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35.000 familias tuvieron acceso al Plan de Vivienda de Canarias en 2009

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La política de vivienda del Gobierno de Canarias se está convirtiendo en una de las principales herramientas contra la crisis económica. El Plan de Vivienda de Canarias 2009-2012 aprobado el pasado año tiene previsto movilizar más de 2.800 millones de euros en cuatro años, entre créditos hipotecarios y el presupuesto aportado por las diferentes administraciones.

El Plan de Viviendas de Canarias ya tiene sus primeros resultados ya que en 2009 cerca de 35.000 familias accedieron a algunas de las líneas del Plan. Significativo es el número de subvenciones al alquiler que ascendieron a 9.464, todos para familias con escasos ingresos que gracias a estas subvenciones pueden seguir manteniendo su vivienda en arrendamiento.

La política de vivienda por tanto pasa de ser considerada como una infraestructura más a formar parte de las políticas sociales del Gobierno de Canarias, como así lo indicó el presidente del Gobierno, Paulino Rivero en su discurso de investidura al trasladar vivienda a la Consejería de Bienestar Social, "y eso se está notando" apunto Inés Rojas, consejera del ramo en el Gobierno de Canarias.

"Con los resultados en la mano de este primer año –manifestó Rojas- constatamos el impulso dado en el mercado a la construcción de viviendas protegidas frente a la vivienda libre, así como a las ayudas destinadas a la emancipación juvenil, el alquiler y la rehabilitación"
"En 2009 –continuó- año en el que se ha evidenciado una recesión importante en el sector de la construcción de viviendas en el mercado libre, las calificaciones de viviendas protegidas se incrementaron con lo que nos demuestra que la oferta del Gobierno está dando sus resultados"

En cuanto a las tres líneas principales del Plan de Vivienda, la consejera expuso que en 2009 se atendieron a 11.750 familias en materia de rehabilitación y reposición de viviendas, 9.464 familias a quienes se le facilitó el acceso a una vivienda en régimen de alquiler y 6.596 jóvenes recibieron alguna de las ayudas contempladas en el programa de vivienda joven.

Rojas aseguró que " podemos estar orgullosos en Canarias pues el primer ejercicio del nuevo Plan de Vivienda ha alcanzado, en pleno periodo de crisis, una magnífica ejecución que alcanza el 108,48% lo que nos ha permitido llegar a 34.647 familias canarias a través de las diferentes actuaciones en materia de alquiler, rehabilitación, obra nueva, y fomento de la vivienda joven".

El Plan de Vivienda de Canarias 2009-2012 propone mejorar el acceso a la vivienda a 135.000 familias canarias, un 50% más que en el Plan anterior en el que el objetivo marcado fue llegar a 89.000 familias.

El desarrollo del total de actuaciones previstas en el nuevo Plan de Vivienda supondrá la movilización de alrededor de 2.800 millones de euros en el Archipiélago, 2.008 millones procedentes de la inversión privada, fundamentalmente préstamos hipotecarios y 838 de las Administraciones Públicas.

La previsión del nuevo plan es realizar en estos cuatro años, 46.405 actuaciones en materia de rehabilitación y reposición, un 95% más que en el plan anterior, con el fin de conservar y mejorar los edificios y viviendas; 32.605 actuaciones en materia de alquiler, un 17% más que en el plan anterior y 29.305 actuaciones en materia de vivienda joven, un 86% más.

Dentro del total de las actuaciones contempladas en el Plan, más del 72% están financiadas íntegramente por el Gobierno de Canarias, no existe ninguna Comunidad autónoma con ésta proporción. Además, más del 70% de los recursos económicos del Plan van destinadas a ayudar a las familias con menos recursos, las que no alcanzan los 18.000 euros de ingresos anuales".

El nuevo plan considera colectivos preferentes a las familias con menores recursos, jóvenes, mayores de 65 años, mujeres víctimas de violencia de género, familias numerosas o con dependientes a su cargo, monoparentales, personas con discapacidad y personas legalmente separadas o divorciadas y se tendrá como objetivo que el esfuerzo de las familias para acceder a una vivienda protegida no supere la tercera parte de sus ingresos.

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