzale', afirmó que «no vale lamentar, hay que condenar».

 

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