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Greenpeace pide que se anule el proceso de selección del cementerio nuclear

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19-10-2010_ima1


La Audiencia Nacional comunicó mediante una providencia a la organización ecologista Greenpeace que «no existen» los documentos sobre los informes técnicos y de seguridad del almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares que habían solicitado mediante un recurso contencioso administrativo a este tribunal.

Este hecho lleva a los ecologistas a considerar que la inexistencia de tales informes confirma la vulneración del Convenio Aarhus por parte del ministerio de Industria, lo que , a su juicio, «demuestra la nulidad de pleno derecho de todo el proceso». Añaden, además, que la ausencia de esta documentación es una «clara muestra» de que el departamento que dirige Miguel Sebastián inició el proceso «sabiendo que no disponía de la documentación técnica y de seguridad básica para comenzar el procedimiento».

Por este motivo, la ONG pide al Gobierno que anule «inmediatamente» este proceso para comenzar otro en el que se busque «realmente un amplio consenso social y territorial, contando con las organizaciones medioambientales».

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, por su parte, aseguró ayer que la instalación del ATC es «totalmente segura» y que cuenta con un informe de seguridad realizado por una empresa de ingeniería francesa que ha puesto a disposición de la Audiencia Nacional, aunque éste está sujeto a «cláusulas de confidencialidad, que impide que se de a conocer a terceros».

La plataforma antinuclear Tierra de Campos Viva se sumó ayer a las críticas de Greenpeace al afirmar que la falta de estos documentos «demuestra el engaño al que se ha intentado someter por parte del ministerio de Industria y de la empresa pública Enresa a toda la opinión pública y la falta total de rigor técnico y de protección a la salud pública con que se está llevando a cabo este proceso de selección».

El colectivo vallisoletano recuerda que las decisiones tomadas en los plenos de Melgar de Arriba y de Santervás de Campos, en los que se aprobaron las solicitudes para albergar el cementerio nuclear, no deberían ser considerados como validos puesto que «se celebraron sin tener toda la documentación necesaria para poder tomar el acuerdo, tal como establece el Reglamento de Ordenación y Funcionamiento de las Entidades Locales (ROF)».

«La inexistencia del informe técnico y de seguridad demuestra que teníamos razón cuando no creíamos la propaganda del Ministerio de Industria y Enresa sobre la seguridad del proyecto y que los ayuntamientos de Melgar de Arriba y Santervás de Campos tomaron la decisión de presentar su candidatura sin evaluar el riesgo de forma totalmente irresponsable, incumpliendo la legislación y pensado sólo en especular con los terrenos», señaló la portavoz de los opositores al ATC, Elena Calderón. La responsable anunció la pretensión de la plataforma de volver a pedir la retirada de la candidatura de los dos municipios, así como que la Diputación y la Junta realicen las actuaciones necesarias para terminar con las candidaturas en su territorio.

Cruce de acusaciones

Al cruce de acusaciones y aclaraciones por parte de administraciones, ONG y plataformas se sumó ayer la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares (AMAC), que defendió que hasta que no haya un emplazamiento definitivo para el almacén de residuos nucleares «no puede haber un informe técnico concreto». Así, la asociación recuerda que en la actualidad existe un informe genérico sobre el proyecto del ATC que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) valoró de forma positiva.

La asociación respondió así a la acusación de «ausencia de credibilidad» expresada por la organización ecologista Greenpeace hacia los alcaldes que han promovido su localidad como municipio candidato a la ubicación del silo nuclear, de los que asegura que «han solicitado una instalación nuclear sin conocer en detalle en qué consistía el proyecto ni los riesgos para la salud y el medio ambiente que conlleva», informa Europa Press.

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