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Mapuches siguen huelga porque cambios no se ciñen a mandatos internacionales

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Catorce mapuches siguen en huelga de hambre debido a que las reformas a la Ley Antiterrorista, por la que se encuentran acusados, no se ajustan a las exigencias internacionales, dijo hoy la ONG "Liberar" en un comunicado.

Los cambios "siguen sin cumplir con las recomendaciones y decisiones de la comunidad internacional orientadas a garantizar el justo proceso a los mapuches", según esa organización dedicad a a los asuntos indígenas.

Añade que las modificaciones a la ley antiterrorista tienden a perfeccionar su aplicación y no garantiza de que no se vuelva a aplicar a la protesta reivindicativa mapuche, tal como lo recomienda el relator de la ONU, James Araya.

El pasado viernes, el Ejecutivo se comprometió a desestimar las querellas por delitos terroristas contra ellos, pero los 14 mapuches, la mayoría de la cárcel de Angol, consideraron que el Ministerio Público puede aplicar la ley antiterrorista en los procesos que les afectan.

La organización no gubernamental coincide en la apreciación de los indígenas "ya que el retiro de las querellas por parte del Gobierno no cambia la actual situación procesal de los presos".

Y agrega que le corresponde al Ministerio Público pronunciarse si serán recalificados por el derecho penal común, de otra manera, no tendrá el efecto esperados por los presos y sus familias.

De hecho, este martes, el fiscal general de Chile, Sabas Chahuán, descartó cerrar los juicios contra mapuches procesados por la ley antiterrorista porque ello "puede constituir un delito".

"Sería ilegal, inconstitucional y derechamente podría constituir un delito si cerramos los procesos", afirmó Chahuán a la radio Cooperativa.

En su opinión, si otros poderes del Estado no quieren que se siga aplicando la ley antiterrorista, "hay que modificarla", porque el Ministerio Público, los fiscales, "están obligados a aplicar la ley como está".

El conflicto mapuche "es un problema de alta política, pero nosotros también tenemos que equilibrar los intereses: hay víctimas también de delitos que han sido afectadas grandemente en sus derechos", consideró Sabas Chahuán.

La ONG, recuerda que la otra modificación a la ley, según el acuerdo, es sobre enjuiciamiento de civiles por parte de tribunales militares, que permitirá evitar el doble juicio de los presos mapuches, pero seguiría administrando justicia en los delitos que comentan agentes policiales en contra de civiles.

"En definitiva, cuando un policía cometa un delito, será la justicia militar quien procese y dé sanción, no la justicia civil como lo exige el derecho internacional", puntualiza la entidad.

Otro de los temas que preocupa a los mapuches presos de Angol y a quienes los defienden es que el hecho de mantener la figura del testigo protegido, que a pesar de que con las modificaciones a la Ley le pueda interrogar la otra parte, atenta contra el debido proceso.

Al respecto, señala el comunicado de la entidad, la mayoría de las acusaciones del Ministerio Público se basan en testimonios de testigos protegidos (sin rostros), que a pesar de que finalmente la justicia considere esas pruebas inconsistentes, el preso ya habrá pasado muchos meses encarcelado.

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