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ONG Latinoamericanas repudian decreto peruano sobre delitos de lesa humanidad

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Veintitrés organizaciones de defensa de los derechos humanos de América Latina repudiaron hoy desde Buenos Aires unos polémicos decretos del Gobierno peruano que a su juicio "ponen límites" al enjuiciamiento de militares y policías involucrados en crímenes de lesa humanidad.

Los decretos en cuestión suponen "un claro retroceso en la lucha contra la impunidad en la región, en la cual el histórico juicio al ex presidente Alberto Fujimori constituyó un hito fundamental", subrayaron en un comunicado difundido por el Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina.

El comunicado repudia "la reciente promulgación, por parte del Poder Ejecutivo peruano, de varios decretos legislativos en los que se pone límites a la persecución penal de integrantes de las fuerzas armadas y policiales implicados en casos de graves violaciones a los derechos humanos".

Entre otros puntos, denuncia que uno de los decretos "pretende garantizar que las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en Perú en la década del noventa no sean consideradas crímenes de lesa humanidad, sino apenas delitos comunes y por lo tanto posibles de prescribir".

La nota lleva la firma de 23 organizaciones humanitarias de Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Perú, Uruguay y Venezuela, además de la de Amnistía Internacional.

Las organizaciones advirtieron que las disposiciones son "incompatibles" con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y contravienen la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano y de la Corte Suprema de Justicia dictada en el caso Fujimori.

Por último, exigieron "verdad y justicia" por los crímenes de lesa humanidad cometidos en las décadas pasadas en Perú.

La normativa dictada por el Gobierno de Alan García dispone que las causas por violaciones de los derechos humanos deberán ser archivadas si en un periodo de 36 meses, desde que se inicia la etapa de instrucción, no se dicta sentencia.

Además, establece que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad "surte efectos y rige para Perú a partir del 9 de noviembre de 2003", cuando el país se adhirió a ese convenio.

Las autoridades peruanas han descartado que los acusados por estos crímenes puedan beneficiarse de las nuevas normativas.

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